Por haber firmado el Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA) el pasado 11 de julio en Japón, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Permanente decidió llamar a comparecer al secretario de Economía (SE), Bruno Ferrari y al director general del IMPI, José Rodrigo Roque Díaz.
En la sesión de esta segunda comisión, los senadores y diputados de la Comisión Permanente rechazaron la firma del ACTA, pues argumentaron que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Además, dijeron, se ignoraron las conclusiones aprobadas por el Senado de la República el 6 de septiembre de 2011.
En opinión de los legisladores, el ACTA es un instrumento que puede vulnerar el orden constitucional y los derechos humanos de los mexicanos.
Por ello, aprobaron citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
También acordaron que un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe las razones por las que, “sin el menor ánimo de colaboración entre poderes”, se decidió suscribir el convenio internacional.
Es así que el titular de la SE, Bruno Ferrari García de Alba, y el director general del IMPI, José Rodrigo Roque Díaz, deberán explicar los términos en los que se firmó el ACTA y el texto del documento.
En el mismo resolutivo se exhortó al presidente Felipe Calderón a que realice las gestiones necesarias para que previamente a su ratificación se establezca una reserva de México.
Dicha reserva, se señaló, a efecto de que no sea aplicable en nuestro país el Artículo 27 del ACTA, así como cualquier otra disposición que pueda afectar los derechos fundamentales.
Además, se reconoce la voluntad entre las naciones para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y de autor, pero “dichas acciones no deben dañar” los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información.
En el dictamen se mencionó que en un comunicado del IMPI, el gobierno federal aseguró que la firma del convenio tiene la finalidad de “combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas”.
Para ello, estableció “un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales”.
Sin embargo, los integrantes de la Segunda Comisión, que encabeza el senador del PRD, Leonel Godoy Rangel, no encontraron motivos para variar su apreciación sobre los riesgos que el ACTA genera en la vigencia de diversos derechos y libertades en México.
El grupo plural de senadores en septiembre pasado determinó que la aplicación del ACTA podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet, precisaron.
Además que podría derivar en una censura a los contenidos de ese medio y restringir la libertad de funcionamiento y neutralidad que en el mismo debe prevalecer, advirtieron.
