Favorecen
a corporaciones extranjeras
Presidentes de oficinas sudamericanas resuelven controvertidos acuerdos en materia de patentes y marcas. Foto. INPI-BR
Autor: Grupo
Interdisciplinario de Propiedad Intelectual
En marzo
de 2011 la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) controlada por
la OMC, elaboró un proyecto denominado PROSUR, “Sistema de Cooperación Regional
en Propiedad Industrial” con el objetivo no declarado de crear los cimientos
para la apertura de una oficina de
propiedad intelectual en Sudamérica y la creación de una única patente regional
que formará parte de la ambicionada por las corporaciones multinacionales,
“Patente Mundial”. El proyecto se inició con un supuesto pedido formal de cooperación a la OMPI para camuflar la intervención directa del
organismo internacional en las propias oficinas con la anuencia de los
presidentes de los institutos de propiedad industrial de Argentina y Brasil. Estos
funcionarios y sus organismos se amparan en la autarquía (lograda con las leyes
de patentes de los años 90) para firmar acuerdos internacionales por fuera de
las Cancillerías, el Poder Ejecutivo y los Parlamentos.
El
antecedente de este proyecto se remonta a la década del 90,
cuando OMPI intentó sin éxito, instalar una oficina regional de marcas, patentes,
derechos de autor y conexos en la ciudad de San Pablo, polo industrial de
Sudamérica.
La iniciativa
se detuvo pues todas las fichas estaban jugadas a la firma del ALCA, que
facilitaría la adhesión de todos los países de la región a los acuerdos y
tratados internacionales de propiedad intelectual “recargados de protección” y favorables
a las corporaciones en materia de medicamentos, semillas transgénicas, software,
“industrias” culturales, etc.: todo lo
que hoy pide Estados Unidos mediante las leyes SOPA y PIPA y el acuerdo ACTA,
que incluye a las patentes y las marcas.
La actualizada
iniciativa PROSUR, cuenta con la participación estratégica de las oficinas de
Brasil y Argentina (las mayores en volumen de solicitudes de patentes y marcas)
que dependen de los Ministerios de Industria y Producción; sin estos dos
jugadores de Sudamérica difícilmente pueda llegarse a una oficina y una patente
regionales.
Ambos
presidentes de los organismos de propiedad industrial están fuertemente
alineados a OMPI y año tras año firman acuerdos y reglamentaciones favorables a
los estudios de abogados de las grandes empresas y organizan eventos para crear
las condiciones de lobby sobre los Congresos y el Poder Ejecutivo de estos
países, en general presentándolos como hechos consumados: un Estado neoliberal,
dentro del propio Estado Nacional.
Estos
organismos que aplican las leyes de propiedad industrial han desarrollado un
papel relevante a favor de las empresas y el gobierno de los Estados Unidos. Jorge Ávila llegó a reunirse con Jon Dudas, cuando este era subsecretario de comercio de
Jorge W. Bush mientras que Mario Aramburu llevo al mismísimo Embajador de
Estados Unidos en Argentina, Earl Wayne,
a las propias instalaciones del INPI-AR, con quien compartió el jurado de un concurso a la
mediada de AMCHAM, la Cámara de las empresas USA en Argentina. Aramburu fue un
buen amigo del embajador durante su estancia en Argentina, nombrado en su
actual cargo por Eduardo Duhalde archi-enemigo de Néstor y Cristina Kirchner,
aunque continua en su puesto con protección de intereses de lobbys que no han
sido abordados por el gobierno.
Mientras
tanto Jorge Ávila del INPI-BR continúa en sus funciones a más de un año del gobierno
de Dilma y a pesar de haber sido acusado por los propios diputados brasileros
del partido de gobierno PT por defender los intereses de los laboratorios extranjeros. También propuso Ávila un acuerdo de concesión de patentes
con la oficina de Estados Unidos que fue suspendido por las resistencias que generó
tanto en organizaciones sociales ligadas a la defensa de la salud, como de los
laboratorios nacionales brasileros.
Nada de
esto es gratis, la iniciativa tiene por objetivo evitar el aparente colapso de
las oficinas al agilizar y acelerar los trámites de concesión de patentes y
marcas de las empresas en cada país pues el sistema de patentes a degenerado en
una inmensa cantidad de solicitudes (Back-log) que el propio sistema alienta al permitir
invenciones que no poseen novedad o actividad (altura) inventiva. Así, las
presiones del Departamento de Estado, Embajadas, empresas y estudios de
abogados sobre los gobiernos de Sudamérica se orientan a copiar los resultados
de las búsquedas de antecedentes y de los exámenes de patentes, despreciando la
soberanía nacional al momento de declarar válida una patente y hasta las mismas
oficinas de patentes adoptan por bueno, los informes de la Oficina Europea
(EPO) y la de Estados Unidos (USPTO).
Esta
inquietante colonización de las oficinas, donde intereses de las empresas están
presentes en la propia dirección burocrática, llevó a que las oficinas de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay (no
forman parte Bolivia y Venezuela) mediante el proyecto PROSUR, comiencen un
proceso de conexión de sus bases de datos a través de una plataforma
desarrollada por la propia OMPI, conocida como WIPO-CASE como una
supuesta integración de las oficinas de la región (bajo la tutela de OMPI) realizado
el análisis de 300 solicitudes de patentes extranjeras que se hayan solicitados
en al menos tres países sudamericanos.
Como refuerzo a estos planes de dominación de los
países por medio de las patentes y las marcas OMPI, EPO y la oficina española
OEPM -que funge de capataz- se reunieron durante 2011 Chile y Colombia para asegurar la
continuidad del proyecto de patentes en manos del organismo internacional y
armonizar sus políticas con las oficinas de los países cooperantes.
La OMPI /OMC/ EE UU preparan la plataforma de
control de la información y las decisiones sobre las patentes que les garantice
los presentes y futuros mercados monopólicos / oligopólicoss a empresas como Pfizer, Monsanto, Gilead, Nidera,
Aventis, Cargill, Astra –Zeneca o Bayer, quienes controlan miles de millones de
dólares que remesan de estos países por ventas de productos y tecnologías sobre
medicamentos, semillas, alimentos, electrónicos, químicos y agroquímicos.
Los
gobiernos de Cristina Kirchner y Dilma Ruseff están dando pasos gigantescos en
materia de políticas de soberanía tecnológica, farmacéutica y alimentaria en
función de la inclusión social de millones de compatriotas. Las políticas de
propiedad intelectual son una “asignatura pendiente” que de tanto demorarse se
asemejan a las de los ex presidentes FHC de Brasil y CSM de Argentina.
