Pablo Sigal-Clarín.-Estados Unidos presentó el Informe 2024 sobre la Protección y Aplicación de la Propiedad Intelectual en el Mundo y Argentina continúa apareciendo en el Priority Watch List, la lista negra de países que deben hacer grandes esfuerzos por modificar determinadas prácticas que transgreden la ley y habilitan la competencia desleal.
El dato llamativo de esta edición es que por primera vez en más de una década el documento no cuestiona explícitamente la política argentina de patentes medicinales, algo que cayó como una bomba en el centro de la industria farmacéutica y ha provocado en las últimas horas el festejo de los laboratorios argentinos y la furia de los extranjeros.
Conocido como “Informe de la Sección 301”, elaborado por el Representante de la Oficina Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el trabajo afirma, en términos generales, que “Argentina sigue siendo un desafío y las partes interesadas informan de una competencia desleal generalizada por parte de los vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados”.
Hace especial hincapié, por ejemplo, en la venta de este tipo de productos en el mercado de La Salada, en el barrio de Once y otros lugares físicos de Buenos Aires y por Internet. Dice que “la policía argentina no suele emprender acciones de oficio y los procesamientos pueden estancarse y languidecer en formalidades excesivas”.
El documento también señala que “el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa funcionando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que plantean desafíos para la contratación y retención”, y considera que “Argentina logró pocos avances en la protección de la propiedad intelectual en 2023”.
En ese contexto aparece un dato llamativo que no se le escapó a la industria farmacéutica. Desde los laboratorios nacionales rescataron el hecho de que este año Estados Unidos “ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas. A diferencia de los últimos 12 años, el USTR ya no incluye críticas relativas a la existencia de limitaciones indebidas a la patentabilidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos en Argentina, ni cuestionamientos a las pautas de patentabilidad vigentes desde el año 2012”.
Según CILFA, que agrupa a los laboratorios de capitales argentinos, “esto se logró producto del diálogo con la USTR en el que se consiguió exponer que los objetivos de las pautas de patentabilidad argentinas están en línea con las políticas del gobierno de los Estados Unidos y la jurisprudencia de sus tribunales”.
En informes anteriores había sido constante y explícito el reclamo de Estados Unidos a la Argentina por el hecho de no darse una mayor facilidad y protección a las patentes de productos farmacéuticos innovadores, tema por el que históricamente reclaman los laboratorios extranjeros para proteger sus desarrollos en el país y que durante el mayor tiempo posible no sean objeto de copias.
Para CILFA, el giro de Estados Unidos “constituye un reconocimiento de los avances de la Argentina en la materia, como así también de la necesidad de asegurar una regulación balanceada en el sistema de patentes, garantizando el otorgamiento de patentes de calidad, sin reconocer derechos monopólicos sobre desarrollos que no los merecen. Mientras se promueve la innovación y el desarrollo, se asegura y favorece la competencia”.
Esta situación reavivó una pelea de vieja data entre los laboratorios locales y foráneos que comercializan sus especialidades medicinales en el país. Desde una de las multinacionales más importantes que integra esa Cámara, una alta fuente le manifestó a Clarín el fuerte malestar por cómo salió el informe: “Es una omisión grave, no tiene justificación. El motivo que hace que Argentina entrara al Priority Watch List no tuvo ningún cambio positivo desde 2012. Directamente dejaron afuera todo el capítulo patentes farmacéuticas y de agro, y sólo hablan de falsificación y marcas. La industria internacional está organizando un reclamo enérgico tanto en Washington como a la Embajada local”.
Marc Stanley, embajador de Estados Unidos, en la reciente cena anual del CIPPEC. Foto: Juano TesoneLa misma fuente agregó: “Creemos que la Embajada local no estaba al tanto de que el informe iba a salir así. No tenemos información aún para especular sobre los motivos, pero en el comienzo de la semana debería haber alguna explicación preliminar de la Embajada. Venimos trabajando este tema con ellos desde hace años, y saben que no hay ninguna mejora ni motivo para sacar este tema del reporte”.
Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a 41 laboratorios extranjeros, ensayaron ante la consulta de este medio una posición más controversial con CILFA y políticamente componedora: «Si bien no se mencionan expresamente las restricciones a la posibilidad de obtener patentes farmacéuticas en Argentina en la edición 2024 del Special 301, esto no quiere decir que el gobierno norteamericano haya despriorizado el tema patentabilidad de productos farmacéuticos en nuestro país».
Rescataron fragmentos de un párrafo del informe que dice: «…Otro problema constante para los sectores (…) farmacéutico innovador es la protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos de pruebas u otros datos no divulgados generados para obtener la aprobación de comercialización de productos en esos sectores”.
Y agregaron que en el “Informe de Estimación Comercial Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior”, otro reporte reciente emitido por el mismo USTR en marzo, «dice explícitamente sobre las patentes farmacéuticas: “…El alcance de la materia patentable para productos farmacéuticos sigue estando severamente restringida por la legislación argentina. A través de las guías de patentabilidad se rechazan automáticamente las solicitudes de patente para las categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones… Además, hay inadecuada protección contra la competencia desleal y el uso no autorizado de datos de prueba que se proveen al gobierno”.
Las patentes son otorgadas por 20 años en Argentina para cualquier tipo de innovación. Los laboratorios extranjeros, entre otras cosas, basan su reclamo en los obstáculos para los patentamientos y en que dicho lapso empieza a correr desde que se aprueba la investigación y desarrollo del medicamento, que puede llevar entre 10 y 12 años, por lo que sólo queda la diferencia para el usufructo exclusivo.
Desde las compañías locales, en cambio, consideran que la posibilidad de que los laboratorios nacionales puedan fabricar esos mismos medicamentos permite que haya más competencia y que los precios de los remedios tiendan a bajar. La pelea -con sus diversos ribetes y opiniones- se funda en el antiguo y difícil balance que exige toda política de salud pública: la innovación versus el acceso.