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Río de Janeiro, 2025.
Nosotros, representantes de las entidades de trabajadores abajo firmantes, nos dirigimos a Su Excelencia para expresar nuestra profunda preocupación y vehemente repudio a la Propuesta de Reforma Administrativa, ya sea la del Gobierno Bolsonaro, la PEC 32, o las nuevas versiones, como la elaborada por el Grupo de Trabajo (GT) de la Cámara.
Entendemos que el debate en curso trasciende las cuestiones administrativas y representa una amenaza directa al modelo de Estado Social diseñado por la Constitución Federal de 1988 y a los servicios esenciales prestados a toda la población brasileña. Peor aún, no realiza ningún cambio en el funcionamiento de la maquinaria pública que mejore la atención a las necesidades de la población, basándose únicamente en la lógica fiscalista y en la reducción de los costos de personal.
La propuesta se basa en premisas erróneas y prejuiciosas que no resisten el análisis de los hechos. La narrativa de un «Estado inflado» y con gastos excesivos es objetivamente incorrecta. Brasil destina solo el 12 % de su fuerza laboral al sector público, un índice muy inferior a la media del 23,48 % de los países de la OCDE. Del mismo modo, nuestro gasto en personal (13 % del PIB) está por debajo de la media de la misma organización (17 %). La alegación de falta de control fiscal no se sostiene, y solo sirve como pretexto para un proyecto de desmantelamiento.
Igualmente falaz es el discurso de la lucha contra los «privilegios». La reforma ataca los derechos de la gran mayoría de los empleados —de los cuales la mitad percibe hasta tres salarios mínimos— mientras preserva las altas remuneraciones y los verdaderos «beneficios adicionales» concentrados en la cúspide de la función pública. Los verdaderos «suprasalarios», que superan el límite constitucional, son una anomalía restringida a solo el 0,3 % de los funcionarios y se concentran principalmente en carreras del Poder Judicial, la fiscalía, altos cargos militares y cargos políticos. Es decir, la propuesta actual no combatirá los privilegios, sino que precarizará el trabajo del 99,7 % de los empleados públicos.
Uno de los puntos más graves es el ataque a la estabilidad, que se presenta de forma distorsionada como un privilegio del empleado, cuando en realidad es una garantía para la sociedad. La estabilidad es lo que asegura la actuación imparcial y libre de influencias del funcionario público, protegiéndolo de las presiones político-partidistas y permitiendo la lucha eficaz contra la corrupción. Flexibilizar la estabilidad es abrir las puertas al clientelismo, la persecución y la sumisión de la maquinaria pública a intereses transitorios, debilitando la capacidad del Estado para servir al ciudadano. Tanto la ampliación de los cargos de libre nombramiento como la externalización son retrocesos históricos, que solo servirán para crear puestos de trabajo ficticios y degradar los servicios públicos.
También alertamos sobre la estrategia legislativa de fragmentar la reforma en diferentes proyectos de ley. Esta táctica tiene como objetivo diluir la resistencia y aprobar, de forma fragmentada, un proyecto que mantiene el espíritu de la PEC 32: la flexibilización de los vínculos laborales, la lógica productivista del sector privado y la ampliación de las posibilidades de despido. Se trata del mismo proyecto de desmantelamiento con un nuevo ropaje.
Las consecuencias de la aprobación de esta reforma las sentirán todos los brasileños, especialmente los más vulnerables. La precarización del trabajo conducirá al inevitable deterioro de servicios esenciales como la salud (SUS), la educación y la seguridad, allanando el camino para la privatización y transformando los derechos fundamentales en mercancías. Además, la propuesta insiste en un modelo de gestión neoliberal inspirado en experiencias internacionales de la década de 1980, cuyos resultados negativos —como el aumento de la desigualdad y la caída de la calidad de los servicios— están ampliamente documentados y ya han sido superados en el debate global sobre la gestión pública.
Es importante destacar que este tipo de reforma no es nueva, ya que se ha implementado con efectos profundamente negativos en los servicios públicos de varios países. En el Reino Unido, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, la reforma administrativa se caracterizó por despidos masivos, privatización de empresas estatales, contratación externa de servicios e introducción de la remuneración por rendimiento, con amplias privatizaciones. Nueva Zelanda, a partir de 1984, implementó un modelo aún más radical, con la imposición de metas de rendimiento, la equiparación salarial con el sector privado y la transformación de las empresas públicas en entidades con lógica de mercado, que posteriormente fueron privatizadas. ¿El resultado? Aumento del gasto público, con los Estados pasando a «hacer menos con más», además de la precarización de las condiciones de trabajo y de los servicios prestados a la población.
Ante lo expuesto, apelamos a su responsabilidad histórica como representante del pueblo en el Parlamento. Solicitamos que Su Excelencia se posicione firmemente en contra de este proyecto regresivo y vote por su rechazo total. Brasil no necesita una reforma que desmantele sus estructuras de protección social. Lo que necesitamos es un debate serio sobre la mejora real del servicio público, con la valorización de los empleados, la inversión en tecnología y el fortalecimiento del Estado para que pueda cumplir con su deber constitucional de garantizar una vida digna a todos los ciudadanos.
Atentamente,
Asociación de Funcionarios del IPEA | AFIPEA
Asociación de Funcionarios del INPI | AFINPI
Asociación de Funcionarios de la Fundación Biblioteca Nacional | ASBN
Asociación de Funcionarios de la Funarte | ASSERTE
Asociación de Funcionarios del Archivo Nacional | ASSAN
Asociación de Trabajadores en Educación de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro | ASUNIRIO
Sindicato Nacional de Docentes de Instituciones de Educación Superior | ANDES
Sindicato Intermunicipal de Funcionarios Públicos Federales de los Municipios de Río de Janeiro | SINDISEP-RJ
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras en Educación de la UFRJ - SINTUFRJ
Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal de Río de Janeiro | SINTIFRJ
Sindicato Nacional de Trabajadores del IBGE | ASSIBGE-SN
Núcleo Dipeq-RJ de ASSIBGE
Sindicato de Funcionarios del Colegio Pedro II - SINDSCOPE
Sindicato Nacional de Funcionarios del Banco Central | SINAL-RJ
Sindicato Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal de Brasil - Delegación Sindical de Río de Janeiro | SINDIFISCO Nacional - DS/RJ
Sindicato de Funcionarios de Ciencia, Tecnología, Producción e Innovación en Salud Pública | ASFOC-SN
Sindicato de Funcionarios Federales del Estado de Río de Janeiro | SINDISERF-RJ