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Brasil finalizó 2025 con casi 505.000 solicitudes de registro de marcas presentadas al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el mayor volumen jamás registrado por la agencia. Los datos, en sí mismos, señalan un cambio estructural en el comportamiento del empresario brasileño, que llegó a ver la marca como un activo estratégico desde el inicio de la actividad económica.
El registro muestra una expansión del acceso al sistema de protección del mercado. La mayoría de las solicitudes provinieron de microempresarios individuales (MEI) y pequeñas empresas, un público históricamente retirado del registro de activos intangibles por barreras de costos, burocracia e ignorancia técnica.
Este movimiento está directamente asociado a la digitalización y simplificación de los procedimientos adoptados por el INPI en los últimos años. La posibilidad de realizar depósitos electrónicamente, con reducción de tarifas y uso de plataformas más intuitivas, abrió espacio para que las pequeñas empresas busquen protección formal para sus signos distintivos.
“La protección de marzo ha dejado de ser un privilegio de las grandes corporaciones y se ha convertido en parte de la realidad del empresario brasileño”, dice Gabriel Di Blasi, socio de Di Blasi, Parente & Associados y presidente de la Asociación Brasileña de Agentes de la Propiedad Industrial (ABAPI).
La preocupación señalada por el experto afecta a un punto sensible del sistema: el equilibrio entre el acceso y la calidad técnica. La facilidad de presentación de solicitudes no elimina la complejidad legal involucrada en el registro de marcas, lo que requiere un análisis previo, un correcto encuadre de clase y una evaluación de riesgo de colisión con los derechos existentes.
Sin orientación experta, muchas solicitudes terminan rechazadas o generan registros frágiles, susceptibles a nulidades administrativas o futuras disputas legales. La consecuencia práctica puede ser la frustración del empresario y la multiplicación de litigios, cargando tanto al INPI como al poder judicial.
El fenómeno observado en las marcas también se reflejó en las solicitudes de patente en 2025. Hubo un crecimiento significativo en el número de depósitos, con énfasis en las solicitudes realizadas por individuos, universidades, centros de investigación y Centros de Innovación Tecnológica (NITs). Los datos refuerzan el papel de la investigación académica y la innovación institucional en la conversión del conocimiento científico en activos protegidos.
Este movimiento tiene un impacto directo en el desarrollo regional y nacional, al estimular la transferencia de tecnología, la atracción de inversiones y la creación de empresas basadas en la innovación. Al mismo tiempo, amplía la responsabilidad del sistema de garantizar que los títulos concedidos tengan calidad técnica y seguridad jurídica.
“Al mismo tiempo, el crecimiento del volumen de aplicaciones requiere una mayor atención a la calidad técnica y la seguridad jurídica del sistema. La búsqueda de una mayor rapidez en el examen de las solicitudes no puede comprometer los pasos esenciales del procedimiento, especialmente aquellos que garantizan al solicitante la posibilidad de modificar sus solicitudes de patente”, dice Gabriel Di Blasi.
En el centro de este debate se encuentra el proyecto de ley No. 2.210, que propone cambios en la Ley de Propiedad Industrial. Entre los puntos más sensibles se encuentra la posible supresión de las fases de procedimiento que hoy permiten al solicitante corregir, ajustar o complementar la solicitud de patente a lo largo del examen técnico.
La posibilidad de modificación se considera una práctica consolidada en los sistemas internacionales de propiedad industrial. Permite resolver fallos formales o técnicos sin la pérdida automática de la orden, elevando la calidad del título concedido y reduciendo futuras disputas sobre el alcance de la protección.
“Los más propensos a verse afectados son los depositantes nacionales, especialmente aquellos que colocan solicitudes a través de NITs [Centros de Innovación Tecnológica], a menudo sin experiencia y capacidad técnica consolidada en la redacción técnica de patentes. La posibilidad de enmienda no debilita el sistema, por el contrario, refuerza el alcance de la protección y eleva la calidad de las concesiones”, explica Di Blasi.
El reto ahora, según el experto, es sostener y expandir este crecimiento en 2026, combinando la modernización institucional y la autonomía financiera del INPI, la educación en propiedad intelectual y un marco legal alineado con las prácticas internacionales. “Solo de esta manera será posible transformar el volumen en innovación, competitividad y desarrollo económico a largo plazo”, aclara el abogado.
El debate jurídico, por tanto, no se limita a la eficiencia administrativa. Implica opciones estructurales sobre el papel del INPI, la protección del depositante nacional y la forma en que Brasil pretende posicionarse en el escenario internacional de innovación y competitividad.
La autonomía financiera del INPI, a menudo debatida en el sector, surge como otro elemento central. Sin recursos adecuados y predecibles, la agencia enfrenta dificultades para invertir en personal técnico, tecnología y capacitación, factores esenciales para dar rienda suelta al crecimiento de la demanda sin comprometer la calidad de los exámenes.
Al mismo tiempo, la educación en propiedad intelectual surge como un desafío, especialmente para los pequeños empresarios. El aumento del número de solicitudes realizadas por ellos e investigadores requiere políticas públicas de orientación, creación de capacidad y conciencia, bajo pena de convertir el registro de depósitos en una responsabilidad legal a medio plazo.
El registro de 2025, por lo tanto, según los abogados de la zona, representa el avance, pero también actúa como una llamada de atención. La consolidación de un entorno empresarial basado en activos intangibles depende de un sistema que combine acceso, técnica y seguridad jurídica.
El siguiente paso será convertir la cantidad en calidad, asegurando que las marcas y patentes cumplan su papel de impulsar la innovación, la competencia leal y el desarrollo económico sostenible. Los altos pedidos liderados por los MEI y las pequeñas empresas amplían el acceso, pero reavivan el debate sobre la seguridad jurídica, la calidad técnica y los cambios legales en el sistema de propiedad industrial brasileño