Observatorio Sudamericano de Patentes
Ministra de producción, Débora
Giorgi
Una
vez más el gobierno de Cristina Kirchner se presta a la trampa montada
por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) y su
socio local, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI),
perteneciente al Estado argentino.
El programa del encuentro regional con la participación de “30 expertos
internacionales” se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en un
hotel céntrico de esta sureña ciudad, los días 6 y 7 de abril con la
participación de actores públicos y privados, como le gusta aconsejar a
los lobistas norteamericanos en materia de propiedad intelectual para
garantizar la continuidad de las políticas neoliberales y las ganancias
de las empresas: mezclar funcionarios del gobierno y lobistas
internacionales para blanquear las políticas neoliberales que en materia
de propiedad intelectual continúan en varios países de la región.
Los
funcionarios argentinos (incluída la Ministra de producción, Débora
Giorgi) y latinoamericanos aparecen como invitados en su propia tierra, y
los usuarios y beneficiarios asistentes al evento como
los integrantes de los estudios jurídicos o empresas transnacionales,
hacen de parteners en el montaje de un escenario donde se captan también
a las universidades o sectores nacionales empresarios. El desparpajo es
tal que la asistencia a la reunión organizada por un organismo nacional
es además arancelada.
El
llamado al encuentro regional se basó en una de las falsas premisas con
la que los ideólogos de la propiedad intelectual hacen propaganda del
sistema mundial de las patentes -que beneficia a las empresas
extranjeras- relacionando la información contenida en los documentos de
patentes con la innovación tecnológica como reza el programa del encuentro de Buenos Aires.
La trampa consiste en magnificar supuestas cualidades de la información
técnica develadas en las patentes y hacer creer a los empresarios,
investigadores y al mismo gobierno que la información que brindan son un
mecanismo de acceso a la innovación: este argumento es rechazado por
muchos especialistas de renombre mundial reconocidos por el propio
gobierno argentino como Joseph Stiglitz.
Mientras
tanto y bajo este manto de fastuosos encuentros auspiciados por el
organismo internacional de la propiedad intelectual OMPI, se continúa
presionando al gobierno de Cristina Kirchner para
modificar leyes e intentar extender el plazo de vigencia de las patentes
medicinales, crear monopolios en materia de software y biotecnología
-controladas por Estados Unidos y Europa- o aumentar las penas para el
mal denominado delito de “falsificación de marcas” -que ya está
tipificado en la ley argentina- pero que se intenta utilizar para evitar
la aparición de medicamentos genéricos en el país.
La
maniobra consiste en asociar un delito real y cuantitativamente poco
frecuente como la adulteración de un medicamento (penado por la ley
argentina) a la falsificación de una marca e impedir el ingreso de
medicinas a precios más baratos desde mercados alternativos como el
chino o indio, beneficiando a laboratorios de los EE UU, la Unión Europea o Israel.
En
el encuentro de especialistas abundó la presencia de aliados de OMPI,
un representante de empresas británicas, un integrante de cámaras
farmacéuticas españolas, varios de la oficina española de patentes y
marcas (OEPM), un innoto conferencistas colombiano, algún funcionario de
la oficina de patentes de Brasil -cuestionada por defender intereses farmacéuticos
no nacionales- representantes de universidades privadas, algunos pocos
incautos funcionarios argentinos de tercera y cuarta línea, y varios
funcionarios de OMPI, quienes fueron los anfitriones, pues un solo
expositor resulto pertenecer a la oficina argentina.
La
oficina de patentes argentina y la “inocencia” del gobierno tras el
espejismo de la innovación a través de la propiedad intelectual
desdibujan al gobierno nacional y popular de Cristina
