El informe filtrado desde la Unidad
de Inteligencia Económica de CAVEME, Cámara Venezolana de Medicamentos, y enviado a la USTR, Oficina del Representante
de Comercio de los Estados Unidos, devela la amenaza de boicot de
medicamentos de realizarse
modificaciones de carácter jurídico a la ley de patentes contrarias a
los intereses de sus asociados. Esto
pudiera conducir
a un boicot de medicamentos de modificarse la ley de patentes, dice el informe.
Informe completo:
14 de Septiembre de 2011
A: Ron Kirk, USTR
De: Aldo Rees, CAVEME
Los planes para modificar la ley
patentes de medicamentos anunciada el 13 de septiembre por el gobierno de
Venezuela adquiere curso de colisión con
las empresas farmacéuticas mundiales. Existen esperanzas de influir en decisión legislativa.
Luego de filtarse un cable de la
agencia Wikileaks desde Caracas, el Presidente Hugo Chávez habría dado la
instrucción a las autoridades del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual de
Venezuela de planes de redacción de propuestas para nueva ley de propiedad
intelectual, que se presentara a la Asamblea Nacional.
Los detalles de este plan siguen
siendo escasos, pero la declaraciones de las actuales autoridades del SAPI de
que existen tres propuestas de leyes relacionadas con las patentes”, indican
que la iniciativa puede alejarse más allá de las disposiciones sobre licencias
obligatorias previstas en los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), de los que Venezuela es país signatario.
Una reforma de las leyes de
patentes se espera que tenga lugar en Venezuela contrarias a los intereses de
las empresas de Estados Unidos, aunque existen posibilidades de influir en la
agenda y redacción de la nueva ley favorable a través de contactos locales
cercanos a un actual Ministro del Gobierno, quien ha redactado una propuesta
viable para los asociados de la Cámara. Sin embargo no todos los operadores farmacéutico confían en que
se impondrá esta norma legal y ya se
sienten amenazados por las iniciativas de posible nacionalización de facto de
los medicamentos elaborados por empresas americanas pues ya se han
nacionalizado sectores de energía,
telecomunicaciones, hipermercados, industrias básicas e hipermercados.
Esta iniciativa sobre las patentes y marcas enturbia más las aguas.
A pesar de los esfuerzos del
gobierno anterior para adaptarse a los ADPIC, Venezuela ha estado en la Lista
Prioritaria de Vigilancia 301 de la Oficina del Representante Comercial
de los Estados Unidos USTR, desde el año 2005. No se han patentado productos de
drogas desde 2002 y las autoridades han concedido la autorización de
comercialización de copias de fabricación local de medicamentos con patente
internacional. Estas acciones del gobierno son una señal de la voluntad de
desafiar los acuerdos internacionales con acción legislativa formal.
No ha habido ninguna mención
explícita de planes de utilizar las licencias obligatorias con respecto a
cualquier situación de emergencia nacional en consonancia sobre las normas sobre
los ADPIC. Tampoco ha habido ninguna evidencia de intentos de negociar con las
multinacionales a precios más bajos o acuerdos de licencias entre los titulares
de patentes y los fabricantes locales. En cambio, las declaraciones sobre este
tema que afirman que las empresas de medicamentos ponen su interés en las
patentes antes que el de los pacientes, ha alineado al gobierno en avanzar
contra las empresas farmacéuticas multinacionales.
La revolución socialista de
Chávez se centra en avanzar sobre la industria farmacéutica. Esto permitiría
reproducir copias baratas de los medicamentos. Hecho que a su vez podría
conducir a un boicot del mercado por las empresas internacionales.
Es muy probable que alguna de las
mayores compañías farmacéuticas del mundo dejará de comercializar sus
medicamentos en el país como protesta contra lo que se percibe como un ataque
contra las patentes de producto. Teniendo en cuenta que Venezuela depende de
las importaciones para satisfacer aproximadamente el 50 % de sus necesidades farmacéuticas,
esto dará lugar a la escasez de ciertos medicamentos.
También dará lugar a una mayor
pérdida de inversión directa en la propia industria local de drogas del país.
Las políticas socialistas han provocado un clima de inversión en deterioro y muchas
empresas farmacéuticas extranjeras ya han trasladado sus instalaciones de
producción a otros países de la región. A pesar que 500 empresas operan en
Venezuela, hay solo 33 plantas de fabricación.
Debido a que la presencia de las
principales firmas farmacéuticas extranjeras en países en subdesarrollados
provén en general transferencia de tecnológica y científico, las capacidades
generales de la industria farmacéutica ya han sido seriamente dañadas por la
dirección de las políticas gubernamentales. La actual decisión oficial de
revisar sus leyes de derechos de propiedad intelectual podría potencialmente
causar la implosión total de la infraestructura farmacéutica del país. Esto
socavaría aún más la capacidad de las empresas locales para cerrar la brecha de
sus suministros, que podría ser causado por el retiro de las empresas
extranjeras de algunos o todos sus productos del mercado.
Algunas multinacionales pueden
mantenerse renuentes a salir de Venezuela por completo, ya que tal retirada
podría significar la pérdida de ventas de un mercado valorado en
aproximadamente 6 mil trecientos millones de dólares estadounidenses al año
(estimación para 2011 ), pero es difícil imaginar que algún fabricante
propietario de medicamentos vaya a querer lanzar un medicamento nuevo e
innovador en el país si hay una alta probabilidad de que la informacion técnica
exclusiva sobre la composición de un producto sea publicada para que todos la
vean. En consecuencia, la propuesta de implantar una ley contaria a la
producción y protección de las inversiones en medicamentos significa que en el
futuro los pacientes venezolanos no podrán acceder a los tratamientos más
nuevos y más eficaces que se comercializan cada año a nivel mundial.
Tanto como involuciona la agenda
socialista en materia de propiedad intelectual luego de la salida de Samán del
gobierno, las empresas farmacéuticas multinacionales en Venezuela tienen la
esperanza que una nueva ley de patentes
en última instancia las beneficie. Mientras el gobierno de Chávez se ha
focalizado en ampliar la prestación de servicios de salud en comunidades de
bajos ingresos, su capacidad para realizar inversiones significativas en el
sistema se ha visto obstaculizado por un exceso de dependencia de los ingresos
petroleros fluctuantes.
La intención del gobierno es
reducir el gasto de medicinas que el gobierno prodiga a la industria nacional
con el conocimiento científico necesario para reproducir los medicamentos caros
que se han producido en el extranjero. Pero con la fabricación local en declive
desde hace muchos años y las capacidades locales en plena tensión, es muy poco
probable que los jugadores nacionales serán capaces de aprovechar una
futura normativa de patentes de manera eficaz y es muy probable que las
empresas de Estados Unidos continúen controlando el tercer mercado de medicinas
más grande de Latinoamérica.
Dr. Aldo Rees
Presidente
