sábado, 8 de octubre de 2011

EE UU obsesionado con Samán: con la pirateria copatrocinaba (apoyaba) la reforma constitucional e influenciaba la educación cultural.


Julio Rearte

 Eduardo Samán, obsesión de EE UU

En los innumerables cables enviados por la embajada de Estados Unidos en Caracas a Washington, se demuestran la obsesión por las políticas en materia de propiedad intelectual desplegadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela a punto tal que,el embajador Patrick Duddy mencionaba como “en una entrevista del  02 de octubre en Venezolana de Televisión (VTV), controlado por el gobierno Eduardo Samán, autor de la enmienda del artículo 98, ex director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y actual director general de la agencia de metrología de la BRV es (SENCAMER ), dijo que las marcas y las patentes impiden la fabricación de medicamentos genéricos y que la reproducción de la tecnología eran monopolios”. Mencionaba además que la piratería copatrocinaba (apoyaba) la enmienda a la constitución venezolana en su artículo 98 sobre derechos culturales.

Las preocupaciones del Departamento de Estado por los cambios constitucionales en materia de patentes, marcas y derechos de autor eran detalladamente monitoreados por la embajada y su delegación de la CIA en Caracas, quienes acosaban permanentemente al ex Ministro de Comercio y habría plantado agentes en la propia institución de propiedad intelectual como gestores de patentes y marcas quienes recababan información dentro del SAPI.
Hace pocas semanas salió a la luz como fue urdido un complot desde uno de los sectores del propio gobierno quien con información engañosa sobre las modificaciones que había plasmado en un borrador de proyecto de propiedad industrial, hicieron que, según personeros de la embajada y miembros de la cámara de Medicamentos de Venezuela /CAVEME, Samán fuera “jalado como un perro con collar”, pues la abogada y ex magistrada Hildegard Rondón de Sansó, suegra del presidente de PDVSA Rafael Ramirez,  fue encomendada a la misión de redactar un proyecto paralelo que sería motivo suficiente para instigar el desplazamiento del entonces Ministro de Comercio y Presidente de INDEPABIS, de gran llegada al presidente Chávez.
Según la comunicación a Washington la preocupación se relacionaba a eliminación de la propiedad como forma de propiedad intelectual y considerarlo un derecho. El embajador  relata en el cable que para Samán  "El derecho de autor es cultural y no una forma de propiedad, por lo tanto, vamos a eliminar la protección constitucional de patentes y marcas. Se trata de instrumentos de las empresas y no los derechos culturales. "Samán también ha dicho que él estaba tratando de despenalizar la piratería de las obras, y quiso animar a los vendedores informales de CDs para vender más CDs piratas y películas para influir en la "educación cultural" de la gente.
Sobre las patentes el mencionado cable se refiere al liderazgo de Samán y la influencia en el SAPI, lo que hizo que la República Bolivariana de Venezuela no haya emitido ninguna patente de productos farmacéuticos desde 2004. Además, el país permanece en la Lista Especial 301, de vigilancia prioritaria (de EE UU).
El nuevo artículo 98 mencionaría: "La creación cultural es libre. Esta libertad se entiende como el derecho de la diversidad cultural en la invención, y la producción de obras creativas, científicas, tecnológicas y humanísticas, incluyendo la protección legal de los derechos del autor sobre su obra. El Estado reconoce el derecho de todos a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en y disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico".
El consenso entre los abogados venezolanos  de derechos de propiedad intelectual ha sido que las modificaciones del artículo 98 y 153 son vagos, abiertos a la interpretación, y tendría consecuencias diferentes en función de cómo la Corte Suprema de Venezuela (TSJ) los interpretara. Técnicamente acuerdos internacionales como la CAN, Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París y de Berna suscrito por Venezuela deben permanecer en vigor, incluso sin la protección constitucional, dijeron según el cable de Wikileaks.