Julio Rearte
Eduardo Samán, obsesión de EE UU
En los innumerables cables enviados por la embajada de Estados Unidos en
Caracas a Washington, se demuestran la obsesión por las políticas en materia de
propiedad intelectual desplegadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela a
punto tal que,el embajador Patrick Duddy mencionaba como “en una entrevista
del 02 de octubre en Venezolana de
Televisión (VTV), controlado por el gobierno Eduardo Samán, autor de la
enmienda del artículo 98, ex director del Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), y actual director general de la agencia de metrología de la
BRV es (SENCAMER ),
dijo que las marcas y las patentes impiden la fabricación de medicamentos
genéricos y que la reproducción de la tecnología eran monopolios”. Mencionaba
además que la piratería copatrocinaba (apoyaba) la enmienda a la constitución
venezolana en su artículo 98 sobre derechos culturales.
Las preocupaciones del Departamento de Estado por los cambios
constitucionales en materia de patentes, marcas y derechos de autor eran
detalladamente monitoreados por la embajada y su delegación de la CIA en
Caracas, quienes acosaban permanentemente al ex Ministro de Comercio y habría
plantado agentes en la propia institución de propiedad intelectual como
gestores de patentes y marcas quienes recababan información dentro del SAPI.
Hace pocas semanas salió a la luz como fue urdido un complot
desde uno de los sectores del propio gobierno quien con información engañosa
sobre las modificaciones que había plasmado en un borrador de proyecto de
propiedad industrial, hicieron que, según personeros de la embajada y miembros
de la cámara de Medicamentos de Venezuela /CAVEME, Samán fuera “jalado como un
perro con collar”, pues la abogada y ex magistrada Hildegard Rondón de Sansó,
suegra del presidente de PDVSA Rafael Ramirez,
fue encomendada a la misión de redactar un proyecto paralelo que
sería motivo suficiente para instigar el desplazamiento del entonces Ministro
de Comercio y Presidente de INDEPABIS, de gran llegada al presidente Chávez.
Según la
comunicación a Washington la preocupación se relacionaba a eliminación de la
propiedad como forma de propiedad intelectual y considerarlo un derecho. El
embajador relata en el cable que para
Samán "El derecho de autor es
cultural y no una forma de propiedad, por lo tanto, vamos a eliminar la
protección constitucional de patentes y marcas. Se trata de instrumentos de las
empresas y no los derechos culturales. "Samán también ha dicho que él
estaba tratando de despenalizar la piratería de las obras, y quiso animar a los
vendedores informales de CDs para vender más CDs piratas y películas para
influir en la "educación cultural" de la gente.
Sobre las patentes el mencionado cable
se refiere al liderazgo de Samán y la influencia en el SAPI, lo que hizo que la
República Bolivariana de Venezuela no haya emitido ninguna patente de productos
farmacéuticos desde 2004. Además,
el país permanece en la Lista Especial 301, de vigilancia prioritaria
(de EE UU).
El nuevo artículo
98 mencionaría: "La creación cultural es libre. Esta libertad se entiende
como el derecho de la diversidad cultural en la invención, y la
producción de obras creativas, científicas, tecnológicas y humanísticas,
incluyendo la protección legal de los derechos del autor sobre su obra. El
Estado reconoce el derecho de todos a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en y
disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico".
El consenso entre
los abogados venezolanos de derechos de propiedad
intelectual ha sido que las modificaciones del artículo 98 y 153 son vagos,
abiertos a la interpretación, y tendría consecuencias diferentes en función de
cómo la Corte Suprema de Venezuela (TSJ) los interpretara. Técnicamente
acuerdos internacionales como la CAN, Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de
París y de Berna suscrito por Venezuela deben permanecer en vigor, incluso sin
la protección constitucional, dijeron según el cable de Wikileaks.
