Observatorio Sudamericano de Patentes
Una cláusula que le permite a la multinacional Monsanto cobrar regalías por el "derecho intelectual" sobre semillas transgénicas de soja resistentes a insectos, comenzó a regir a partir del 1° de abril en la Argentina.
La norma obliga al productor a autorizar la realización de un análisis diseñado por esa compañía sobre la soja entregada para detectar el contenido de su semilla "Intacta RR2 PRO" y retener un importe en concepto de "regalías".
Esta normativa es rechazada por las entidades del campo: Federación Agraria reclamó al Gobierno intervenir y derogar esta disposición que se realizará en 90 puntos de entrega, entre acopios y puntos de puertos que acordaron con Monsanto.
"Federación Agraria tiene una posición histórica en defensa del uso propio de la semilla para agricultores, estamos de acuerdo con aceptar y que los productores tengan acceso a la tecnología, pero rechazamos las regalías extendidas, y un sistema de contratos leoninos para los agricultores", dijo el presidente de esa entidad, Omar Príncipe.
Según esta federación gremial de productores, si el gobierno nacional "no toma medidas y arbitra algún freno para este avance de esta multinacional, las consecuencias van a ser perjuicio de los productores agropecuarios que nosotros representamos".
"Monsanto patenta una tecnología, pero se quiere adueñar del uso de la semilla. Y nosotros decimos que esa semilla no es sólo la incorporación de un gen o patente tecnológica, sino responsabilidad del productor", dijo el presidente de Federación Agraria.
Según explicaron desde la FAA, "durante los últimos años, la
multinacional Monsanto ha realizado intentos de avanzar sobre los
recursos y soberanía de los países, patentando la biodiversidad,
entablando demandas o promoviendo la modificación de legislación vigente
que ampara los derechos de los agricultores al uso propio de las
semillas".
En ese sentido, relataron que en Argentina, Monsanto
intentó hacer lo mismo, llegando a un punto de inflexión en 2006 cuando
cuando se enfrentó a la oposición del gobierno nacional y de la FAA. En
ese entonces :"A pesar de los intentos de la multinacional para
modificar la legislación vigente según su conveniencia, amparados por la
Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nro. 20.247, los
agricultores hemos ejercido el derecho al uso propio de semillas:
podemos reservar y sembrar semillas para nuestro propio uso, o usar y
vender como materia prima o alimento" relataron los productores.
Frente
a este panorama, y la imposibilidad de reformar la ley, Monsanto
cambió la estrategia y apunta a contratos privados: "Hoy, utilizando un
acuerdo con las empresas exportadoras de granos que operan en el país,
pretende cobrar no solo por la semilla que adquiere el agricultor, sino
un monto fijo por cada tonelada de granos de soja comercializado y sus
derivados, en concepto de "regalías" por supuestas patentes que
operarían sobre seres vivos, tal como son las plantas de la oleaginosa",
explicaron desde la FAA.
"Esta "obligación" impuesta a los
agricultores desde un sector privado multinacional -los exportadores de
granos y Monsanto, significa una acción monopólica de quien -abusando de
la posición dominante propia y de las empresas con las que se sirve
para la exacción-, sojuzga con condiciones de comercialización a un país
soberano. Conlleva también, una nueva carga a los agricultores -quienes
debido a la modalidad impuesta, sin saberlo y sin quererlo-, consienten
que Monsanto se apropie de una parte sustancial de su cosecha con el
pretexto de cobrarse una supuesta regalía que debió resolverse en la
relación cliente-proveedor que tiene la compañía con los semilleros que
incorporan su tecnología a las semillas que año a año liberan al mercado
argentino y que los productores pagan en cada campaña", denunciaron los
integrantes de la organización de agricultores.
Y advirtieron: "A partir de los resientes acuerdos celebrados entre
Monsanto y las compañías exportadoras –que aplicarían a partir del 1ro
de Abril y que permitirá el control por parte de Monsanto de cada grano
que pretenda exportase desde nuestro país-, todo el sistema de cultivo y
comercialización de soja será regulado por Monsanto, determinando no
solo quiénes pueden multiplicar, sino también sembrar, reservar,
acopiar, comercializar y exportar los granos, imponiendo condiciones
leoninas, cobrando sobre el volumen producido y controlando a todos los
actores de la cadena productiva y de comercialización".
A su vez,
los agricultores de la FAA detallaron que "la pretensión de Monsanto,
no solo implica el cobro de regalías por la tecnología aplicada en la
semilla, sino por la totalidad del volumen producido y comercializado
por cada agricultor: una fabulosa apropiación indebida del aporte
realizado por los productores mediante saberes y labores culturales
transmitidas entre generaciones de agricultores -vinculadas a la
selección de semillas, reproducción y reserva, rotación y preservación
de los suelos de la unidad productiva-, así como de la inversión
realizada en infraestructura y maquinaria adecuada para ello, por cada
agricultor".
Ante este escenario, desde la Federación Agraria Argentina reclamaron
que el Estado nacional "como en el año 2006, adopte medidas que
prioricen la soberanía argentina y los derechos de los agricultores
reconocidos en la legislación vigente; que regule las cláusulas de los
contratos y convenios con los que pretende avanzar Monsanto; que
intervenga ante el abuso de la posición dominante por parte de Monsanto y
de las empresas con las que sirve; que profundice el fortalecimiento
del Instituto Nacional de Semillas (INASE) -que desde hace su
restablecimiento en 2004 aún no ha constituido su Directorio y que el
INASE controle debidamente el comercio ilegal de semillas y la
estrategia de distribución de los materiales biotecnológicos por parte
de sus obtentores, para que se realice de manera responsable, evitando
contaminaciones y difusiones masivas especulativas".
Confederaciones Rurales Argentinas ratificó la recomendación a productores agropecuarios de no firmar esos acuerdos y asesorarse ante esta nueva normativa que claramente los perjudica".
Por su parte, la Federación de Entidades Acopiadoras envió una comunicación a sus socios en la que critican muy fuerte a Monsanto porque al no haber llegado a un acuerdo con ellos para que sean agentes de retención del pago del productor, esta presionando individualmente a acopiadores y asociaciones regionales chicas para que sí acepten hacerlo en sus zonas.
“En su momento, le informaron a Monsanto que de ninguna manera podíamos aceptar ser agentes de retención compulsiva a los productores, en nombre de Monsanto, de los montos por canon tecnológico, sin contar con una orden expresa del productor donde nos autorice a efectuar la retención pretendida. Y además porque entendemos que los procedimientos de cobro y pago del canon por la biotecnología no deben mezclarse con la transacción comercial”, dice el comunicado.
“Pero estamos viendo que, de manera permanente, Monsanto visita a acopiadores y Centros de Acopiadores acercando propuestas para que sean firmadas con la intención de que el acopio sea el responsable de descontarle al productor la regalía por Intacta que Monsanto establezca unilateralmente. Y mucho nos duele observar la actitud de Monsanto en el sentido de recorrer el país buscando algún acopiador que, sin analizar en profundidad las graves consecuencias legales y comerciales que acarrearía firmar estos contratos, los acepten de buena fe”, se quejó la entidad.
