La Federación Agraria Argentina amplió este miércoles su denuncia contra Monsanto por presunta posición dominante en el mercado debido al cobro de un canon por granos de soja comercializados que contengan tecnología patentada por la multinacional.
La entidad rural, una de las cuatro mayores de Argentina, había presentado inicialmente una denuncia contra la compañía en agosto de 2014 ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y hoy añadió nuevos elementos a su presentación en vistas a que, según la federación, el sistema de cobro del canon ya ha comenzado a aplicarse en el país suramericano, uno de los mayores productores y exportadores globales de soja.
El sistema obliga a los productores a pagar una tasa variable al
momento de descargar su cosecha de soja en puertos y centros de acopio
si se comprueba que el lote de granos entregado contiene al menos un 10
por ciento de la tecnología Intacta, con el gen RR2, resistente a
herbicida e insectos patentado por Monsanto.
El canon es menor si un agricultor declara voluntariamente poseer esa tecnología y paga la tasa en forma anticipada.
Sin embargo, los agricultores alegan que ya pagan por esa tecnología al momento de comprar la bolsa de semillas genéticamente modificadas y que la obligatoriedad de pagar un canon por un producto de esas semillas contradice la ley de semillas y la ley de patentes de Argentina.
"De una manera arbitraria intenta incorporar para los agricultores una retención (tasa) privada", manifestó en rueda de prensa el presidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe.
Por su parte, el dirigente agrario reclamó al Gobierno de Mauricio Macri que intervenga de forma "inmediata" para detener la aplicación de este sistema y advirtió que si el Ejecutivo no le pone "freno a esta situación", la Federación no descarta llevar adelante medidas de protesta.
Los productores agregan, que además el método de control para determinar si su cosecha contiene el gen RR2 no ha sido homologado por ninguna entidad pública y que no disponen de herramientas que garanticen la fiabilidad de los análisis.
Por otra parte, Monsanto sostuvo que el cobro del canon "contribuye a consolidar un sistema que aliente la incorporación de nuevas biotecnologías que permitan al productor mejorar la rentabilidad de sus campos".
El canon es menor si un agricultor declara voluntariamente poseer esa tecnología y paga la tasa en forma anticipada.
Sin embargo, los agricultores alegan que ya pagan por esa tecnología al momento de comprar la bolsa de semillas genéticamente modificadas y que la obligatoriedad de pagar un canon por un producto de esas semillas contradice la ley de semillas y la ley de patentes de Argentina.
"De una manera arbitraria intenta incorporar para los agricultores una retención (tasa) privada", manifestó en rueda de prensa el presidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe.
Por su parte, el dirigente agrario reclamó al Gobierno de Mauricio Macri que intervenga de forma "inmediata" para detener la aplicación de este sistema y advirtió que si el Ejecutivo no le pone "freno a esta situación", la Federación no descarta llevar adelante medidas de protesta.
Los productores agregan, que además el método de control para determinar si su cosecha contiene el gen RR2 no ha sido homologado por ninguna entidad pública y que no disponen de herramientas que garanticen la fiabilidad de los análisis.
Por otra parte, Monsanto sostuvo que el cobro del canon "contribuye a consolidar un sistema que aliente la incorporación de nuevas biotecnologías que permitan al productor mejorar la rentabilidad de sus campos".
