eldiario.es- Nunca antes en la historia de la humanidad el
conocimiento científico y tecnológico nos había permitido tratar
enfermedades como es posible hacerlo a día de hoy. Las causas de
muchísimas enfermedades han sido identificadas ya. La lucha contra los
virus, bacterias y parásitos ha mejorado exponencialmente. Y vivimos en
una época en la que el desarrollo de medicinas, vacunas y métodos de
diagnósticos permiten tratar o prevenir enfermedades que hace apenas
años eran fatales.
Pese a todo, millones de personas
en todo el mundo carecen de acceso a medicamentos y a servicios médicos
básicos. En muchos casos, los fármacos, vacunas o diagnósticos no han
sido desarrollados o mejorados por ser relativos a enfermedades
asociadas a la pobreza y por carecer de un margen importante de
beneficio, afectando claramente a numerosas comunidades en países de
rentas medias y bajas que soportan la mayor prevalencia de estas
enfermedades.
Esta amenaza, hasta ahora ajena en muchos lugares del
mundo, comienza a ser parte de la realidad de muchos países
desarrollados, que corren el riesgo de ver fracturada la sostenibilidad
de sus sistemas de salud por los altos precios de nuevos fármacos, dando
lugar a Estados de bienestar incapaces de asumir el gasto para toda la
población que los necesita.
Si a esto le sumamos la
llegada de nuevas amenazas en forma de enfermedades o de enfermedades
resistente a los fármacos, el panorama que nos encontramos es tan
incoherente como desolador.
Un panel de expertos sobre acceso a medicamentos
La Secretaría General de las Naciones Unidas convocó el pasado
noviembre un Panel de Alto Nivel sobre innovación y acceso a tecnologías
de la salud para encontrar soluciones a esta incoherencia existente
entre el derecho a la salud y las normas de comercio y propiedad
intelectual, con la intención de poner el acceso a medicamentos en el
centro de la reforma pública nacional e internacional.
Entre diciembre y febrero, el Panel (formado por un grupo de 16
personas de diferentes ámbitos expertos en temas de comercio, salud
pública y derechos humanos) fue recibiendo propuestas desde diferentes
organizaciones de la sociedad civil, grupos de pacientes, centros de
estudios, gobiernos e industria farmacéutica: hasta 182 propuestas
llegaron a sus manos.
La alta participación y la
variedad y calidad de las aportaciones de cada sector enriquecía el
debate y auguraban un análisis complejo y minucioso del grupo de
expertos. Un análisis que se ha hecho esperar demasiado pero que,
finalmente, vio la luz recientemente pasada a través de un informe de 70 páginas
que ofrece recomendaciones y propuestas para cambiar un sistema de I+D
farmacéutico que se ha demostrado fallido, que solo beneficia a la
industria, y que deja a millones de personas de todo el planeta
desatendidas.
En el informe, los expertos profundizan
en los siguientes aspectos: la propiedad intelectual; la inversión en
tecnologías sanitarias; el modelo de innovación en sí mismo y la
necesidad de revisarlo; la transparencia en el proceso de investigación,
en los ensayos clínicos y en distribución y comercialización; e
impulsar nuevos modelos colaborativos y abiertos.
Propiedad Intelectual
El Panel , en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración de Doha y los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Además, siguiendo el artículo 27 de este acuerdo sobre los ADPIC,
expone la necesidad de aplicar definiciones rigurosas de lo que es una
invención y su patentabilidad, con el objetivo de limitar el
“evergreening” o reverdecimiento, una práctica habitual de la industria
farmacéutica con la que, a través de variaciones mínimas en la
formulación de medicamentos ya patentados, consiguen nuevas patentes que
les permiten mantener el monopolio sobre éstos.
Transparencia y ‘Open Access’
Según el Panel, los gobiernos deben exigir a los fabricantes y
distribuidores de tecnologías de la salud total transparencia en todo el
proceso de fijación de precios. Es decir, que se conozcan las cifras de
los costes de investigación y desarrollo, de la producción, de la
comercialización y de la distribución del medicamento, incluyendo
marketing (las empresas suelen añadir los costes de marketing a los de
I+D para legitimar los altos precios) y otras subcategorías.
El panel recomienda además transparencia para cualquier financiación
pública recibida por los fabricantes en el desarrollo del medicamento,
incluidos los créditos fiscales, subsidios y subvenciones. Los
gobiernos, sugiere también el informe, deben requerir que el
conocimiento generado con inversión pública se comparta a través de
modelos abiertos y colaborativos, y que las publicaciones fruto de
dichas investigaciones se encuentren disponible para ser cotejadas por
terceros.
Financiación y coordinación internacional
El informe destaca la necesidad de una mayor financiación de la I+D en
salud pública y de impulsar modelos alternativos de innovación, más
eficaces que el actual. Los expertos sugieren que parta de la
financiación necesaria para el desarrollo de investigaciones olvidadas
pueda venir con la puesta en marcha de mecanismos innovadores de
financiación como, por ejemplo, los Impuestos sobre Transacciones
Financieras (ITF) que negocian desde 2011 algunos países europeos.
Los expertos recuerdan la necesidad de seguir el debate iniciado en el
seno de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de negociar
acuerdos globales sobre la coordinación, la financiación y el
desarrollo de nuevas tecnologías en salud. Esto incluye las
negociaciones sobre un acuerdo global de I+D
vinculante y el impulso del conocido delinkage: es decir, desvincular
los costes de investigación de los precios finales de las medicinas.
Un problema real
Las recomendaciones del Panel de Expertos identifican un problema real
que ya no puede ser ignorado ni por el sector público ni por el privado.
Los precios de los medicamentos incrementan a una velocidad imposible
de asimilar por ningún Estado: mucho menos por sus ciudadanos. Precios
secretos y establecidos de manera arbitraria por empresas que anteponen
el lucro a la salud pública. Precios que disparan el gasto farmacéutico.
Precios que, peor aún, coartan este gasto farmacéutico a costa de
racionar tratamientos y terapias que llegan solo a unos pocos, o de
frenar autorizaciones de nuevos medicamentos con valor terapéutico
añadido.
Las recomendaciones del Panel de Expertos
deben ser una guía internacional y nacional para darle coherencia a un
sistema tan ineficaz como insostenible. En los próximos meses seremos
capaces de ver si sirven de algo; si calan. Es cierto que muchas
iniciativas solo prosperaran si el compromiso internacional se asume. No
obstante, otras recomendaciones que tienen que ver con el dinero
público invertido en I+D, proponen establecer condicionalidades que los
Estados pueden asumir desde ahora mismo. El sector privado debe entender
que la transparencia es la misma para todos los sectores industriales y
que es por ello exigible. No podemos olvidar que el Estado es el
principal cliente, y que el dinero con el que se pagan los medicamentos
es de los ciudadanos.
Necesitamos un nuevo modelo de
I+D en salud que responda a las necesidades de la población y de su
salud, y no solo a los intereses financieros de las grandes compañías
farmacéuticas. Desde organizaciones como Salud por Derecho, y a través de campañas como No Es Sano,
llevamos muchos años denunciando este problema que nos afecta a todos y
que pone en riesgo la vida de millones de personas alrededor del
planeta cada día.
