En Diputados expusieron casi 30 organizaciones públicas y privadas además de empresas nacionales, multinacionales y pueblos originarios.
Mucho trabajo le queda por delante a la comisión de Agricultura y Ganadería que preside el diputado Gilberto Alegre para comenzar el trabajo y posterior debate interno y legislativo antes de emitir un dictamen para arribar a una nueva regulación en materia de semillas.

Por las dos jornadas realizadas durante dos martes consecutivos, el 15 y 22 de noviembre, pasaron desde el Ministerio de Agroindustria, autor de uno de los 9 proyectos presentados, disertantes del Inta de varias áreas, el Inpi, y el Inase, como organismos públicos.
También expusieron académicos de la Fauba, pueblos originarios, empresas privadas de semillas como Asociados Don Mario, Syngenta, Bioceres y Gensus, propietaria de Genética Mandiyú que le compró a Monsanto. Organizaciones como ASA, Arpov, Aapresid, Aacrea, Ubatec, Fada, Acsoja, Aaprotrigo, Fedia en representación de los multiplicadores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.
Del lado de los productores participaron CRA, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Coninagro con su flamante presidente, Carlos Iannizzoto, además de “usuarios independientes” como Gustavo Grobocopatel, y el consultor privado Juan Carlos Iglesias Pérez.
Puntos salientes de la discusión
En general, salvo la posición de los pueblos originarios y CRA, todos los que expresaron su opinión coincidieron en que la ley de 1973 requiere ajustes. También hay coincidencias en cuanto a que se debe pagar la tecnología: en la semilla y una sola vez en la compra de la bolsa, sin reclamos sobre el grano producido.
El problema es que, en el caso de Monsanto, la firma obtuvo para su Intacta RR2 PRO una doble cobertura que parece ser la tendencia a futuro: la que le da la ley de semillas y la otorgada por el Inpi. Ambas están atadas a convenios internacionales que son supra constitucionales (Trips para el caso de una patente industrial, Upov 78 para el caso de la semilla). El tratado Upov admite la reserva y el uso propio para el agricultor, pero no la patente del Inpi. El ejemplo es de la soja, pero aplicable a todas las variedades autógamas: trigo, algodón, arroz, maní, garbanzo, y centenares de cultivos.
En ese contexto la legislación requiere una adecuación, para los semilleros ese aggiornamiento implica terminar con el uso propio irrestricto que otorga la ley de 1973 al menos con un uso propio oneroso. El problema que surge es que una patentamiento encuadrado en el Inpi le da una licencia de 20 años, y el proyecto de ley propone reducirlo drásticamente a tres o cuatro años, lo que genera un evidente conflicto.
Uno de los pocos expositores que arrancó aplausos espontáneos fue Iglesias Pérez quien aseguró que la patente concedida por el Inpi a Monsanto “está mal otorgada”, en diálogo con El Enfiteuta el consultor, señaló que la multinacional no completó los requisitos para el patentamiento. Y recordó frente al público que “Monsanto no vende semillas, vende licencias”. Para el consultor si se demuestra que la patente del Inpi amerita una revocación, todo debe regirse por la ley de semillas.
Coincidencias, pero no tanto
La coincidencia para una nueva ley o para la que está todavía vigente, sin excepción, es que el Estado aplique los controles que recaen en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) como poder de policía con facultad sancionatoria. Pero el organismo, que transitó reiterados avatares entre su disolución en el año 2000 a su recreación en 2004, no termina de organizar su directorio y cuenta con recursos muy pobres para supervisar un mercado que mueve en el país no menos de 1.000 millones de dólares anuales.
En lo que no coinciden las partes es en los cambios que deben efectuarse, como por ejemplo declarar a la ley de semillas (vieja o una nueva) de “interés público”. Modificación a la que se opone todo el arco semillero y las asociaciones por cadena, pero que demandan los usuarios agremiados en las cuatro entidades. Ese cambio dejaría sin efecto los acuerdos o contratos como los que se firmaron por la soja Intacta.
“Nos preocupa el uso propio que para nosotros es un punto no negociable” avisó a los diputados (pocos) el presidente de Coninagro. En cambio, Esteban Mazzuco de Syngenta pidió que “no limitemos el ingreso de nuevas tecnologías” en semilla que por una legislación más amigable terminarán desembarcando en otros países competidores de la Argentina como Paraguay, Brasil y Australia.
Este último punto preocupa al cirujano y productor Gastón Fernández Palma, cuya obsesión son las malezas resistentes a herbicidas. Por la falta de garantías en el cobro de regalías, Fernández Palma asegura que Monsanto detuvo el lanzamiento de su soja que permite combatir mejor las malezas con el herbicida “Dicamba”.
Curiosamente en países como Brasil y Estados Unidos donde la legislación semillera no desestimula el lanzamiento de nuevos eventos, el problema de las malezas resistentes es muy superior. Según fuentes del Senasa en Brasil esas malezas resistentes a herbicidas duplican a las que se detectaron en la Argentina y en Estados Unidos casi las quintuplican.
El debate en agenda
Las reuniones informativas realizadas en torno a la legislación de semillas revelan los intereses en juego. Gabriel Delgado, ex viceministro de Agricultura, apuntó como miembro del Inta que sería mejor dejar de un lado y del otro las “banderas” porque por distintas razones, sector semillero y productores parecen cómodos en el statu quo de semillas.
Sugirió echar una mirada al largo plazo y cuestionarse si el uso propio es realmente útil al productor y si la cobertura por patentamiento no puede ser una puerta de entrada para vender tecnología que, bien analizada, no es tan útil como se la muestra desde las empresas.
Ahora la palabra la tienen los diputados que a partir del año entrante deberán dar algún tipo de respuesta sobre la expectativa generada. En ambas reuniones estuvo presente el Jefe de Gabinete Willy Bernaudo quien a la hora de exponer manifestó el deseo del gobierno de arrancar la campaña de trigo del año próximo con una nueva ley. Algo que en un año electoral como 2017 parece bastante lejano.