latercera.- Es el director de servicio más antiguo elegido por Alta Dirección Pública, pero tras nueve años al mando del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), deja su cargo para seguir en el mundo privado. Pese a trabajar en cuatro gobiernos diferentes y reconocer su domicilio político en la centro izquierda, niega presiones de los dos presidentes, siete ministros y cinco subsecretarios con los que trabajó.
Es el directivo público de primer nivel elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública más antiguo. El próximo 13 de octubre, Maximiliano Santa Cruz (48) cumplirá nueve años como director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Su cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la República por lo que desde que se creó esta institución ha trabajado en estrecha relación con cuatro gobiernos: los dos de la ex presidenta Michelle Bachelet y los dos del actual presidente, Sebastián Piñera. “Dos presidentes, siete ministros de Economía y cinco subsecretarios”, repite un par de veces durante la entrevista de su oficina ubicada en el piso 16 de la Alameda, justo frente al GAM, la misma que dejará el próximo viernes 12 de octubre.
Por ser un funcionario público elegido bajo el Sistema de Alta Dirección Pública, su función dura solo tres años que puede renovar por dos períodos, llegando a un máximo de nueve años. “Para seguir, es necesario repostular pero he tomado la decisión de no hacerlo”, dice.
No milita ni participa en ningún partido político, pero confiesa afinidad por la centroizquierda, lo que -aclara- no ha sido impedimento para desarrollar su trabajo durante este tiempo. Niega cualquier presión para su salida. “El apoyo de los gobiernos ha sido transversal, a pesar de que saben cuáles son mis ideas políticas, han entendido que mi función es ser servidor público y yo también lo he entendido así”, agrega.
“Les agradezco a los dos presidentes, siete ministros de Economía y cinco subsecretarios. Siempre respetaron mucho a Inapi como un organismo muy técnico que interviene y propone política pública a las autoridades políticas, como una institución que tenía que seguir funcionando con relativa autonomía y ser apoyado cuando lo necesitara”, comenta.
En este contexto, asegura que no recuerda que hayan dado un no como respuesta a cosas que propuso Inapi. “Esto se ha tomado muy seriamente, como política de Estado. Los cambios de gobierno y los muchos cambios de ministros prácticamente no se notaron. Nunca me sentí presionado por nada, soy muy agradecido de eso, de que se respetó la visión que tenía el equipo de Inapi siempre y hasta el día de hoy”, detalla la autoridad.
Hijo y nieto de funcionarios internacionales -su abuelo paterno, Hernán Santa Cruz Barceló, fue abogado, diplomático y una de las personalidades importantes de la creación de Naciones Unidas y fundador de la Cepal; y su padre, Rodrigo, funcionario internacional de la FAO-, apenas un par de meses después de recibirse de abogado en la U. de Chile, comenzó a trabajar en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). Fue entonces cuando se interesó en la Propiedad Intelectual (PI).
“Cuando estaba en la universidad no se enseñaba PI. A lo más había un ramo optativo. En la Direcon, mi jefe era Ricardo Lagos Weber. Él me entregó un dossier de la PI de la Direcon, un tema muy incipiente. Era 1999. No sabía mucho, pero terminé negociando en la época más álgida de los tratados de libre comercio que entonces negociaba Chile”, recuerda.
Tras un postgrado en EE.UU. volvió a Chile a terminar estas negociaciones y poco después partió a Ginebra, para trabajar en la misión de Chile ante la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi). Eran tiempos en los que Chile planteaba la necesidad de discutir temas como el derecho de autor, las excepciones de este derecho para personas con discapacidad, para motivos educacionales, bibliotecas y archivos. “Eso concluyó después en el primer tratado de la Ompi para discapacitados visuales y para ciegos”, dice. “Entonces promovíamos una mirada más intelectual de la PI y planteábamos que ésta no se desarrollara en un tubo de ensayo o que sirviera a los intereses de las de empresas y abogados, sino que tuviera que ver con otras áreas de política pública también”.
Añade que no existe un país que haya conseguido desarrollo sin tener un sistema fuerte y robusto de propiedad intelectual. “Los países emergentes, las economías emergentes, también se están tomando muy enserio el tema de tener buenos sistemas de PI”.
¿Qué le falta a Chile en cuanto a propiedad intelectual? ¿Estamos más cerca de los países desarrollados?
Entre los países de la región, Chile está muy bien. Es el país en que más patentes se piden en Latinoamérica si se ajusta a la cantidad de población, PIB, e inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Chile pasó de ser un país que recibía mucha cooperación internacional en este tema a ser un prestador neto de cooperación a prácticamente todos los países de la Latinoamérica y de El Caribe anglófono.
Creo que a las empresas todavía les falta mucho. Deben entender mejor cuál es la importancia del uso estratégico de la PI al interior de ellas, de manera que ella cree o mantenga ventajas competitivas mediante la PI. Eso creo que es absolutamente fundamental. Estamos viendo algunos cambios en el trabajo que estamos haciendo con ellas. A veces simplemente por desinformación no han adoptado políticas de PI, pero cuando conocen la importancia de registrar las marcas y patentes, del análisis de información tecnológica y el análisis de lo que está haciendo la competencia y las última tendencias, lo abrazan inmediatamente y lo ven como una oportunidad.
¿Cuáles son los desafíos que vienen para la institución?
Son tremendos. Pronto ingresarán cuatro iniciativas legales al Congreso: un proyecto de ley que modifica la Ley de Propiedad Industrial, otros de tratados multilaterales, un tercero que unificará sistema de propiedad industrial y la primera ley de transferencia tecnológica para Chile. Esta última será una herramienta que va a armonizar y unificar el tratamiento que se le da a los fondos públicos de I+D+I que hoy día tiene regulación muy distintas.
Me alegro que hoy las palabras como transferencia tecnológica estén en boca del gobierno, y del Congreso. Hace cuatro años no se escuchaban. Sin capturar esta I+D+I mediante el sistema de PI es muy difícil hacer transferencia tecnológica. Lo que te permite este sistema y el de patentes es transformar la innovación y el conocimiento en un bien tangible, en un activo de forma que se pueda transferir.
A modo de evaluación de estos nueve años, Santa Cruz reconoce estar muy orgulloso del trabajo que ha realizado el equipo de Inapi. “Tengo sentimientos encontrados. Me da pena dejar la casa en la que he estado este tiempo. Me voy con la sensación de un trabajo bien hecho. Lo que ha logrado Inapi, la modernización y digitalización. Es la primera institución del Estado en integrar el teletrabajo, ser reconocidos el año pasado por la revista especializada World Trademark Review como la quinta oficina de propiedad industrial más innovadora del mundo, no es casualidad, sino que fruto del trabajo de un muy buen equipo que me ha acompañado”, dice.
¿Qué hará cuando deje su cargo?
Espero seguir haciendo clases en la universidad. Seguiré ligado absolutamente al tema, solo que esta vez desde el sector privado. Quiero potenciar el uso estratégico de la PI en la empresa, las universidades y también en el Estado y aplicar todo lo que he hecho en Inapi en materia de transferencia digital y gestión de personas. Me siguen motivando los temas de PI, innovación. No abandono el área, solo que empujo desde la otra vereda. Pronto sabrán de eso. Por el momento, cuando termine mi gestión, me tomaré vacaciones con mi esposa y mis tres hijos. Me daré un tiempo para seguir pensando y creando el proyecto que voy a lanzar espero que pronto.
