Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
jornada.com.mx.- La Secretaria de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, dio posesión a Juan Lozano Tovar como Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en sustitución de Miguel Ángel Margáin.
Durante el evento, Lozano Tovar se comprometió a trabajar para poner
al IMPI al servicio de México y de la comunidad de investigadores,
creadores y emprendedores de nuestro país.
A través de un comunicado, la SE detalló que el nombramiento se dio
en el marco de la Junta Extraordinaria de Gobierno, a la que asistió el
Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.
Añadió que Márquez Colín afirmó que están seguros de que trabajarán
con empeño para articular al IMPI en los programas de la Secretaría y
con los de desarrollo que ha planteado el Presidente Andrés Manuel López
Obrador para poder hacer un México más próspero, más igualitario y
democrático”.
Al agradecer la asistencia de Marcelo Ebrard, señaló:
“Nos honra su presencia y esperamos que sea una de muchas
colaboraciones que tenemos ya planteadas con la Secretaría de Relaciones
Exteriores. La innovación es algo que nos une; somos apasionados de la
innovación y seguramente el IMPI refleja esta pasión”, dijo.
Juan Lozano Tovar es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana.
Se ha desempeñado como Director General de Pemex Fertilizantes, y en
el IMSS fue Director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Titular de
la Unidad de Vinculación.
En la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se desempeñó como Coordinador
de Asesores en la Subsecretaría de Población y de Servicios
Migratorios, y como vocero del Instituto Nacional de Migración (INM).
En el sector privado, fungió como Secretario General de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social; ha sido directivo de
firmas globales, y fue becario Fulbright, realizando estudios e
intercambio profesional en la Universidad de Maryland, Estados Unidos
(EU).
Por último, la SE recordó que la misión del IMPI es garantizar que la
intervención del Estado en la protección de los derechos de propiedad
industrial otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para
que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva
promueva la inversión privada; la creación de empleos; el desarrollo
económico, y la competitividad del país”.