Nelson Nicoletti*.- El Parlasur dio ayer ingreso a un importante proyecto del bloque
peronista que fue presentado por el parlamentario chaqueño Julio Sotelo,
por el cual se pretende declarar de uso público la vacuna contra el
coronavirus y facilitar su gratuidad y libre acceso.
Expresa
textualmente el proyecto en sus tres artículos: «Artículo 1- El
Parlamento del Mercosur recomienda al CMC que se considere bien de uso
público, universal y gratuito en el Mercosur de una fórmula genérica de
manera de garantizar el acceso libre y gratuito a la posible vacuna y al
tratamiento efectivo para el Covid-19; Artículo 2- Al CMC, que las
autoridades de Salud Pública de los Estados Partes, en el marco de la
Reunión de Ministros de Salud, establezcan los lineamientos, las
directrices y las acciones conducentes a garantizar el libre acceso a la
posible vacuna en el Mercosur y que se solicite a la Organización
Mundial de la Salud disponga el libre acceso y que realice todas las
acciones para acelerar la investigación de posible vacuna garantizando
una justa y universal distribución; Artículo 3- Al CMC que solicite a la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que no reconozca
ninguna inscripción o patentes del nuevo coronavirus Covid-19 y que
considere que la vacuna sea un bien de uso público universal y gratuito
de fórmula genérica de acceso libre de manera de no entorpecer la
distribución y comercialización del mismo».
Fundamentación.
Este parlamentario debió fundamentar el apoyo a la
iniciativa, señalando que «si alguna enseñanza ya nos estaba dejando la
pandemia era que no se tolera más la escandalosa desigualdad social en
la humanidad, como tampoco el uso abusivo de la naturaleza, y que se
impone comenzar a establecer nuevos paradigmas asentados en la
solidaridad y el bien común».
Entre los numerosos argumentos que
sostienen el proyecto, los parlamentarios argumentan que «la industria
farmacéutica mundial se encuentra en pleno desarrollo de investigación y
prueba para el desarrollo de una vacuna que permita combatir el
Covid-19 y que muchos expertos sostienen que habrá que esperar al menos
un año para encontrar una vacuna para contener la propagación de dicho
virus; que en muchos casos dichas investigaciones, más allá de los
fondos privados de las empresas farmacéuticas, han recibido y están
recibiendo aportes estatales para acortar los tiempos de la
investigación; que la continuidad de la pandemia afecta a la economía
mundial de una manera sin precedentes según las estimaciones de todos
los organismos internacionales, lo cual aumentará drásticamente el
número de pobres a nivel mundial; y que dicha crisis será
significativamente más profunda en los países menos desarrollados, según
lo ha manifestado el FMI en su informe, en el que indica la necesidad
de alivianar los costos de las deudas externas de los países de menores
recursos».
Precios y distribución.
Por otra parte, y a partir de la
experiencia mundial adquirida en aquellas situaciones similares, se sabe
que «la producción y distribución de las futuras vacunas a nivel
mundial constituirá un gran problema que deberán afrontar los gobiernos
para poder garantizar el acceso a toda la población. Para ello, será
imprescindible contener los precios y hacer una equitativa distribución
mundial; que existen diversas propuestas para la adquisición de los
derechos de propiedad intelectual de las compañías que tengan éxito en
el desarrollo de la vacuna, de manera que esos derechos puedan ser
utilizados por otras compañías para producir a gran escala, o para que
la vacuna esté disponible sin derechos de propiedad intelectual, de
manera gratuita;
que es necesario que los gobiernos se alíen para
garantizar su producción masiva a escala planetaria y el suministro de
grandes cantidades a todos los países; y que es imprescindible que la
vacuna llegue lo antes posible a toda la población, de manera de
garantizar el derecho de la población a la salud», como así que «la
investigación privada no garantiza ni la producción ni la distribución
de las vacunas a gran escala y mucho menos su accesibilidad».
«Por lo
tanto, la propiedad intelectual de la vacuna debe ser un bien público,
ya que no se trata de salvar a los habitantes de un país en particular.
El virus es global así que se necesita una respuesta global», y se
destaca también que «organizaciones como Médicos Sin Fronteras han
exigido que no se patenten ni se reciban beneficios y ganancias
comerciales de los medicamentos, los testeos o las vacunas que se
desarrollen para la pandemia de Covid-19, y que los gobiernos se
preparen para suspender y anular patentes y tomar otras medidas, como el
control de precios, para garantizar la disponibilidad, reducir el
precio y salvar más vidas».
«Algunos gobiernos ya han tomado medidas
para facilitar la anulación de patentes mediante la emisión de licencias
obligatorias para medicamentos, vacunas y otras herramientas para el
Covid-19; y que, en ese sentido, sería fundamental declarar de utilidad
pública o de interés social, ante la emergencia mundial producto de la
pandemia, la futura vacuna de manera de dejar sin efecto la protección
que otorga la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)»
porque «la liberación de la patente y de los derechos que esta otorga a
los propietarios es esencial en esta situación de emergencia
planetaria».
* Parlamentario del Parlasur por el PJ de La Pampa.
