nuevatribuna.es.-La coalición Medicamentos a un precio Justo de la que forman parte la Asociación para la Defensa de la Sanidad de la Sanidad Pública de Madrid entre otras organizaciones exige acabar con el monopolio de las farmacéuticas en la fabricación y patentes de las vacunas para que estas pasen a ser un bien público universal como única estrategia para garantizar el acceso de la población a las mismas por encima de los intereses comerciales de las empresas.
En la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por estos colectivos, se pide al Gobierno de España que actúe en la UE y en los foros internacionales para que en los contratos de vacunas se pacte un precio por coste y que la propiedad intelectual sea compartida en función de la inversión económica realizada.
Las distintas organizaciones que impulsan esta ILP denuncian que los retrasos en el suministro de vacunas de Pfizer y AstraZeneca se deben al “monopolio” de las empresas y piden a la Unión Europea que “cambie radicalmente su enfoque”.
En este sentido recuerdan las palabras de la presidenta de la Comisión Europea en su discurso en la reunión de la Agenda Davos cuando afirmó que “Europa invirtió miles de millones de euros para ayudar a desarrollar las primeras vacunas frente a la Covid-19, para crear un bien público global real. Y ahora las empresas deben cumplir. Deben hacer honor a sus obligaciones”.
Sin embargo, el enfoque está siendo bien distinto, afirman, al “ceder a los planteamientos de la industria” y transformando en propiedad privada lo que debían ser productos sin patente.
En el contrato con AstraZeneca hecho público esta semana, a pesar de que hasta 2.700 millones de euros públicos fueron invertidos en la investigación, desarrollo y la producción de varias de esas vacunas para la investigación, la empresa se reserva todos los derechos de propiedad intelectual. El precio lo pone la empresa, y lo fija muy por encima de los costes en la mayoría de los casos; y el volumen de producción lo decide la empresa, que puede subcontratar la producción a otras plantas.
“Los gobiernos han negociado y firmado que, si hay efectos secundarios, o si las vacunas no son eficaces, las indemnizaciones, tanto por fallos en la investigación, la fabricación, o la distribución, serán asumidas por los Estados Miembros, es decir, por los contribuyentes” critican.
Estos colectivos reclaman la transferencia de tecnología, para que se permita que cualquier empresa cualificada por la OMS en cualquier país del mundo pueda fabricar el producto, permitiendo la escalada en la fabricación para satisfacer las necesidades globales.
Asimismo, apuestan por la creación de empresas en España dedicadas a la fabricación de vacunas y que en los contratos quede clara la responsabilidad de las empresas en los posibles fallos de eficacia y efectos adversos.
A juicio de estas organizaciones, la UE debe apoyar la propuesta de la India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC-ADPIC) para suspender la aplicación de patentes y monopolios en cualquier tecnología frente la Covid. “Mientras en los países ricos se ha vacunado ya a 50 millones de personas en los países pobres no llegan a 10.000 personas”.
También abogan para que se respalde la totalidad de los 4 pilares que conforman la C-TAP: inmunización (vacunas de COVAX), diagnóstico (test accesibles), tratamiento y fortalecimiento de los sistemas de salud.
