gndiario.-Las preocupaciones de la OMS y Unicef comparten las de Amnistía Internacional, que en diciembre del año pasado alertó: "Mientras los países ricos sigan acaparando dosis, existe el riesgo de que el potencial de las vacunas para salvar vidas se vea menoscabado por la desigualdad".
Y es que Amnistía Internacional ha considerado que la resolución adoptada por consenso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se pide garantizar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a las vacunas contra la Covid-19 supone “un paso positivo para garantizar el acceso equitativo y universal” a las mismas.
¿Por qué la vacunación contra la Covid-19 debe ser gratuita y aplicarse sin discriminación?
El acceso a la vacuna de la Covid-19 es una cuestión básica de derechos humanos que afecta sobre todo al derecho a la salud y al derecho al disfrute de los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones.
Pero el tema de la vacunación contra la Covid-19 es tan complejo que afecta a muchos otros derechos: a la vida, la información, la privacidad, la participación, y el desarrollo. Además, el impacto de la pandemia en la vida de las personas es tan intenso que la posibilidad de acceder o no a una vacuna repercute en una amplia variedad de derechos como la educación, trabajo digno, libertad de reunión pacífica o libertad de circulación.
Por todo ello, es necesario garantizar que, como explica la asesora de Salud de Amnistía Internacional Tamaryn Nelson, la vacuna "se distribuya equitativamente y se ponga a disposición primero de quienes más riesgo corren, con independencia de donde vivan, quiénes sean o lo que puedan pagar". Esto solo se puede garantizar si la vacuna está disponible también en los países de ingresos bajos y medios y si se aplica de forma gratuita a la población, sin excluir a nadie por ningún motivo, incluido el estatus migratorio, la etnia, o el género.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha denunciado que hay países que ya están discriminando a determinados grupos. La población palestina en Israel o migrantes sin documentos legales en varios países de América no pueden acceder a esta vacuna.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un paso positivo para garantizar un acceso justo y universal a las vacunas contra la Covid-19
Estamos ante una crisis sanitaria y económica mundial que solo se puede resolver mediante la cooperación global. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los países tienen la obligación de trabajar unidos para responder a la pandemia, y los Estados más ricos tienen la responsabilidad de ayudar a los Estados que disponen de menos recursos.
“Esta resolución es otro recordatorio urgente más de que el acceso a la vacuna es un derecho humano básico que tienen todas y cada una de las personas. La resolución pide, con razón, mayor cooperación internacional, y expresa gran preocupación por la disparidad global en el acceso a las vacunas contra la Covid-19, subrayando la necesidad urgente de que los Estados hagan realidad el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, que incluye el acceso a las vacunas" , declara Tamaryn Nelson, asesora de salud de Amnistía Internacional.
La resolución pide, con razón, una mayor cooperación internacional y expresa una grave preocupación por la disparidad mundial en el acceso a las vacunas Covid-19
También hace hincapié en la necesidad “urgente” de que los Estados “cumplan el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones”, lo que, según la organización, incluye el acceso a las vacunas.
Los Estados deben cooperar para garantizar que las dosis se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente y se distribuyan de manera oportuna y equitativa en todo el mundo, por lo que Amnistía instó a la industria farmacéutica a “estar a la altura” de sus “responsabilidades” en materia de derechos humanos y le emplazó a “hacer todo lo posible” para garantizar que las vacunas “son asequibles y accesibles al máximo número de personas en todo el mundo”.
Las normas de propiedad intelectual no deberían impedir a ningún país defender el derecho a la salud
Esto incluye, a su juicio, acordar una "exención temporal” sobre algunas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) para la producción de productos sanitarios relacionados con la Covid-19 y unirse al Grupo de Acceso a la Tecnología Covid-19 (C-TAP) de la OMS, una plataforma compartida de conocimientos y tecnología que pretende aumentar el suministro mundial de vacunas.
Amnistía recordó que la resolución de la ONU también solicita que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos prepare un informe sobre la cuestión y crea un espacio de debate adicional en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
