Noticias IP.-Dámaso Pardo, ex-presidente del INPI durante el gobierno de Mauricio Macri se incorporó a un estudio de abogados en agosto de 2020 luego de haber renunciado al cargo de funcionario público el 10 de diciembre de 2019.(RESOL-2019-1504-APN-MPYT). La Ley de patentes argentina exige un plazo de al menos 2 (dos) años para que un empleado del organismo inicie actividades de propiedad intelectual y gestione marcas o patentes.
Dámaso A. Pardo comenzó sus tareas como socio en el Departamento de Propiedad Intelectual, Privacidad, Nuevas Tecnologías y Publicidad Legal del buffette de abogados Bruchou manifestando estar muy entusiasmado en incorporarse a una firma de prestigio, señalando que "Luego de dejar mi función como Presidente del INPI, vi en Bruchou la mejor plataforma para retomar el desempeño de mi actividad profesional".
Dámaso Pardo llegó al INPI en junio de 2016 procedente del estudio
PAGBAM (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnstsen y Martínez
de Hoz (h.), en el que trabajó durante 20 años como socio.
(Jorge Pérez Alati fue el donante más generoso a la campaña de Macri: aportando $ 2,7 millones en
2015, quien solía compartir encuentros con Macri
durante sus descansos en Cumelén Country Club, de Villa La Angostura,
desembolsó en febrero y en marzo de 2015 una suma total de $ 1,7 millones al Pro.
Además, el estudio PAGBAM "aportó casi $ 1 millón al partido, según lo señalado por medios locales).
Para ser designado en INPI, Pardo debió suspender su matrícula y renunciar a las actividades de agente de la propiedad
industrial como condición previa para asumir el cargo- según la ley de ética pública vigente-, ante el propio organismo en el que presentaba las solicitudes de marcas y patentes de sus clientes, como así también renunciar a la participación
societaria que mantenía en la firma PAGBAM. Los clientes de aproximadamente 2500 marcas y 200 patentes tramitadas por Pardo los derivó para su tramitación al estudio Beccar Varela.
Pasados solamente algunos meses de su renuncia al INPI, recorrió ahora el camino inverso: de ser presidente de INPI retoma su profesión de abogado en propiedad intelectual, aunque estaría violando la Ley 24.481 de Patentes que señala en su Art. 71 los siguiente:
"Los empleados del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL no podrán directa ni indirectamente tramitar derechos en representación de terceros hasta DOS (2) años después de la fecha en que cese la relación de dependencia con el citado instituto, bajo pena de exoneración y multa".
Durante su mandato, Dámaso Pardo fue un agente de propiedad industrial con funciones de presidente del organismo colocado en el INPI por empresas privadas extranjeras, denunciado junto a otros funcionarios del gobierno macrista por tomar decisiones que beneficiaban a laboratorios estadounidenses y sus buffetes de abogados.
Al frente del INPI propició cambios en la normativas de patentes y marcas en favor de las empresas asociadas a la Cámara de comercio de los EEUU (AmCham) y firmó varios acuerdos con oficinas y organismos de propiedad intelectual que aceleraron el patentamiento en contra de las empresas nacionales y pymes.