La Nación
En otro revés para el gobierno de Javier Milei, la Justicia frenó los cambios al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que había establecido la administración libertaria mediante el Decreto 462/2025. Así lo definió un fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 -a cargo de Martina Isabel Forns-, que dio lugar a una cautelar que presentó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sindicato que había liderado protestas en la sede del organismo en contra de la medida.
La jueza resolvió “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora ATE, ordenando al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del Decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTI”. Esta decisión judicial tiene vigencia por un período de seis meses.
El sindicaato había presentado una cautelar tras el decreto para pedir que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad“ de los cambios impuestos por el Gobierno y argumentó que es “una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento” del INTI.
A través del Decreto 462/2025, en tanto, se estableció que se transforme al INTI “en una unidad organizativa que mantendrá su denominación con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”. Y se planteó: “La presente medida permitirá unificar las políticas públicas vinculadas al desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica y mejorar la trazabilidad de los instrumentos estatales”.
A través del Decreto 462/2025, en tanto, se estableció que se transforme al INTI “en una unidad organizativa que mantendrá su denominación con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”. Y se planteó: “La presente medida permitirá unificar las políticas públicas vinculadas al desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica y mejorar la trazabilidad de los instrumentos estatales”.
De esta manera, a través del texto normativo, el Gobierno le sacó el carácter de instituto del INTI y lo convirtió en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía. Esto implicaría la eliminación de su autonomía y autarquía financiera, además de la remoción de su carácter federal -el INTI posee oficinas a lo largo del país, las cuales serían eliminadas al menos que sean absorbidas por los gobiernos provinciales.
En el fallo, la jueza argumentó que el Estado no debe “alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por la norma colectiva” (por convenios). También indicó que la medida del Gobierno “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo y al interferir arbitrariamente en cuestiones que deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.
En el INTI hay alrededor de 2.387 empleados y muchos se organizaron a fines de junio en contra de la publicación del decreto ya que implica despidos. Estas protestas fueron nucleadas por ATE, que después presentó una cautelar para frenar los cambios.
Un precedente para otros organismos
La decisión de la Justicia no sólo implica un freno al avance sobre el INTI, sino que también sienta un precedente importante para otros organismos del Estado afectados por el mismo decreto.
El fallo puede ser apelado por el Ejecutivo, pero mientras tanto, implica una victoria concreta en un escenario donde las políticas de ajuste parecen no tener freno. La resistencia sindical y judicial vuelve a colocar un límite a los embates del gobierno nacional contra el empleo público y los organismos técnicos del Estado.
