El Destape
El gobierno de Javier Milei avanzó, este lunes, en un nuevo ajuste sobre el Ministerio de Economía en las áreas de transporte y agricultura, con la disolución de algunos organismos, por un lado, y la modificación de otros que pierden autonomía, por el otro.
Así lo hizo mediante el decreto 585/2025, el cual modificó el organigrama del ministerio que dirige Luis Caputo para adaptarlo a decretos y resoluciones previas que habían confirmado la eliminación o modificación de sus organismos.
Entre los organismos efectivamente suprimidos se encuentran la Unidad Ejecutora del Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Asimismo, se eliminan unidades internas del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que ya había sido eliminado, del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), aunque este último continúa funcionando bajo la Secretaría de Industria y Comercio.
Por otra parte, en el área de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte fueron reemplazadas por nuevas agencias bajo la Secretaría de Transporte, esta última reducida a la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. A su vez, algunas direcciones de la ex-ANSV se redistribuyeron a la Secretaría y Subsecretaría de Transporte.
Asimismo, otros organismos fueron trasladados o reconvertidos: el INPI pasó a ser organismo desconcentrado de la Secretaría de Industria y Comercio; el INTA y el INV se incorporaron como unidades de primer nivel operativo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por su parte, la Casa de Moneda cambió oficialmente su forma jurídica a Sociedad Anónima Unipersonal, dejando de ser una Sociedad del Estado en el camino hacia su privatización.
Se trata de varios organismos que habían sido modificados o eliminados en julio pasado, antes del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases de junio de 2024.
