Por Anibal Shultz
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), pilar fundamental para la protección de la innovación en Argentina, se encuentra bajo un escrutinio cada vez mayor debido a persistentes denuncias de irregularidades y prácticas poco transparentes que comprometen su credibilidad y la equidad del sistema. Más allá de la legítima relación con los estudios jurídicos, la sombra de la connivencia y un presunto manejo discrecional de procesos clave levantan serias alarmas en el sector.
Fallas en los controles y la agilidad selectiva
Fuentes consultadas dentro y fuera del INPI señalan una preocupante falta de rigor en los controles internos para prevenir y detectar anomalías. "Hay trámites que, inexplicablemente, se resuelven con una celeridad asombrosa, mientras otros idénticos se eternizan sin justificación aparente", revela un agente de la Propiedad Industrial con décadas de experiencia. Esta "agilidad selectiva" es una de las principales irregularidades denunciadas, sugiriendo que criterios ajenos a la normativa podrían estar influyendo en la priorización de expedientes.
La digitalización implementada en los últimos años, si bien buscaba aportar transparencia, no ha logrado erradicar por completo la percepción de que la discrecionalidad humana sigue siendo un factor determinante en ciertos casos, abriendo la puerta a posibles favores o influencias indebidas. La falta de métricas públicas detalladas sobre los tiempos de trámite por tipo de solicitud y examinador solo profundiza estas sospechas.
La denuncia de filtración de información confidencial: un riesgo latenteUna de las irregularidades más graves que sobrevuela al INPI es la presunta filtración de información confidencial. El organismo maneja datos altamente sensibles, como detalles de invenciones de patentes aún no publicadas o argumentos de oposiciones que son estratégicos para las partes involucradas. "Se ha sabido de casos donde información no pública parecía circular antes de lo debido, dando una ventaja desleal a quienes la poseían", comenta un abogado del sector, que pide anonimato por temor a represalias.
Aunque la legislación y las normativas internas prohíben explícitamente la divulgación de esta información, la ausencia de un sistema de trazabilidad robusto y auditorías periódicas sobre el acceso a las bases de datos sensibles impide disipar estas denuncias, generando un clima de desconfianza entre los solicitantes.
Cuestionamientos en la designación de altos cargos y la "puerta giratoria"Las irregularidades también se extienden a la forma en que el INPI ha manejado la designación de sus máximas autoridades, particularmente en relación con la problemática de la "puerta giratoria". Los casos de ex-presidentes como Dámaso Pardo y el actual, Carlos María Gallo, quienes provienen directamente de estudios jurídicos especializados en Propiedad Intelectual, son un claro ejemplo.
Aunque ambos solicitaron la suspensión de sus matrículas al asumir, la crítica se centra en la percepción de conflicto de interés inherente a sus orígenes profesionales. "No es suficiente suspender la matrícula; la influencia de años de trabajo en el sector privado, y la expectativa de volver a él, pueden sesgar decisiones, incluso de forma inconsciente", argumenta un especialista en ética pública. La falta de un período de "enfriamiento" (cooling-off period) más extenso y riguroso para ex-funcionarios antes de reincorporarse a actividades reguladas por el organismo que dirigieron, es señalada como una grave omisión que facilita la connivencia y posibles irregularidades.
El congelamiento en el valor de los aranceles desde diciembre de 2023 es la prueba más fehaciente de connivencia: mientras los estudios jurídicos se ahorran millones en tasas de registro y solicitudes, se desfinancia el presupuesto del INPI, debilitando así su estructura de funcionamiento.
¿Falta de control externo o voluntad política?Las reiteradas denuncias de irregularidades y la persistencia de la problemática de la "puerta giratoria" llevan a preguntarse sobre la eficacia de los mecanismos de control externo y la voluntad política para sanear el INPI. La ausencia de auditorías independientes periódicas que examinen en profundidad la gestión del organismo, más allá de lo meramente contable, deja un vacío que facilita la perpetuación de prácticas cuestionables.
La comunidad de la Propiedad Industrial exige ahora una revisión exhaustiva y transparente del funcionamiento del INPI. Solo a través de una reforma integral que aborde las fallas en los controles, erradique la agilidad selectiva, garantice la seguridad de la información confidencial y regule de forma estricta las relaciones con el sector privado, el INPI podrá recuperar la confianza de la ciudadanía y cumplir cabalmente su rol como garante de la innovación en Argentina.