Por Rosa Esfandiari
El 24 de octubre, la Organización Nacional de Empleados del Servicio Meteorológico (NWSEO) y la Asociación Profesional de la Oficina de Patentes (POPA) Presentó una moción de orden preliminar en los Estados Unidos, Tribunal de Distrito de Columbia, alegando que las órdenes ejecutivas no. 14.251 y 14.343 amenazan ilegalmente los derechos de los empleados a organizarse y negociar colectivamente, no sobre la base de “problemas legítimos de “seguridad nacional”, sino para tomar represalias contra sindicatos como NWSEO y POPA por sus esfuerzos para representar a los empleados.
Los sindicatos están pidiendo al tribunal que solicite la aplicación y ejecución de las órdenes ejecutivas mientras el caso se litiga y solicitó una audiencia para el 13 de noviembre.
Los sindicatos “luchan” contra las políticas de administración
POPA, el sindicato que ha representado a examinadores de patentes y otros profesionales en los EE.UU. de la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) desde 1964, presentó su queja oficial contra la Administración Trump, luego de una Orden Ejecutiva Pre-Día Laboral (EO) que efectivamente prohíbe a los empleados de patentes de la USPTO unirse al sindicato.
La Orden, titulada “Exclusiones adicionales del Programa Federal de Relaciones Laborales-Gestiones”, pretende estar dirigida a mejorar la seguridad nacional.
Argumentos de seguridad nacional cuestionados
Los sindicatos argumentaron en su moción preliminar que el presidente Donald Trump “excedió la discreción que se le otorgó” bajo 5 U.S.C. § 7103(b), y afirmaron que “esta conducta ilegal amenaza con eliminar los derechos de organización y negociación colectivamente, no debido a cualquier problema legítimo de ‘seguridad nacional’, sino para tomar represalias contra los sindicatos, como NWSEO y POPA, por sus esfuerzos para representar a estos empleados”.
La Ley Orgánica del Servicio Meteorológico Nacional de 1890 define las funciones principales del NWS como proporcionar pronósticos meteorológicos “para el beneficio de la agricultura, el comercio y la navegación”, sin mencionar la seguridad nacional. Una declaración del ex administrador de la NOAA Dr. Richard Spinrad declaró que “los servicios que el NWS proporciona al ejército de los Estados Unidos son los mismos que los que el NWS proporciona al público. No se proporciona nada exclusivo”.
En cuanto a la USPTO, la moción afirma que “la USPTO no evalúa si la publicación de solicitudes de patente podría dañar la seguridad nacional”. La selección de solicitudes de patente para la remisión a agencias de defensa es un deber auxiliar de solo 25 examinadores de patentes de los casi 9,000 examinadores empleados por la USPTO, que pasan poco más de dos minutos por solicitud para determinar si una solicitud de patente en particular justifica la remisión. Solo aproximadamente 50 de las 600.000 solicitudes de patente recibidas cada año están en última instancia sujetas a una orden de secreto.
El ex Comisionado de Patentes Robert Stoll declaró en una declaración que “la inteligencia, la contrainteligencia, la investigación o el trabajo de seguridad nacional” no es “una función principal” de la Oficina del Comisionado de Patentes y que la administración de las responsabilidades de la USPTO bajo la Ley de Secreto de la Invención “implica solo unas pocas docenas de los aproximadamente 10,000 empleados que trabajan en esa Oficina y es una parte menor de sus responsabilidades”.
Reclamaciones de represalia
Los sindicatos alegaron que las órdenes ejecutivas constituían represalias ilegales por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda y que las “unidades de negociación de POPA y NWSEO no se incluyeron entre el primer tramo de exenciones en la Orden Ejecutiva de Marzo, pero fueron excluidas después de que se involucraron en una sólida oposición a las políticas de los Demandados, lo que demuestra que las preocupaciones de seguridad nacional no fueron la motivación para su exclusión”.
Los sindicatos señalaron una hoja informativa de la Casa Blanca emitida con la orden ejecutiva de marzo, que declaró que “ciertos sindicatos federales han declarado la guerra a la agenda del presidente Trump” y que “el presidente Trump apoya las asociaciones constructivas con los sindicatos que trabajan con él” y advirtió que “no tolerará una obstrucción masiva que ponga en peligro su capacidad para administrar agencias con misiones vitales de seguridad nacional”.
La moción señaló además que el 17 de abril, el Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) Collins restableció los derechos de negociación colectiva a sindicatos particulares, no porque la negociación continua fuera consistente con los requisitos de seguridad nacional, sino porque estos sindicatos eran obedientes y no amenazaban las operaciones. “El tratamiento especial de los sindicatos favorecidos ‘ofrece más evidencia de un motivo de represalia’”, agregó la moción.
Argumentos de daño irreparables
La moción argumentó que la exclusión de los empleados del estatuto de relaciones entre el trabajo y la gestión inflige un daño inmediato e irreparable, y que “estos empleados han perdido la capacidad de negociar colectivamente en un momento en que más importa, ya que la Administración continúa haciendo cambios significativos y continuos en las condiciones de trabajo y el empleo de los empleados”.
El 2 de octubre, la dirección de la USPTO notificó al cuerpo examinador que estaba cambiando unilateralmente el Plan de Evaluación del Desempeño (PAP) al aumentar la cuota de producción, reduciendo así la cantidad de tiempo que se asignó a los examinadores para actuar sobre cada solicitud de patente para retener el empleo. Tradicionalmente se ha permitido a POPA negociar el impacto de los cambios en el PAP de los examinadores de patentes, pero la USPTO terminó sus conversaciones con POPA como resultado de la Orden Ejecutiva.
La moción sostiene que las Órdenes Ejecutivas 14,251 y 14.343 constituyen acciones ilegales y ultra vires que violan la Primera Enmienda. En consecuencia, NWSEO y POPA solicitaron que el tribunal emitiera una orden judicial preliminar que prohibiera la ejecución de las órdenes ejecutivas en las divisiones de la agencia donde los sindicatos sirven como representantes de negociación colectiva certificados para los empleados.
