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La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) está en el centro de un debate encendido, al presentar propuestas que podrían restringir la capacidad para impugnar patentes concedidas de manera inapropiada.
Las sugerencias de la USPTO, si se implementan, ofrecerían un escudo protector a los controversiales «trolls de patentes», facilitando el mantenimiento de patentes defectuosas y complicando las posibilidades de defensa para quienes enfrentan demandas, sobre todo pequeñas empresas y desarrolladores.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha dado un llamado urgente a la acción, instando a sus seguidores a expresar sus objeciones públicas antes del próximo 2 de diciembre. La organización advierte que la pasividad solo beneficiaría a quienes lucran con patentes abusivas, dificultando el camino para las disputas legítimas sobre tecnologíías patentadas.
En este contexto, el mecanismo de revisión inter partes (IPR) ha sido una herramienta valiosa para desafiar patentes cuestionables sin incurrir en los elevadísimos costos de un litigio federal. Sin embargo, las propuestas recientes pondrían en jaque este proceso. Las nuevas normativas apuntan a que una patente se vuelva «inimpugnable» tras una revisión inicial, cortando el camino para nuevas acciones incluso si emergen pruebas reveladoras de la falta de validez de una patente. Además, el acceso a las revisiones del IPR se vería bloqueado si un caso legal se prevé que se resuelva con mayor celeridad que los procedimientos ante la Junta de Apelación y Juicio de Patentes (PTAB).
La USPTO argumenta que los demandados aún podrían impugnar patentes en los tribunales, aunque esto parece más fácil en teoría que en la práctica dada la naturaleza costosa y prolongada de los litigios judiciales. Este esquema genera una considerable preocupación en sectores innovadores, permitiendo que los trolls mantengan patentes intactas, perpetuando la posibilidad de acosar judicialmente a actores más pequeños del mercado tecnológico.
El proceso de IPR, instaurado por el Congreso como una solución más rápida y menos onerosa para corregir errores de la Oficina de Patentes, corre el riesgo de ser desvirtuado por estas propuestas. La EFF insiste en que cualquier modificación significativa debe ser competencia exclusiva del Congreso y no resultado de ajustes normativos internos por la USPTO que podrían obstaculizar desafíos legítimos.
El desenlace de esta controversia dependerá en gran medida de la respuesta pública. En 2023, una oleada de comentarios ciudadanos logró frenar cambios similares, y se espera que el mismo tipo de movilización pueda influir nuevamente en el curso de los acontecimientos.
