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En el 2025, el sistema de patentes de Estados Unidos se encontró ante un serio desafío a su estructura fundamental con el planteamiento de propuestas que intentaban debilitar la capacidad de impugnación de patentes defectuosas. Dos proyectos de ley, denominados PERA y PREVAIL, encabezaron esta controversia, impulsados por un grupo exclusivo de grandes propietarios de patentes.
El Patent Eligibility Restoration Act (PERA) buscaba dar un vuelco a decisiones críticas del Tribunal Supremo de EE.UU. relacionadas con los casos Alice y Myriad, abriendo la puerta para que se reactivaran patentes de ideas abstractas de software y genes humanos aislados. Simultáneamente, PREVAIL pretendía elevar el umbral de pruebas necesario, limitar quién podía presentar impugnaciones y ofrecer a los propietarios de patentes la capacidad de modificar sus reclamaciones durante los procesos de revisión inter partes (IPR).
El debate no tardó en movilizar a la Electronic Frontier Foundation (EFF) y otras organizaciones, quienes rápidamente reunieron el apoyo de la ciudadanía para frenar estas iniciativas en el Congreso. La presión pública resultó ser decisiva, logrando que ambos proyectos quedaran en punto muerto dentro del Comité.
Sin embargo, mientras la atención se centraba en estas propuestas legislativas, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO), bajo la nueva dirección de John Squires, avanzó en acciones internas que amenazaban con revertir años de avances en la lucha contra las patentes inadecuadas. A inicios del año, la oficina endureció su postura rechazando impugnaciones mediante denegaciones en base a criterios procedimentales. La preocupación aumentó cuando, en octubre, se propusieron nuevas reglas que prácticamente blindaban las patentes frente a desafíos formales tras una única disputa.
La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Con más de 11,000 comentarios presentados a la USPTO, de los cuales un 97% expresaron una oposición contundente, quedó claro el impacto negativo que estas regulaciones implicarían. Diversos sectores, desde la academia hasta los defensores de la accesibilidad de medicamentos, alertaron sobre los daños potenciales a innovadores, pequeñas empresas y un posible aumento en los costos para los consumidores.
Ahora, camino al 2026, la incertidumbre domina el terreno de las patentes en Estados Unidos. Pese a la resistencia demostrada, las fuerzas que buscan mantener patentes cuestionables se mantienen en juego, dispuestas a influir en futuras legislaciones. Lo cierto es que la movilización ciudadana ha demostrado ser un factor influyente en el proceso legislativo, dejando en evidencia que la unión y el rechazo colectivo pueden marcar una diferencia palpable en la prevención de abusos dentro del sistema de patentes.
