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En la Cámara de Senadores fue presentado un proyecto de ley que busca proteger la imagen, la voz y el cuerpo de las personas frente a imitaciones digitales generadas por inteligencia artificial, conocidas como deepfakes, otorgando derechos para autorizar, prohibir o reclamar compensaciones por su uso no consentido, y estableciendo obligaciones para plataformas digitales y programas educativos sobre identidad y uso responsable de la IA.
La senadora Lizarella Valiente presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de protección frente a las imitaciones digitales generadas por inteligencia artificial (IA), conocidas como “deepfakes”. La iniciativa tiene como objetivo resguardar la imagen, la voz y las características físicas de todas las personas, reconociéndolas como atributos de la personalidad con valor moral y patrimonial.
Según la exposición de motivos, el avance de la inteligencia artificial generativa ha creado desafíos inéditos para los derechos fundamentales. Los deepfakes permiten replicar de manera hiperrealista la identidad de una persona sin su consentimiento, lo que puede ser utilizado con fines fraudulentos, propagandísticos o comerciales. Actualmente, el marco legal vigente no ofrece herramientas eficaces para impedir o reparar este tipo de vulneraciones.
El proyecto se fundamenta en los artículos 33 y 110 de la Constitución Nacional, que protegen la intimidad, la imagen privada y la propiedad intelectual. La iniciativa propone que estos derechos se interpreten de manera extensiva, garantizando que la persona mantenga control exclusivo sobre su imagen, voz y cuerpo, y pueda autorizar, prohibir o reclamar compensaciones económicas por su uso no consentido.
El proyecto establece que las conductas delictivas ya tipificadas en el Código Penal, como estafa, difamación, injuria o coacción, pueden abarcar la creación y difusión de deepfakes, según el uso y el daño causado. No obstante, se aclara que no todos los deepfakes son ilegales; aquellos con fines educativos, artísticos, satíricos o de crítica social están protegidos por la libertad de expresión.
Entre los principales derechos que reconoce la ley se incluyen: el derecho a oponerse a la creación o difusión de imitaciones digitales, exigir la remoción inmediata de contenidos no autorizados, reclamar compensaciones económicas y acceder a información sobre la autoría y alcance de la difusión. Asimismo, se establece que el consentimiento debe ser previo, específico y documentado.
El proyecto también regula a las plataformas digitales, que deberán implementar mecanismos visibles para recibir denuncias, proceder a la remoción de contenidos infractores en un plazo de 24 horas, mantener registros por al menos un año y colaborar con autoridades judiciales y administrativas.
El organismo encargado de la aplicación de la ley será la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, sin perjuicio de las competencias de otras instituciones. Las infracciones podrán sancionarse según la ley civil y penal, y se prevé coordinación con el Ministerio Público para casos de uso fraudulento o que afecten la seguridad nacional o procesos electorales.
Por otra parte, el proyecto contempla programas educativos coordinados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), destinados a concienciar a estudiantes sobre los riesgos de las imitaciones digitales, el uso ético de la inteligencia artificial y los derechos sobre la identidad digital.