jueves, 20 de abril de 2017

Argentina: posible concesión de patente de sofosbuvir a empresa farmacéutica GILEAD




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El compuesto químico Sofosbuvir, perteneciente el laboratorio Gilead y comercializado bajo la denominación SOVALDI, es utilizado por pacientes que poseen el virus de la hepatitis C en un tratamiento de  12 semanas de este medicamento a un precio exorbitante -el precio de la terapia combinada es superior a los 40.000 euros en Francia, Alemania, Reino Unido o España-, hecho que limita el acceso a numerosos pacientes afectados por el virus.

Gilead ha fijado el precio sofosbuvir en $ 1.000 dólares por píldora o $ 84.000 dólares por tratamiento en EE.UU. Ganó más de $ 15.5 millones de dólares por las ventas del medicamento solamente durante 2014 y 2015.
Varias organizaciones de todo el mundo por la defensa de la salud presentaron una oposición a la patente EP2203462 B1 sobre el Sofosbuvir  ante la Oficina Europea de Patentes (OEP). La oposición a la patente es un recurso jurídico por el cual la validez de una patente puede impugnarse, y en caso de lograse, el medicamento puede entrar en el mercado con versiones genéricas, que costarían solo unos cientos de dólares en el caso del Sofosbuvir.
La patente concedida en 2016 por la oficina de patentes de la India fue rechazada inicialmente en enero de 2015, justo antes de la visita del presidente Obama a la India, Gilead apeló el rechazo y la patente ha sido sin embargo concedida.
Sin embargo, la patente para el sofosbuvir ha sido rechazada en Egipto, China y Ucrania, y otras oposiciones de patentes se han presentado en  Brasil, Rusia, Tailandia..
En Argentina,  la empresa estadounidense GILEAD/PHARMASSET presentó en 2008  ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) una solicitud de patente de sofosbuvir  publicada en septiembre de 2009 con el número AR 066898 A1 que se encuentra en el proceso de exámen de fondo y cercano a la "resolución  final” por parte de la Administración Nacional de Patentes.
Contexto
CAEME, cámara de especialidades medicinales de empresas transnacionales y la AAAPI, asociación argentina de agentes de propiedad industrial solicitaron en enero de 2016 al gobierno de Macri, derogar resoluciones del INPI en materia de productos farmacéuticos y biotecnológicos.
El ministro de producción, Francisco Cabrera, aseguró a una de las cámaras de medicamentos nacionales que no se otorgarían patentes de segundo uso médico, dando a entender que se concederían patentes a moléculas supuestamente nuevas, aunque  sin actividad inventiva alguna.
El actual presidente del INPI, el abogado Dámaso Pardo, había indicado en 2016 a integrantes de ONGs a favor de la salud de afectados por la hepatitis C en el país que él “había llegado a la institución para otorgar derechos de patentes”.
Estas afirmaciones de quien fuera socio del estudio de abogados PAGBAM como representante de empresas extranjeras  de marcas y patentes hasta días ante de asumir su cargo en el INPI, ponen en riesgo el acceso de la población a los medicamentos  a precios razonables.
Pardo, quién firmó un acuerdo bilateral sobre patentes con la oficina USPTO de Estados Unidos pretende conceder monopolios por 20 años  a las empresas farmacéuticas de ese país. Este convenio denominado “Autopista de Patentes” (PPH) entró en vigencia el 3 de marzo pasado y según una denuncia penal presentada contra el actual jefe de gabinete Marcos Peña, los viceministros Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el propio Dámaso Pardo, incluye la aceptación recíproca de los resultados de patentamiento de ambas oficinas en todas las áreas de la técnica.