El compuesto químico Sofosbuvir, perteneciente el
laboratorio Gilead y comercializado bajo la denominación SOVALDI, es utilizado por pacientes que poseen el virus de la
hepatitis C en un tratamiento de 12
semanas de este medicamento a un precio exorbitante -el precio de la terapia
combinada es superior a los 40.000 euros en Francia, Alemania, Reino Unido o
España-, hecho que limita el acceso a numerosos pacientes afectados por el
virus.
Gilead ha
fijado el precio sofosbuvir en $ 1.000 dólares por píldora o $
84.000 dólares por tratamiento en EE.UU. Ganó más de $ 15.5 millones de dólares por las
ventas del medicamento solamente durante 2014 y 2015.
Varias organizaciones de todo el
mundo por la defensa de la salud presentaron una oposición a la patente EP2203462
B1 sobre el Sofosbuvir ante la Oficina Europea de Patentes (OEP). La
oposición a la patente es un recurso
jurídico por el cual la validez de una patente puede impugnarse,
y en caso de lograse, el medicamento puede entrar en el mercado con versiones
genéricas, que costarían solo unos cientos de dólares en el caso del
Sofosbuvir.
La
patente concedida en 2016 por la oficina de patentes de la India fue rechazada
inicialmente en enero de 2015, justo antes de la visita del presidente Obama a
la India, Gilead apeló el rechazo y la patente ha sido sin embargo concedida.
Sin embargo,
la patente para el sofosbuvir ha sido rechazada en Egipto,
China y Ucrania, y otras oposiciones de patentes se han presentado en Brasil, Rusia, Tailandia..
En Argentina, la empresa estadounidense GILEAD/PHARMASSET
presentó en 2008 ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) una solicitud de patente de sofosbuvir publicada en septiembre de 2009 con el número AR 066898 A1 que se encuentra en el proceso de exámen de fondo
y cercano a la "resolución
final” por parte de la Administración Nacional de Patentes.
Contexto
CAEME, cámara de especialidades medicinales
de empresas transnacionales y la AAAPI, asociación argentina de agentes de
propiedad industrial solicitaron en enero de 2016 al gobierno de Macri, derogar
resoluciones del INPI en materia de productos farmacéuticos y biotecnológicos.
El ministro de producción, Francisco Cabrera,
aseguró a una de las cámaras de medicamentos nacionales que no se otorgarían
patentes de segundo uso médico, dando a entender que se concederían patentes a
moléculas supuestamente nuevas, aunque sin
actividad inventiva alguna.
El actual presidente del INPI, el abogado
Dámaso Pardo, había indicado en 2016 a integrantes de ONGs a favor de la salud
de afectados por la hepatitis C en el país que él “había llegado a la institución
para otorgar derechos de patentes”.
Estas afirmaciones de quien fuera socio del estudio de abogados PAGBAM como
representante de empresas extranjeras de
marcas y patentes hasta días ante de asumir su cargo en el INPI, ponen en
riesgo el acceso de la población a los medicamentos a precios razonables.
Pardo, quién firmó un acuerdo bilateral sobre patentes
con la oficina USPTO de Estados Unidos pretende conceder monopolios
por 20 años a las empresas farmacéuticas
de ese país. Este convenio denominado “Autopista de Patentes” (PPH) entró en
vigencia el 3 de marzo pasado y según una denuncia
penal presentada contra el actual jefe de gabinete Marcos Peña, los
viceministros Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el propio Dámaso Pardo,
incluye la aceptación recíproca de los resultados de patentamiento de ambas
oficinas en todas las áreas de la técnica.
