Patrick Galba de Paula, trabajador del Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI-BR) viene denunciando una serie de irregularidades ocurridas en el sector del cual fue separado, que culminó en el pedido de su remoción entre episódios de persecución y asedio moral.
El pedido de remoción ocurrió después de denuncias de trabajadores junto a la Associação de Funcionários do INPI (AFINPI) sobre la utilización de trabajo tercerizado por parte de la directora de patentes, específicamente en la coordinación del PCT -sector que analiza las solicitudes vinculadas al Tratado de Cooperación Internacional en materia de patentes (PCT, siglas en inglés)-, sector de despido del trabajador. Tal medida es contraria a principios constitucionales y acuerdos realizados con el Ministerio Público según los cuales tales actividades deben ser realizadas por servidores que se encuentran en nómina.
Galba siempre tuvo buenas evaluaciones y curiosamente algunos meses después del cuestionamiento al proceso de tercerización sufrió su remoción debido a “bajos rendimientos” en una evaluación de desempeño individual sobre productividad, que ni siquiera tuvo un resultado final, encontrándose aún en fase de reconsideración administrativa.
En entrevista a la Asociación Brasilera de Prensa (ABI, en portugués), Patrick Galba presentó detalles sobre el caso:
El pedido de remoción ocurrió después de denuncias de trabajadores junto a la Associação de Funcionários do INPI (AFINPI) sobre la utilización de trabajo tercerizado por parte de la directora de patentes, específicamente en la coordinación del PCT -sector que analiza las solicitudes vinculadas al Tratado de Cooperación Internacional en materia de patentes (PCT, siglas en inglés)-, sector de despido del trabajador. Tal medida es contraria a principios constitucionales y acuerdos realizados con el Ministerio Público según los cuales tales actividades deben ser realizadas por servidores que se encuentran en nómina.
Galba siempre tuvo buenas evaluaciones y curiosamente algunos meses después del cuestionamiento al proceso de tercerización sufrió su remoción debido a “bajos rendimientos” en una evaluación de desempeño individual sobre productividad, que ni siquiera tuvo un resultado final, encontrándose aún en fase de reconsideración administrativa.
En entrevista a la Asociación Brasilera de Prensa (ABI, en portugués), Patrick Galba presentó detalles sobre el caso:
-Trabajando em el INPI, órgano reponsable por los registros relacionados a la propiedad industrial, siendo los más importantes los registros de marcas y patentes de invención.
Estuve hasta ahora asignado específicamente en el sector responsable por el examen formal (en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales-las solicitudes posteriormente pasan por otro examen, sustantivo, realizado por las divisiones técnicas de cada área tecnológica), realizado por funcionarios concursados y con entrenamiento en la legislación y reglas de los tratados internacionales, de las solicitudes de patentes de invención relacionados al PCT: Las solicitudes representan hoy la mayor cantidad de solicitudes recibidas por el INPI (más de 15 mil por año) y son también la de mayor importancia económica porque a través de ellas las grandes corporaciones multinacionales tienen sus derechos de propiedad intelectual (industrial) portegidos en el país.
Las actividades finalísticas del INPI no pueden ser legalmente atribuídas a prestadores de servicios tercerizados em los términos de la Constitución federal y de témino firmado entre el Ministerio Público y el tribunal de Cuentas de la unión, aclaró Galba.
A partir del año 2010 este sector, en el cual 10 funcionarios ejercían la actividad finalística ( el examen formal de solicitudes PCT) con apoyo de dos prestadores de servicios tercerizados pasó por una “reestructuración” con sustitución de la jefatura y en la cual pasó a acumular una serie de nuevas atribuciones teniendo, contradictoriamente, su efectivo reducido primero a 5, después a 4 y finalmente a 3 trabajadores realizando efectivamente el examen (actualmente son apenas 2). Al mismo tiempo, el sector pasó a incorporar más prestadores de servicios tercerizados de la empresa Locanty Comercio y Servicios LTDA, que pasaron de 8 a 10 personas. Con esto, obviamente, ocurrió un proceso de sustitución de trabajo de funcionarios por tercerizados, que siempre fue justificado por las jefaturas con el argumento de que el gobierno “no estaría autorizando concursos”, lo que obviamente no se confirma en la realidad.
Según Galba, estas y otras actividades estarian siendo em poço tiempo transferidas a los prestadores de servicio:
-Este proceso culminó con la tentativa de transferir el examen formal de las solicitudes de patente de invención del PCT a los prestadores de servicios tercerizados, siendo orientados a entrenar a estos en la realización de los referidos exámenes. A partir de ahí que hubo un movimiento de los funcionarios a resistir este proceso de tercerización. La asociación de servidores del INPI (AFINPI), en septiembre de 2011, protocolizó junto a la presidencia y divulgó una carta abierta enumerando las posibles irregularidades que estarían siendo cometidas y realizando aclaraciones.
Sin embargo, delinea el funcionario, el INPI negó cualquier proceso de tercerización y decidió removerlo del sector después de las denuncias.
La administración de la institución resolvió en noviembre abrir un proceso de remoción contra mi, que soy uno de los tres servidores desempeñando la actividad del sector con el objetivo de retirarme de la actividad de examen formal que desempeño desde el 2006. La asociación cuestionó la solicitud de remoción, caracterizándola como una tentativa de retaliación solicitando aclaraciones una vez más, que fueron respondidos por la administración del INPI en el cual simplemente niega el proceso de tercerización y afirma que mi remoción se trata apenas de “mejorar el desempeño del área”. El día 22 de diciembre último fue realizada una reunión entre la asociación y la presidencia del INPI, donde la misma afirmó que iría “apurar las denuncias”.
-El proceso de tercerización em el INPI estaria siendo defebdido por algunas instancias del gobierno federal y por multinacionales, alerta Galba:
Este proceso de tercerización es más amplio, habiendo sido incluso expresado en una reciente declaración del Ministro Aluizio Mercadante, donde se anuncia la intención de tercerizar el examen de patentes como un todo a través de la contartación de “asociados independientes”, de acuerdo al material publicado en el diario Folha de S. paulo, también cuestionado por la asociación, sin respuesta hasta el momento. Esto es muy grave pporque va en el sentido de inviabilizar la propia capacidad del Estado brasilero de promover la política industrial de forma mínimamente soberana y que no sea fundada en la dependencia y la sumisión a intereses de las grandes corporaciones multinacionales.
La preocupación com la integridad de la soberania nacional es el principal motivo de las denuncias y no solamente el proceso de tercerización dentro del INPI, explica Galba:
-Existen hoy centenas de solicitudes aguardando examen en el sector de PCT debido a una reserva hecha entre 2001 y 2004 por la delegación brasilera en la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-Órgano de las Naciones Unidas), en Ginebra, delante de una alteración del artículo 22 del tratado PCT que permitía mayor plazo para que estas solicitudes de patentes entraran en Brasil. Son solicitudes de medicamentos, del área de informática, electrónica, mecánica, etc, casi todos hechos por empresas multinacionales y de gran importancia económica. Al entender de los trabajadores del área estas solicitudes deben ser retiradas debido a la reserva hecha por el gobierno, pero ¿será que un examen hecho por prestadores de servicio de una empresa privada, sujetos a dimisión sin causa y por lo tanto a presiones externas e internas, tendría el mismo resultado? Lo que está en juego es la posibilidad del Estado brasilero de garantizar la soberanía de sus decisiones. Entiendo que es necesario reclamar al gobierno de Dilma una posición clara en el sentido de la defensa de la soberanía nacional.
Su posición de luchar por la construcción de un modelo de desarrollo nacional íntegro y ético viene recibiendo apoyo de diversas entidades y parlamento, recuerda Galba:
-Existe una campaña entre las entidades del funcionariado, con aprobación de pedidos contra mi remoción y contra el proceso de tercerización. Fueron aprobadas mociones en este sentido por diversas asociaciones y entidades sindicales y por la plenaria de servidores federales de la CNESF (Coordinación Nacional de Entidades de los Servidores Federales) del día 11/12/2011, y también la central sindical y popular CSP-Conlutas. También se manifestaron algunos parlamentarios, como los diputados estaduales Marcelo Freixo y Janira Rocha, ésta a través de su asesoría jurídica. Una reunión entre las entidades debe ocurrir todavía en este mes de enero para definir los próximos pasos.
(*) Tomado y traducido de “ De olho nas Patentes”
