La multinacional Novo Nordisk cuenta con el apoyo del Centrão y el Bolsonarismo para ampliar el plazo del monopolio de patentes y prevenir la comercialización de fármacos genéricos contra la obesidad.
El diputado federal Mário Heringer (PDT-MG) habló con CNN este martes (10) sobre el uso de las llamadas «lapiceras adelgazantes». Heringer, autor de la solicitud de urgencia para el análisis del proyecto de ley que declara de interés público los medicamentos Mounjaro y Zepbound, dijo que la ruptura o quiebre de la patente «nos ayuda a avanzar».
ABPI
La Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI) anuncia la creación del Movimiento Brasil por la Innovación, una coalición sin precedentes formada por organizaciones comprometidas con el fortalecimiento de la innovación, la seguridad jurídica y el avance tecnológico en el país.
Al (...)
Río de Janeiro, 2025.
Nosotros, representantes de las entidades de trabajadores abajo firmantes, nos dirigimos a Su Excelencia para expresar nuestra profunda preocupación y vehemente repudio a la Propuesta de Reforma Administrativa, ya sea la del Gobierno Bolsonaro, la PEC 32, o las nuevas versiones, como la elaborada por el Grupo de Trabajo (GT) de la Cámara.
Las discusiones sobre la reforma administrativa, nuevamente en la agenda del Congreso Nacional a través de un Grupo de Trabajo (GT) en la Cámara de Diputados, representan un riesgo real e inminente de contratiempo para la administración pública y para el Estado brasileño. Aunque la infame PEC 32/2020 de Jair Bolsonaro ha sido archivada, su esencia ahora resucita con una nueva estrategia: un enfoque rebanado y una retórica de modernización que enmascara los viejos intereses neoliberales de debilitar el Estado y la precariedad laboral.
La retórica de la "eficiencia" y la manifestación disfrazada
La nueva narrativa abandona el tono abiertamente fiscalista del pasado y adopta términos como la "eficiencia", la "meritocracia", y la gobernabilidad. Sin embargo, como señalan los analistas, se trata de una fachada de la misma agenda: facilitar las garantías de los empleados, socavar la estabilidad y expandir la precariedad. Es una reforma llevada a cabo en capítulos, con apariencia moderada, pero con un profundo y peligroso potencial transformador.
El hecho de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gestión e Innovación (MGI), no haya presentado su propia propuesta da a los parlamentarios, muchos alineados con una visión conservadora y un estado mínimo, mayor libertad para guiar un desmantelamiento. Más que eso, abre espacio para profundizar en el aparato del Estado, con la contratación precaria y electoral, además de imponer una agenda de privatizaciones, prediciendo el acceso a los servicios públicos para millones de ciudadanos que no son "clientes rentables" para grandes conglomerados.
Los Pilares amenazados por la Reforma
Los críticos se centran en los ejes que atacan directamente la estructura de un servicio público profesional e impersonal:
Relativización de la estabilidad: Lejos de ser un privilegio, la estabilidad es un pilar del estado republicano. Garantiza al servidor la autonomía necesaria para resistir las presiones político-partidistas y tomar decisiones técnicas de interés público, asegurando la continuidad de las políticas estatales. La propuesta actual no busca extinguir explícitamente la estabilidad, sino vaciarla por medios indirectos. La ampliación de los contratos temporales y, especialmente, la aplicación de evaluaciones de desempeño con criterios subjetivos y sin control social pueden convertirse en poderosas herramientas de persecución política, creando un entorno de miedo que inhibe la independencia técnica.
Ampliación de la contratación temporal: Una de las estrategias más dañinas es la propuesta de ampliar los contratos temporales hasta diez años. En la práctica, esto crea un mecanismo para sustituir los servidores de carrera, admitidos por la licitación pública, los trabajadores con menos derechos, menos protección y mayor vulnerabilidad. Esta medida no sólo precarifica el trabajo, sino que compromete la memoria institucional y la calidad de los servicios prestados a la población a largo plazo, debilitando el concepto mismo de un Estado como exfiscal de las políticas permanentes. En la práctica, transforma el servicio público en una gran percha de empleos, sin un proyecto nacional, que cambia según el estado de ánimo electoral. Su objetivo, con la relativización de la estabilidad, permitir que se impongan decisiones arbitrarias e incluso ilegales a la administración pública, casi sin resistencia.
Selectividad en los "Prerrogativas de lucha": La reforma demuestra una evidente hipocresía al apuntar a la base del funcionalismo mientras ignora los verdaderos privilegios. Temas como los supersalarios de altas carreras del Poder Judicial, Legislativo y Ministerio Público, que eluden el techo constitucional con dispositivos legales, permanecen intactos. No tocan los privilegios de diputados y senadores, que tienen todos los lujos posibles. Del mismo modo, los privilegios de los militares, especialmente las altas patentes, siguen los vehículos blindados. Esta selectividad revela que el discurso de "privilegios de combate" es una herramienta retórica para justificar el ataque a servidores comunes, para desmantelar las estructuras de atención a la población y no un esfuerzo genuino de equidad.
En una clara paradoja, mientras se dice que la modernización de la gestión, los temas esenciales para cualquier estructura organizativa del siglo XXI se olvidan convenientemente. La principal es la negociación colectiva. Aunque es un derecho previsto en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por el Brasil (como el Convenio 151 de la OIT), su reglamento sigue retrasándose. Una verdadera modernización reconocería a los servidores como interlocutores legítimos en la construcción de políticas, superando la imposición unilateral de normas.
Hay un camino alternativo
El debate promovido por el GT ignora que ya hay medidas de mejora en curso que no requieren una reforma constitucional drástica y arriesgada. La ministra Esther Dweck (MGI) sigue conspirando con estas medidas de desmantelamiento, a pesar de haber señalado al inicio del Gobierno de Lula, un conjunto de actuaciones, como la licitación pública unificada, la reestructuración de las carreras y la actualización de los programas de gestión y actuación, que se estaban discutiendo con los trabajadores.
La reforma que realmente necesita Brasil, como defienden los expertos, es la que se centra en servir a la mayoría de la población, que depende de servicios públicos de calidad, es decir, de la clase trabajadora, no de los grandes grupos económicos que se benefician de la explotación depredadora de estos servicios. El objetivo debe ser fortalecer las políticas que mejoran efectivamente la vida de las personas, no su aplastamiento para satisfacer los intereses del mercado.
Ante este escenario, la articulación y unidad entre las diversas entidades de la clase obrera, especialmente los sindicatos de funcionarios y otras categorías, además de organizaciones estudiantiles y populares, se vuelven urgentes. La estrategia de cortar la reforma requiere una vigilancia constante y una acción coordinada para disputar el modelo de Estado que uno quiere construir. La defensa del servicio público no es una agenda corporativa, sino una bandera en defensa de la democracia, la justicia social y un proyecto de nación soberana.
No una reforma administrativa.
El estado de Sao Paulo reafirma su liderazgo nacional en innovación. En 2024, el índice de innovación y desarrollo de Brasil (IBID) alcanzó los 0,891, lo que equivale a 3,1 veces el promedio del país. En 2025, se mantuvo robusto con 0,872, 3 veces por encima de la media nacional (0.098). La dirección de Sao Paulo es consistente en toda la serie histórica, que comienza en 2014.
panorama farmaceutico
Alexandre Padilha, ministro de Salud, dijo que el gobierno brasileño no tiene la intención de implementar la ruptura de las patentes de medicamentos como respuesta al arancel impuesto por Estados Unidos. La información es del portal Agora RS.
Por Bernardo Gutiérrez
Brasil está en pie de guerra contra el tarifazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gigante sudamericano, el país de la diplomacia cordial que tradicionalmente abre la Asamblea General de la ONU, ha subido el tono contra la amenaza de aranceles del 50% a sus productos por parte de Washington y está protagonizando una dura reacción a las amenazas de Trump.
Por Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (GTPI)
Una carta abierta de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria contra el SIDA (Abia), el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (GTPI) y la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos (Rebrip)
Bruno Bocchini – Agencia Brasil
El Ministro de Salud, Alexandre Padilha, reafirmó el viernes (25), en un evento en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), que el arancel anunciado por Estados Unidos contra Brasil no causará que el ministerio accione contra la propiedad intelectual como forma de represalia. Padilha dijo que el país debería apostar por la negociación y no seguir adelante con los anuncios irracionales del presidente Donald Trump.
agorarn
El gobierno brasileño está considerando suspender patentes sobre medicamentos y semillas agrícolas, así como regalías de la industria cinematográfica y musical estadounidense, en respuesta al arancel del 50% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a los productos brasileños. El recargo entra en vigor el 1 de agosto y afecta directamente a las exportaciones nacionales.
platobr
Encargado de llevar a cabo la reacción del gobierno federal a la tarifa anunciada por Donald Trump, el vicepresidente Geraldo Alckmin, también ministro de Desarrollo y Comercio, comentó sobre la nueva investigación comercial abierta por Washington contra Brasil y dijo que el país no aceptará que los temas políticos interfieran con las disputas económicas.
diap.org.br
El miércoles, los presidentes de los sindicatos centrales del país se reúnen con ministros y empresarios para presentar un conjunto de propuestas ante los impactos de la guerra comercial desencadenada por las medidas proteccionistas de Estados Unidos.
deolhonaspatentes
Ante la amenaza directa de Estados Unidos a la soberanía y la democracia brasileñas, es hora de actuar. La Ley de Reciprocidad Económica (15.122/2025) autoriza a Brasil a suspender las patentes en respuesta a prácticas unilaterales como las anunciadas por el presidente Donald Trump. Y eso es exactamente lo que hay que hacer.
Agencias
Estados Unidos inició una investigación sobre prácticas comerciales “desleales” de Brasil, intensificando la disputa del presidente Donald Trump con la décima economía más grande del mundo por cuestiones que incluyen el caso penal contra su expresidente Jair Bolsonaro.
migalhas
El INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial publicó el manual sobre la caducidad de la patente, previsto en el artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial LPI.
El 11 de junio de 2025, el Senado Federal aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL 466/2022), que confirma la adhesión de Brasil al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganizaciones para los Efectos del Procedimiento en Materia de Patentes. El texto está ahora para su promulgación.
El Patent Index 2024, publicado por la Oficina Europea de Patentes (EPO), revela que Brasil mantiene una presencia constante en el escenario internacional de la innovación, con cerca de 200 solicitudes de patente registradas anualmente. Para el economista portugués Sandro Mendonça, profesor de la ISCTE Business School en Lisboa, estas cifras indican un país con un potencial tecnológico significativo.
gov.br
El derecho de propiedad intelectual es clave para el desarrollo económico, la política industrial y del comercio exterior. Este fue el mensaje principal dejado por el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), el lunes 17 de marzo[EVF1] en la apertura del XXIV Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, en el cual participó virtualmente como ponente.
En 2024, el Congreso Nacional de Brasil comenzó la discusión sobre uno de los temas más polémicos en la ley de propiedad intelectual hoy en día: pueden ser inventores los sistemas (IA)? Presentado en febrero de este año, el proyecto de ley , de autoría del Diputado Júnior Mano (PL-CE), propone modificar la Ley No 9.279/1996 (Ley de la Propiedad Industrial [PI) para permitir que se patenten invenciones generadas de manera autónoma por AI.
