Titular de IMPI, José Rodrigo Roque Díaz,citado por suscribir convenio sin consultar al Congreso
Por haber firmado el Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA) el pasado
11 de julio en Japón, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores,
Defensa Nacional y Educación Pública de la Permanente decidió llamar a
comparecer al secretario de Economía (SE), Bruno Ferrari y al
director general del IMPI, José Rodrigo Roque Díaz.
En la sesión de esta segunda comisión, los senadores y diputados de la
Comisión Permanente rechazaron la firma del ACTA, pues argumentaron que
no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados
Internacionales en Materia Económica. Además, dijeron, se ignoraron las conclusiones aprobadas por el Senado de la República el 6 de septiembre de 2011.
En opinión de los legisladores, el ACTA es un instrumento que puede
vulnerar el orden constitucional y los derechos humanos de los
mexicanos.
Por ello, aprobaron citar a comparecer a los titulares de la Secretaría
de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
También acordaron que un representante de la Secretaría de Relaciones
Exteriores informe las razones por las que, “sin el menor ánimo de
colaboración entre poderes”, se decidió suscribir el convenio
internacional.
Es así que el titular de la SE, Bruno Ferrari García de Alba, y el
director general del IMPI, José Rodrigo Roque Díaz, deberán explicar los
términos en los que se firmó el ACTA y el texto del documento.
En el mismo resolutivo se exhortó al presidente Felipe Calderón a que
realice las gestiones necesarias para que previamente a su ratificación
se establezca una reserva de México.
Dicha reserva, se señaló, a efecto de que no sea aplicable en nuestro
país el Artículo 27 del ACTA, así como cualquier otra disposición que
pueda afectar los derechos fundamentales.
Además, se reconoce la voluntad entre las naciones para preservar y
defender los derechos de la propiedad intelectual y de autor, pero
“dichas acciones no deben dañar” los derechos a la libertad de
expresión, de prensa e información.
En el dictamen se mencionó que en un comunicado del IMPI, el gobierno
federal aseguró que la firma del convenio tiene la finalidad de
“combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y
piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y
artísticas”.
Para ello, estableció “un marco general internacional con el fin de
detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados,
incluyendo su distribución masiva por medios digitales”.
Sin embargo, los integrantes de la Segunda Comisión, que encabeza el
senador del PRD, Leonel Godoy Rangel, no encontraron motivos para variar
su apreciación sobre los riesgos que el ACTA genera en la vigencia de
diversos derechos y libertades en México.
El grupo plural de senadores en septiembre pasado determinó que la
aplicación del ACTA podría resultar en una limitación a la
universalización deseable del acceso a Internet, precisaron.
Además que podría derivar en una censura a los contenidos de ese medio y
restringir la libertad de funcionamiento y neutralidad que en el mismo
debe prevalecer, advirtieron.