El Consejo de Ministros ha aprobado hace días un anteproyecto de Ley de Patentes con el que pretende actualizar la ley vigente del año 1986, bajo el argumento de "simplificar su concesión, fomentar y proteger la innovación y unificar los procedimientos en toda España, profundizar la dependencia de la economía española a los monopolios internacionales.
La ley propuesta es una homogeneización de la ley de patentes a las normativas regionales e internacionales que refuerzan la protección de los monopolios de las patentes de las corporaciones estadounidenses, alemanas, suizas, inglesas, francesas, canadienses y japonesas, principales fuentes de registro de patentes de las transnacionales radicadas o que venden sus productos en España.
La normativa establece un único procedimiento para la concesión de las patentes en toda España, que implicará la realización de dos exámenes previos relacionados a la novedad y la actividad inventiva de las supuestas invenciones debido a la innumerable cantidad de solicitudes de patentes que no poseen altura inventiva alguna y se utilizan para extender a más de 20 años el tiempo de protección de por ejemplo, patentes farmacéuticas, para prolongar el período de ganancias extraordinarias de laboratorios internacionales que venden sus medicinas en el país a precios exhorbitantes, relegando a los medicamentos genéricos de menores costos.
El ministro Soria ha detallado que el anteproyecto de ley adapta la normativa española al ámbito internacional, en especial en lo que se refiere al Convenio de Múnich, que otorga efecto europeo a las patentes españolas, y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (una solicitud de patente simultanea en decenas de países que favorece a los monopolios y corporaciones). Según afirmó el ministro de industria "viene a proteger una invención a nivel mundial".
La ley incluye entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, que extienden durante cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmacéutico o fitosanitario para compensar el plazo que transcurre desde que esta se concede hasta su comercialización, favoreciendo a laboratorios de los Estados Unidos y Europa, principales beneficiarios de la nueva ley.
Así, el gobierno de Rajoy entrega lo que queda de la industria farmaéutica nacional y pone cinicamente como carnada la reducción a la mitad la tasa de solicitud y búsqueda de patentes para emprendedores y pymes, y una reducción de las cargas administrativas, así como una simplificación de las invenciones laborales y las licencias obligatorias -aquellas que, por interés público, el titular de la patente debe dar en todo caso para evitar que una invención quede sin explotar-.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (que coopera con la OMPI, controlada por Estados Unidos, y con la EPO controlada por Alemania) será la única institución que otorgará la fecha de presentación a las patentes que se soliciten, así como la concesión de estas, y solo será necesaria la intervención de un agente de la propiedad intelectual cuando el solicitante sea extracomunitario.
El Gobierno dice que pretende fortalecer el sistema de patentes español y ofrecer a empresarios, emprendedores e instituciones públicas y privadas "una alternativa rápida y eficaz para proteger sus innovaciones" y que "defiende que un sistema de patentes sólido evita además monopolios injustificados, ya que no se da la protección y el derecho de exclusividad que la patente supone a no ser que se justifique realmente la novedad", aunque en realidad, la nueva ley garantizará la extension de las patentes, nuevos usos de medicamentos ya existentes y el aumento de los precios.
Este anteproyecto se trata de un nuevo y nefasto mecanismo de creación de monopolios extranjeros y la entrega de la industria farmacéutica española que extiende por 5 años adicionales la comercialización de medicamentos y bloquean la aparición de medicamentos genéricos más asequibles al pueblo español y un nuevo golpe a la castigada economía nacional.
