La Nación.-
La multinacional Monsanto comenzó a enviar facturas para exigir el pago de un canon por el uso de una tecnología propia en soja, resistente a insectos, a quienes comercializaron el grano y no habían abonado la regalía durante la compra de la semilla.
De esta manera, la empresa sigue adelante con un sistema de control de su tecnología en puertos y acopios pese al anuncio del Gobierno, hace tres semanas, de frenarlo mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). En rigor, ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dio marcha atrás con la advertencia oficial: ahora, según el funcionario, lo que fue una promesa de DNU "lo más probable es que se termine mandando como una ley al Congreso".
A través de un DNU, el Gobierno se proponía establecer que cualquier pago por la propiedad intelectual de una tecnología debía hacerse en el momento de la compra de la semilla. Así, buscaba dejar abstracta una cláusula que impulsó Monsanto en los contratos de compraventa de granos, que habilitaba el control con un test en la entrega del grano.
El proyecto de ley que se enviará al Congreso conservaría ese espíritu: toda la tecnología se deberá pagar sólo en la compra de la semilla. Además, se creará un registro de usuarios de uso propio -modalidad por la cual un productor se guarda semilla de una cosecha para volver a sembrarla- para evitar el mercado informal, y habrá un fideicomiso al que aportarán productores grandes para incentivar la inversión en semillas. El riesgo que corre el proyecto es que llegue tarde si se profundiza el conflicto.
Pese a esto, Monsanto avanza con su estrategia. Un reconocido acopio de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, que además tiene concesionarios de camionetas, recibió facturas en las que la multinacional le exigía el pago de un canon de US$ 15 por tonelada por haber comercializado soja con su tecnología. Según trascendió, a la empresa chaqueña le llegaron cuatro facturas con el reclamo de cerca de $ 20.000 por la presencia de productos de Monsanto en unas 120 toneladas de soja vendidas. El acopiador había operado con el exportador Noble, una de las firmas que aceptaron la cláusula de Monsanto.
LA NACION se comunicó con la firma chaqueña. Una persona que atendió confirmó el recibo de las facturas, pero se excusó de dar más precisiones hasta hablar con el directorio. Sólo añadió: "Eso fue por soja que nos entregaron productores. Nosotros hicimos los contratos de granos sin la cláusula".
En Monsanto, una fuente dijo que la empresa chaqueña en realidad "firmó la licencia de uso de la tecnología ante escribano público", con lo cual había comprometido su pago.
Agregó que "hay otros casos" a los que también se enviaron facturas para exigir el cobro, pero que "son aislados", ya que "el 70% pagó por anticipado".
Ayer, el jefe de Gabinete, sin nombrar a Monsanto y la cláusula que impulsó la empresa, señaló que "no está bien que manu militari uno le imponga a un chacarero un contrato a firmar".
En este contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) envió una requisitoria a la Administración Nacional de Patentes para que le informe si Monsanto tiene patentada la tecnología por la cual reclama el canon. "En el sector hay dudas sobre la existencia de la patente", dijo Carlos Vila Moret, director de la entidad rural.
En la multinacional sostienen que desde 2007 hay más de una patente protegiendo sus derechos.
