El flamante Tratado de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) firmado por países de la región, Estados Unidos y de la costa asiática generó preocupación en entidades sanitarias, ya que el acuerdo podrá imponer restricciones en la llegada de fármacos, o elevará su precio. Las multinacionales se quedarán con las patentes de los fármacos biológicos y complejos.
Considerada la zona de libre comercio más grande del planeta, el
Tratado de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés)
acaba de firmarse luego de años de negociaciones. La zona franca incluye
a tres países de la región –Chile, Perú y México –más Estados Unidos,
Japón, Australia y varios países de la zona asiática. La “letra chica”
del convenio, celebrado por entidades como el FMI, preocupa a entidades
sanitarias. Es que muchos aseguran que el acuerdo traerá peligrosas
restricciones para los medicamentos en las naciones en desarrollo, que
cambiarán algunos beneficios económicos por restricciones en patentes de
fármacos biológicos y complejos. Entidades de bien público denuncian
que las multinacionales farmacéuticas se esconden detrás de la firma.
Organizaciones de Chile, México y Perú expresaron en una carta
pública a los presidentes de los tres países su “profunda preocupación”
por las consecuencias del TPP en el acceso a medicamentos esenciales,
además de los derechos individuales en internet y la protección al
consumidor. La carta señala también que “nos alarma especialmente
que bajo las normas estatales de solución de controversias sobre
inversión propuestas por el TPP, las grandes empresas podrán demandar a
los Estados ante un tribunal comercial privado internacional, por
introducir nuevas leyes como, por ejemplo, de protección al consumidor”.
En otras palabras, las multinacionales apelarán al tratado para cobrar
más y más tiempo patentes, lo que puede perjudicar en el acceso a
tratamientos.
Por su parte, desde Médicos sin Fronteras remarcan que el TPP “tendría implicaciones negativas para los pacientes y los proveedores de tratamientos en los países de desarrollo”, según palabras de Judit Rius, directora y asesora jurídica de la campaña de Acceso a Medicamentos de la ONG.
“Los grandes perdedores en el TPP son pacientes y proveedores de tratamiento en los países en desarrollo. Aunque el texto ha mejorado ante las demandas iniciales, el TPP todavía pasará a la historia como el peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, que se vio obligado a cambiar sus leyes para incorporar abusivas defensas a la propiedad intelectual para las compañías farmacéuticas”, señaló.
Rius explicó que México, Perú, Vietnam y Malasia son los cuatro países que verán mayores afectaciones, pues no tenían ninguna obligación de dar protección “monopolística” en la industria. “México tendrá que cambiar sus leyes, y deberá crear está obligación para los productos biológicos, que antes no existía. Se encarecerán los productos farmacéuticos en el país”, indicó.
En cuanto al documento firmada por siete organizaciones y por la oficina de Consumers International para América Latina, señala que lo poco conocido hasta ahora del contenido del TPP permite vislumbrar “un difícil futuro no solo para ciudadanos de nuestros países que verán complicado su acceso a medicinas esenciales, sino para los propios Ministerios de Salud y las políticas públicas de salud”. Los firmantes advierten asimismo que “todos nuestros derechos en internet pueden verse conmocionados por los obstáculos que plantea este tratado al acceso al conocimiento”.
Esas leyes pueden abarcar desde normativas sobre etiquetados de alimentos y bebidas hasta servicios financieros y otras medidas a favor de los consumidores. Las entidades firmantes reclaman a los presidentes de los tres países asegurarse de “que cualquier política pública que proteja a los consumidores de eventuales abusos o favorezca sus intereses, se exceptúe de caer bajo el sistema de arbitraje inversor-Estado”.
Desde 2010, 12 países negocian en secreto el TPP con el fin de liberalizar el comercio de sectores como empresas públicas, internet, cultura, ambiente, propiedad intelectual, inversiones y acceso a mercados, entre otros. Los países incluidos en el acuerdo son Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México.
El presidente estadounidense, Barack Obama, que ha presionado para que avance este acuerdo y otro con la Unión Europea, alcanzó una importante victoria esta primavera al conseguir que el Congreso acepte el trámite de pactos comerciales por la vía rápida, con lo que sólo podrán aprobarlos o rechazarlos, pero no enmendarlos. No obstante, no se espera que el pacto pueda someterse a voto en el Congreso hasta el próximo año.
Obama sostuvo que el TPP “nivelará el campo de juego” para los trabajadores y empresas de su país. En un comunicado divulgado el lunes, Obama aseguró que los estadounidenses tendrían meses para prepararse para el pacto antes de que lo promulgue.
Ricardo Romay, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), señaló que el acuerdo afecta a la industria nacional, pues los medicamentos nuevos tardarían en salir como genéricos a precios accesibles para los programas de salud del propio gobierno y para el resto del mercado. Sin embargo, Ignacio García-Téllez, director de Economía en Deals Salud de la consultora PWC, señaló que al fortalecerse la protección intelectual, se otorga mayor certidumbre a la industria farmacéutica innovadora, para poder desarrollar sus protocolos de distinción e incluso tener parte de su producción en el país.
Aunque se desconocen los aranceles y reglas fijados para los productos que podrán ser intercambiados entre las 12 naciones participantes, el sector automotriz y el de medicamentos destacaron como los más controvertidos durante los cinco años de negociación del TPP. Al respecto, Francisco de Rosenzweig, subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía de México dijo que la dependencia cuidó los intereses de la industria automotriz.
Por su parte, desde Médicos sin Fronteras remarcan que el TPP “tendría implicaciones negativas para los pacientes y los proveedores de tratamientos en los países de desarrollo”, según palabras de Judit Rius, directora y asesora jurídica de la campaña de Acceso a Medicamentos de la ONG.
“Los grandes perdedores en el TPP son pacientes y proveedores de tratamiento en los países en desarrollo. Aunque el texto ha mejorado ante las demandas iniciales, el TPP todavía pasará a la historia como el peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, que se vio obligado a cambiar sus leyes para incorporar abusivas defensas a la propiedad intelectual para las compañías farmacéuticas”, señaló.
Rius explicó que México, Perú, Vietnam y Malasia son los cuatro países que verán mayores afectaciones, pues no tenían ninguna obligación de dar protección “monopolística” en la industria. “México tendrá que cambiar sus leyes, y deberá crear está obligación para los productos biológicos, que antes no existía. Se encarecerán los productos farmacéuticos en el país”, indicó.
En cuanto al documento firmada por siete organizaciones y por la oficina de Consumers International para América Latina, señala que lo poco conocido hasta ahora del contenido del TPP permite vislumbrar “un difícil futuro no solo para ciudadanos de nuestros países que verán complicado su acceso a medicinas esenciales, sino para los propios Ministerios de Salud y las políticas públicas de salud”. Los firmantes advierten asimismo que “todos nuestros derechos en internet pueden verse conmocionados por los obstáculos que plantea este tratado al acceso al conocimiento”.
Esas leyes pueden abarcar desde normativas sobre etiquetados de alimentos y bebidas hasta servicios financieros y otras medidas a favor de los consumidores. Las entidades firmantes reclaman a los presidentes de los tres países asegurarse de “que cualquier política pública que proteja a los consumidores de eventuales abusos o favorezca sus intereses, se exceptúe de caer bajo el sistema de arbitraje inversor-Estado”.
Desde 2010, 12 países negocian en secreto el TPP con el fin de liberalizar el comercio de sectores como empresas públicas, internet, cultura, ambiente, propiedad intelectual, inversiones y acceso a mercados, entre otros. Los países incluidos en el acuerdo son Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México.
El presidente estadounidense, Barack Obama, que ha presionado para que avance este acuerdo y otro con la Unión Europea, alcanzó una importante victoria esta primavera al conseguir que el Congreso acepte el trámite de pactos comerciales por la vía rápida, con lo que sólo podrán aprobarlos o rechazarlos, pero no enmendarlos. No obstante, no se espera que el pacto pueda someterse a voto en el Congreso hasta el próximo año.
Obama sostuvo que el TPP “nivelará el campo de juego” para los trabajadores y empresas de su país. En un comunicado divulgado el lunes, Obama aseguró que los estadounidenses tendrían meses para prepararse para el pacto antes de que lo promulgue.
Ricardo Romay, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), señaló que el acuerdo afecta a la industria nacional, pues los medicamentos nuevos tardarían en salir como genéricos a precios accesibles para los programas de salud del propio gobierno y para el resto del mercado. Sin embargo, Ignacio García-Téllez, director de Economía en Deals Salud de la consultora PWC, señaló que al fortalecerse la protección intelectual, se otorga mayor certidumbre a la industria farmacéutica innovadora, para poder desarrollar sus protocolos de distinción e incluso tener parte de su producción en el país.
Aunque se desconocen los aranceles y reglas fijados para los productos que podrán ser intercambiados entre las 12 naciones participantes, el sector automotriz y el de medicamentos destacaron como los más controvertidos durante los cinco años de negociación del TPP. Al respecto, Francisco de Rosenzweig, subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía de México dijo que la dependencia cuidó los intereses de la industria automotriz.
