elconfidencial.com.- Lo dice Florian Mueller, una autoridad mundial en la concesión de patentes:
“La información más reciente sería impensable en cualquier lugar en el
mundo civilizado, pero la Organización Europea de Patentes, simplemente,
no es parte del mundo civilizado”. Hay quien habla, incluso, que la oficina es hoy la última dictadura en suelo europeo.
¿A qué se refiere el alemán Mueller? Pues ni más ni menos a que al clima de pánico laboral y terror psicológico se ha instalado entre muchos de los casi 7.000 empleados de la Oficina Europea de Patentes (EPO, según
sus siglas en inglés). Los representantes sindicales denuncian que en
los últimos años se han producido al menos cinco suicidios (un empleado
se precipitó por la ventana en julio de 2013 en la oficina de La Haya) y
muchos otros estarían sufriendo una enorme presión psicológica para que concedan patentes sin apenas verificar su calidad técnica.
Lo importante, aseguran las fuentes, es la productividad, aunque determinadas patentes se invaliden a posteriori. Ya existen denuncias -amparadas
en documentos internos de la propia oficina de patentes- que revelan
cómo determinadas grandes corporaciones se benefician de un trato preferencial respecto de las pequeñas empresas a la hora de resolver los expedientes de verificación.
Casi
2.000 trabajadores se manifestaron recientemente en las calles de
Munich contra la gestión del presidente y del equipo directivo
El último incidente se produjo el pasado 13 de noviembre, viernes, cuando dos empleados, uno de ellos español, Jesús Areso, y otro francés, Laurent Prunier,
fueron conminados a declarar en la Oficina de La Haya ante la Unidad de
Investigaciones de la EPO enviada por su presidente, el francés Benoît Batistteli. El sindicato SUEPO -que agrupa a los empleados de la oficina de patentes- denunció
que tras esos interrogatorios -con un claro interés intimidatorio-,
ambos tuvieron que ser evacuados con urgencia al hospital. Uno de los
empleados había sufrido un fuerte ataque de nervios y otro, por motivos
similares, tuvo que ser ingresado. Prunier continúa con baja médica.
Hay más. Algunos funcionarios han sido apartados de su puesto de trabajo y otros han denunciado ante
los tribunales la persecución que sufren. Al menos, tres representantes
de los trabajadores han sido apartados de su puesto en Múnich, Elisabeth Hardon, Ion Brumme y M. Weaver, y otros dos en La Haya. El vicedefensor de los ciudadanos franceses en el exterior, el socialista Pierre-Yves Le Borgn, ha pedido
explicaciones públicas al presidente de la EPO por el clima de
represión y se lo ha comunicado de forma oficial al ministro galo de
Economía, Emmanuele Macron, para que tome cartas en el asunto.
Malas prácticas
Le Borgn denuncia en su carta la existencia de duros interrogatorios realizados con una “violencia inusual” que
han dejado a algunos empleados en un estado de 'shock' y que los han
obligado a recibir tratamiento médico. Ni los derechos humanos ni las
leyes laborales pueden quedar fuera de la sede de la Oficina Europea de
Patentes, recuerda el alto cargo francés en su misiva, quien pide, a su
vez, que los países miembros denuncien esas prácticas.
Algunos
funcionarios han sido apartados de su puesto de trabajo y otros han
denunciado ante los tribunales la persecución que están sufriendo en el
trabajo
La situación ha llegado a tal extremo que, un hecho
inaudito en este tipo de instituciones internacionales en las que
trabajan funcionarios de muchos países con culturas muy distintas, casi
2.000 trabajadores se manifestaron recientemente en las calles de Múnich
contra la gestión del presidente -apoyado por España- y del equipo
directivo, a quienes acusan de nepotismo y de irregularidades
comprando voluntades. Al fin y al cabo, como sostiene una fuente que
prefiere mantenerse en el anonimato, el voto de un representante de Albania o Macedonia vale
lo mismo que el de Alemania, lo que facilita las componendas en forma
de viajes, dietas, servicios médicos o ingresos extraordinarios. Algo
muy parecido a lo que sucede en la FIFA en el proceso de toma de
decisiones, donde los países con menos recursos se pliegan a las
decisiones a cambio de dinero.
El escándalo ha saltado
ya a las páginas de algunos grandes periódicos europeos, y hasta el
comisionado alemán para la Protección de Datos ha reclamado a la Oficina
Europea de Patentes que respete los derechos de los trabajadores. En la
prensa holandesa, incluso, se habla de que en la EPO se ha instalado un régimen de terror hacia los trabajadores que se remueven contra las decisiones arbitrarias de sus superiores.
Propaganda nazi
El
presidente de la EPO, Benoît Battistelli, rechaza estas acusaciones, y
en una carta enviada al ministro francés de Economía achaca los
incidentes a los propios representantes de los trabajadores y a una “campaña de difamación”
contra su persona. Incluso habla de que un alto funcionario de la EPO
fue apartado de su función porque se le relacionó con la fuga de
documentos confidenciales, incluso de haber almacenado armas y
propaganda nazi en su oficina.
Algunos diputados del Parlamento
europeo ya se han interesado por el clima de pánico laboral que anida en
la EPO, copada, según los sindicatos, por funcionarios franceses afines
al presidente, que serían su guardia pretoriana. Hasta Estrasburgo ha
llegado la queja de que en algunos ordenadores de acceso público se
hubieran instalado dispositivos con cámara y equipo de espionaje para registrar los escritos de los empleados. A la EPO se la ha acusado desde diferentes instancias de no contar con una sala de apelación
suficientemente independiente. En esa sala, se ventilan los recursos
presentados contra decisiones de la propia organización de patentes.
La
oficina es una organización de carácter internacional creada al amparo
de la Convención Europea de Patentes de 1973, que cuenta con sus propias
condiciones de trabajo y tiene sedes en Múnich, La Haya, Berlín y
Viena. Sus socios son todos los miembros de la Unión Europea (UE) más
una decena de países del continente (Suiza, Noruega, Turquía. Albania o
la República Serbia), y está dirigida desde 2010 por el francés Benoît Batistteli, a quien se sitúa en el ojo del huracán, y que cuenta con el respaldo de España.
Batistteli,
de hecho, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Menéndez
Pelayo en julio de 2014. El representante español en la OEP es Alberto Casado, elegido
vicepresidente por cinco años en 2012 y anterior director general de la
Oficina Española de Patentes y Marcas. La actual directora general es Patricia García-Escudero, hermana del presidente del Senado, que llegó al cargo tras un polémico nombramiento. Fue elegida sin que se agotaran los plazos administrativos.
Como sostiene la prensa alemana, el problema es que la Oficina Europea de Patentes es un estado dentro del Estado, ya que funciona con sus propias leyes.
El presidente, según los estatutos, dispone de amplios poderes y su
única supervisión legal radica en el consejo de administración, donde
están representados los 38 países miembros. Por lo tanto, las reglas del juego
que se aplican en Holanda o Alemania no se ejercen en la EPO. En
palabras de alguien que conoce bien la organización por dentro, la EPO
“se ha situado fuera de cualquier control”.
