Swissnotice.-
Ginebra, Suiza.- las oficinas de patentes, incluyendo la propia OMPI,
se encuentran en serias dificultades como consecuencia del elevado número de
solicitudes de patentes en trámite pendientes de resolución (concesión o
denegación) que se acumulan a lo largo de los años de no aplicarse métodos eficientes de administración.
La presión mundial sobre las oficinas de patentes provocadas por un aumento en el
número de solicitudes impacta en las estructuras administrativas y son la principal preocupación de las empresas y sus bufetes de abogados: se trata del denominado BACKLOG.
En una reciente visita a Suiza de representantes de estudios de abogados de la propiedad industrial de Argentina se informó del retraso
en el análisis de patentes superior a 29.000 expedientes: casi 10 veces más que en la oficina de los EEUU (USPTO).
"Si se tienen en cuenta las más de 4.000 solicitudes de patentes por año que se presentan en Argentina, y la acumulación de trámites existentes, el tiempo estimado de resolución sería superior a 10 años, a un ritmo de trabajo medio de oficinas mundiales de patentes, confirmándose así uno de los peores momentos de la historia de las patentes en ese país", afirmaron los representantes legales..
"Si se tienen en cuenta las más de 4.000 solicitudes de patentes por año que se presentan en Argentina, y la acumulación de trámites existentes, el tiempo estimado de resolución sería superior a 10 años, a un ritmo de trabajo medio de oficinas mundiales de patentes, confirmándose así uno de los peores momentos de la historia de las patentes en ese país", afirmaron los representantes legales..
Según relataron las mismas asociaciones de agentes de la propiedad industrial, el flamante presidente
del INPI argentino, el abogado Dámaso Pardo, se ha encontrado a su llegada con un gerente de
Administración nombrado por el anterior
presidente del INPI, solo 2 meses antes del propio Pardo asumir.
El médico Sebastián Bideberripe, ha pasado
por varias funciones de tercera categoría durante el gobierno kirchnerista, y se encuentra ahora a
cargo de la nueva administración general del organismo de propiedad industrial de la Argentina (INPI).
Desde Ginebra, los portavoces aseguran que
el médico ingresó más por influencias políticas de la anterior gestión de
gobierno, que por antecedentes
profesionales. Según los voceros de los estudios, Bideberripe designó
desde su llegada en la administración, a más 15 funcionarios con contratos cercanos a los
100.000 pesos argentinos (U$S 6600) cada
uno.
De acuerdo a los propios integrantes de
los bufetes de abogados, estos salarios
duplican o triplican lo percibido por los funcionarios públicos de carrera del
INPI que oscilan entre 1000 y 2500 dólares mensuales, situación que resulta irritante para el personal de esa institución y para los propios empleados de los estudios que concurren al INPI a realizar trámites de marcas, patentes o diseños industriales.
Los nuevos funcionarios designados por el Administrador General han sido
desplegados por los distintos sectores de la institución de propiedad industrial (reemplazando a otros
que fueron desplazados de sus cargos), con el propósito de restar capacidad de decisión
al propio presidente del organismo, Dámaso Pardo, y tener más
control del Administrador sobre la compra de insumos, contrataciones, gastos y personal.
Con una oficina de patentes al
borde del colapso, salarios deprimidos por la inflación y un sistema administrativo en manos poco profesionales, los representantes de
propiedad industrial consideraron muy difícil reducir el "backlog" de la
oficina de patentes de la Argentina en los próximos años, poniéndose en riesgo las inversiones en el país, la gobernanza del INPI, y la facturación de los estudios de abogados y sus clientes, principales usuarios del sistema de patentes .
