Infobae.- El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un proyecto para modificar la actual Ley de Semillas,
que se promulgó en 1973, mientras que unas 30 organizaciones reclaman
ingresar en el debate de la iniciativa que se encuentra en absoluto
secreto.
Actualmente en Argentina conviven dos sistemas de propiedad intelectual que ofrecen niveles desiguales de protección: la Ley de Semillas, que ampara las mejoras efectuadas por cruzamiento, beneficiando a las empresas locales; y la Ley de Patentes, que contempla las innovaciones realizadas por ingeniería genética, y que resguarda a las multinacionales.
La Ley de Semillas reconoce a quien obtiene una nueva variedad de semilla –denominado el "obtentor"– el derecho exclusivo para su explotación comercial, pero por un lapso de tiempo determinado.
No obstante, hay dos excepciones legales a favor del agricultor para que pueda resembrar las semillas obtenidas en la cosecha sin pagar: el llamado "derecho al uso propio",
que autoriza a resembrar las semillas obtenidas en cada cosecha sin
tener que pedir autorización o pagar por ello al obtentor de la
variedad; y "la excepción del fitomejorador". En este
caso, se permite utilizar libremente cualquier variedad comercial como
herramienta de investigación y desarrollo de nuevas variedades
vegetales.
Estas dos excepciones al derecho del obtentor consagradas en la ley
argentina respetan el Convenio de la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales celebrado en 1978 (UPOV 78), al
cual Argentina adhirió.
El problema surge porque las multinacionales semilleras para defender sus inversiones apelan a la Ley de Patentes.
"Así, impiden que el agricultor ejerza "el derecho al uso propio", o
utilice libremente las semillas para desarrollar tecnología local, que
sí contempla la Ley de Semillas. Un conflicto que hasta el momento,
Monsanto dirime en la Justicia", expresó el análisis de OPPLEC.
A fines de junio el Gobierno anunció que enviará el proyecto oficial para contar con una nueva Ley de Semillas, consensuada con los actores de la cadena agraria, según dijo el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile.
"Más allá de los reclamos puntuales sobre el contenido de la
modificación de la ley, unas 30 organizaciones sociales, políticas,
campesinas, ambientales y estudiantiles realizaron una presentación ante
el Ministerio de Agroindustria para exigir la inmediata difusión del Anteproyecto de Ley de Semillas que se está negociando en absoluto secreto", indicó el análisis de OPPLEC.
"El que controla la semilla tiene la capacidad de incidir en la toda cadena de valor de la producción de alimentos, y puede condicionar los resultados de cualquier política agrícola y alimentaria", advirtió Anabel Marin, investigadora del CONICET especializada en innovación.
Al mismo tiempo el informe destaca que la investigación pública en
materia de semillas ha ido perdiendo cada vez mayor importancia, para
dar paso a la investigación privada, la cual es relativamente pobre, dado que se orienta casi de manera exclusiva hacia las especies agrícolas más demandadas a nivel comercial, dando como resultado un empobrecimiento de la diversidad cultivada.
"Como instrumento de una política, la sospecha sobre la nueva Ley de Semillas es que implicaría un modelo de adopción de tecnologías importadas, en detrimento del desarrollo de tecnología local", puntualizó OPPLEC.
"Tomamos tecnología importada para la producción, porque no hubo suficiente para poder avanzar sobre eso. Faltó articulación entre ciencia y tecnología y una política industrial,
y la complementación con Brasil. No hay un consenso, por eso la ley no
sale (no se expone públicamente). El que domina el modelo productivo es
el que domina la innovación. Atrás hay un campo de conocimiento que va a
tener productos más allá de los transgénicos", señaló en una entrevista
radial el economista del CONICET, Sebastián Sztulwark.
