La Nación.- La discusión por patentes volvió a la escena y reabrió
una histórica grieta entre el Gobierno y los laboratorios nacionales,
que ya se aprestan a hacerla pública con diversas denuncias ante la
justicia y publicaciones en medios masivos.
El disparador fue la
Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI), que estableció, en pocas palabras, que los estudios realizados
por oficinas nacionales de patentes de otros países podían ser
considerados a la hora de otorgar o negar un pedido en la Argentina.
Desde
Cilfa, la cámara que reúne a la industria farmacéutica nacional,
aseguran que la norma "vulnera principios contemplados en seis leyes, y
además va a permitir 'importar' patentes extranjeras subordinando la
soberanía sanitaria y científica nacional en favor de intereses
económicos de otros países".
La
cámara farmacéutica no sólo tiene previsto presentar una amparo ante la
Justicia para frenar la aplicación de la resolución, sino que, además,
según confirmaron a LA NACION y consta en el texto que harán público en
los próximos días mediante solicitadas en medios masivos, también prevé
denunciar al titular del INPI, Dámaso Pardo.
"Esta
medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de
los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los
presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados",
señala el texto. "Tendrá, además, un efecto negativo sobre el empleo,
las inversiones y el desarrollo de la industria argentina", alerta.
Pero
fuentes del Ministerio de Producción dejaron trascender que no habría
vocación de dar marcha atrás con la resolución. "El antecedente [del
estudio hecho por otras oficinas nacionales] no es vinculante: el INPI
luego del exhaustivo proceso de análisis, podrá otorgar o denegar la
patente de acuerdo a los criterios de novedad, altura inventiva y
aplicación industrial tal como lo establece la normativa. Bajo ningún
aspecto esto significa delegar soberanía de ningún tipo en propiedad
intelectual", dijeron al ser consultadas por LA NACION.
En
la actualidad, señalaron desde el ministerio que conduce Francisco
Cabrera, el INPI tiene unos 28.000 expedientes de solicitud de patentes
sin resolución. "Un 60% no tiene relación con la industria farmacéutica o
biotecnológica. La resolución permite avanzar en el estudio de estos
expedientes a fin de ayudar a las industrias", explicaron. "Pero no
afecta la calidad del examen de la patente. La ventaja de este
procedimiento es que acelera el proceso y reduce los costos asociados
evitando dobles esfuerzos. Pone a la Argentina en sintonía con la
región. El mismo procedimiento ha sido adoptado por Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay", aseveraron.
Una discusión de fondo
Pero
en los laboratorios ven en la resolución del INPI un primer paso para
terminar de habilitar la discusión de patentes, que hace años reclaman
las empresas extranjeras.
Incluso, desde las compañías nacionales,
afirman que la norma del INPI favorecerá lo que en la industria se
conoce como "evergreening", que es la posibilidad de que a un mismo
medicamento se le extienda la patente por un período de 20 años,
simplemente modificándole levemente su composición molecular.
"Afuera,
en el exterior, está la costumbre de patentar todo. Uno puede cambiarle
el uso o una pavada a un remedio y conseguir una nueva patente. Con lo
cual si el INPI toma todo tal cual llega del exterior va a ser un
descontrol y va a perjudicar mucho a la industria local", se sinceró el
responsable de un laboratorio nacional, que pidió no ser identificado.
"El Gobierno para arrimarse al mundo transa en cosas que no le
convienen", sentenció.
Anteayer, tras una acalorada discusión
entre los directores de la cámara, los laboratorios nacionales se
decidieron a dar batalla. El conflicto recién comienza.
