Marcos Piña.-
"La empresa PAGBAM PI es una firma que provee una amplia gama de servicios relacionados con la protección y el cumplimiento de todos los derechos de Propiedad Intelectual, desde las áreas más tradicionales, como patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales y comerciales, diseños industriales y variedades vegetales, hasta las manifestaciones más recientes, como los nombres de dominio, Internet y derechos de privacidad. Asimismo, contamos con experiencia en derechos de publicidad y marketing.
El grupo de Propiedad Intelectual cuenta con un equipo multidisciplinario capaz de asistir a nuestros clientes en casos complejos. Abogados, ingenieros, químicos, asistentes legales y personal administrativo trabajan en conjunto para brindar una óptima calidad de servicios legales y una solución personalizada a cada cliente.
A través de nuestra red de corresponsales prestamos servicios relacionados con la Propiedad Intelectual en todos los países de América Latina. Nuestra organización nos permite además administrar una cartera local o regional de patentes, marcas y derechos de autor de compañías multinacionales.
Estamos convencidos de que abordar las necesidades de nuestros clientes desde un enfoque proactivo redunda en beneficio de estos. Por ello dedicamos una parte importante de nuestra práctica al asesoramiento legal a fin de encontrar la mejor manera de proteger los activos intangibles. La experiencia nos ha demostrado que en la mayoría de los casos un asesoramiento legal oportuno evita un litigio innecesario.
Pese a ello, en caso de que surgiera la necesidad de litigar, contamos con un equipo completo y multidisciplinario de abogados, químicos e ingenieros que goza de una fuerte reputación en los Tribunales Federales. Ellos se encuentran preparados para enfrentar cualquier disputa referida a los derechos de Propiedad Intelectual".
Esta presentación corresponde al estudio jurídico PAGBAM, siglas de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). PAGBAM PI se fundó originalmente en 1995 cuando los doctores Fernando Alonso y Dámaso Pardo decidieron establecer su propio estudio. La práctica se inició con el nombre de Alonso, Pardo & Asociados.
En el año 2001, Alonso, Pardo & Asociados y el estudio de práctica general y corporativa Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) decidieron "combinar sus prácticas y establecer una alianza estratégica", afirman los socios.
Antes de asumir el pasado mes de junio en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo debió suspender su matrícula de agente de la propiedad industrial ante el INPI, como así también renunciar a la participación societaria que mantenía en la firma PAGBAM: como se aprecia, la incompatibilidad es manifiesta.
Su socio, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo) fue quien realizó lobby ante el gobierno para lograr ubicarlo al frente del INPI controlando, ya no desde afuera, sino ahora desde adentro, todos los procesos de resoluciones de marcas y patentes en el país. En Argentina alrededor del 50% de las solicitudes de marcas y el 90% de las patentes pertenecen a empresas extranjeras. Se sabe que este estudio de abogados fue además socio aportante de la campaña presidencial de Mauricio Macri.
PAGBAM no solamente se ha dedicado a la propiedad industrial, sino también a defender los intereses de las empresas transnacionales contra el Estado argentino ante el CIADI y demas tribunales internacionales. El presidente del INPI trabajó antes como abogado de empresas sobre las que ahora debe decidir otorgar derechos exclusivos de explotación por 20 años.
El socio en PAGBAM especialista en marcas y docente en la Universidad del Opus Dei (Univ.Austral), Dámaso Pardo, es el encargados de garantizar los nuevos negocios que se van a generar a partir de la concesión de patentes biotecnológicas y farmacéuticas en Argentina.
Confirmando esto, Pardo emitió una resolución administrativa publicada en el boletín oficial a la medida de las empresas extranjeras en la Argentina que impacta directamente en los intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos nacionales quienes ocupan un 50 % del mercado de los medicamentos en el país.
Esta resolución ha sido duramente fustigada por las cámaras farmacéuticas locales, quienes ven a esta decisión inconstitucional y violatoria de varias leyes nacionales. Esta resolución permite que oficinas de patentes de otros países decidan sobre el patentamiento en nuestro país, pues mediante una simple instrucción se faculta a los examinadores de patentes argentinos a dar por válidos los resultados de patentabilidad resueltos por examinadores de EEUU, Unión Europea o Japón, quienes poseen más del 90% de las patentes del Mundo.
Con esta resolución la oficina de patentes de Argentina se convierte en un simple registro que permitirá sin embargo otorgar un monopolio para cada uno de los productos que presenten las empresas extranjeras concentrando aún más la economía en manos de las empresas y aumentando las ganancias del sector farmacéutico transnacional en el mercado argentino.
Pardo y su banda están consumando una gran maniobra jurídica y económica para lograr que sus habituales clientes se hagan de un botin de millones de dólares al conceder patentes a estas empresas, ahora desde adentro del INPI, obligando a su empleados a cumplir con la Resolución 56 /2106.
Los examinadores de patentes argentinos deberán aprobar los informes de búsqueda internacional y exmen de patente realizados por oficinas extranjeras que contemplan,por ejemplo, los segundos usos farmacéuticos, las variedades vegetales o las patentes de software.
Esta resolución administrativa "fast track", transfiere la decisión soberana de conceder o denegar patentes a organismos extranjeros o supranacionales. Dámaso Pardo y el gobierno de Macri, como agentes personeros estadounidenses en Argentina, pretender modificar la ley de patentes nacional, invocando convenios con otras oficinas pasando por alto al Congreso Nacional y usurpando sus funciones.
El zorro Pardo fue colocado en el gallinero (INPI) para desplumar a las empresas farmacéuticas nacionales, la sociedad argentina y apoderarse definitivamente del mercado de medicamentos local.
