eldiario.es.- "Quiero que los periodistas, editores y
autores reciban una justa remuneración por su trabajo, se lleve a cabo
en un estudio o en el salón de su casa, se difunda en línea o fuera de
línea, se publique mediante una fotocopiadora o un hipervínculo
comercial en la web". Esto es lo que ha dicho este miércoles Jean-Claude
Juncker, presidente de la Comisión Europea, en su discurso sobre el
estado de la Unión en Estrasburgo.
Para conseguirlo, la Comisión Europea propone entre otras
cosas hacer que los agregadores de noticias, plataformas de contenidos y
redes sociales paguen a las empresas editoras de las noticias por usar,
total o parcialmente, contenidos que no son suyos. Según la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se trata de
unos "derechos conexos", cuyo objetivo es "proteger los intereses
legales de personas físicas o jurídicas que contribuyen a hacer un
contenido accesible al público".
La diferencia entre Europa y España se llama CEDRO
Si esta regulación produce una cierta sensación de deja vu, es porque en España ya la tenemos, se llama canon AEDE
-Tasa Google para los amigos- y es parte del artículo 32.2 de la nueva
Ley de Propiedad Intelectual. La importantísima diferencia es que el
modelo propuesto por la Comisión no es obligatorio. Las empresas de
noticias tendrían derecho a reclamar ese dinero pero también pueden
renunciar a hacerlo. Y tampoco hay un cobrador intermediario que se
beneficia del proceso sin haber producido contenido alguno.
En España, el cobro de estos derechos "conexos" es irrenunciable, pero
no los cobra el periódico, la productora o la revista que los ha
generado sino CEDRO,
con carácter retroactivo desde enero de 2015. Las empresas de noticias
que no son socias de CEDRO no reciben un céntimo de la recaudación
generada de su propiedad intelectual y las que son socias, todavía no
saben cuándo ni cuánto cobrarán.
La tasa AEDE no es popular. En su corta vida ha conseguido ser rechazada
por la mayor asociación de editores de prensa de España (AEEPP) y por
colectivos, autores culturales, empresas y organizaciones. También ha
sido destacada por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos como una de las principales barreras del comercio digital global, además de afectar profundamente al sector de los anunciantes. Google tampoco está contento
La Directiva sobre los derechos de autor propone "reforzar la posición
de los titulares de derechos para negociar y ser remunerados por la
explotación en línea de sus contenidos en plataformas de distribución de
vídeos como YouTube o Dailymotion" pero sin mencionar las famosas
sociedades recaudadoras que intermedian por defecto en nuestro país
recibiendo pingües beneficios. Además, quiere obligar a los editores y
productores "a ser transparentes e informar a los autores, artistas
intérpretes o ejecutantes de los beneficios que han obtenido con sus
obras". No es de extrañar que la SGAE ya haya manifestado su decepción,
argumentando que, aunque tiene buenas intenciones, "no cumplen las expectativas de los creadores".
Google también la rechaza y ha enviado una circular: "La propuesta
parece similar a las leyes fallidas tanto en España como en Alemania y
representa un paso atrás para los derechos de autor en Europa. La
innovación va a ser todavía más complicada para cualquiera que escriba,
lea o enlace a una noticia, sin mencionar las complicaciones para las
múltiples startups que trabajan en Europa en el sector de medios, a la
hora de desarrollar un negocio online sostenible.
La
propuesta podría incluso limitar la posibilidad de Google de mandar
tráfico de manera gratuita que pueda ser monetizable, a los medios de
noticias, a través de Google News y el buscador. Después de todo, pagar
por mostrar fragmentos de información no es una opción viable para
nadie.
