infocampo.com.ar.- Bajo esta consigna se realizó este martes en Rosario el 7º Congreso
de Agrobiotecnología donde se debatió en torno a las políticas públicas y
normativas que deberían regular una cuestión estratégica como los
productos agrobiotecnológicos.
“El 82% del mercado semillero está bajo propiedad intelectual, es
decir, ni del Estado ni de los agricultores. Solo diez empresas
controlan el 67% de todo el mercado de semillas del mundo y a su vez,
las mismas están vinculadas a las diez empresas que ya en 2012
controlaban más del 89% de mercado de agroquímicos mundial”, señaló el
Ing. Agr. José Zambelli, presidente de la Federación Argentina de la
Ingeniería Agronómica (FADIA) en la apertura de la jornada.
Por eso, es necesario generar un marco legal que regule las
relaciones conflictivas y desequilibrios de poder entre empresas,
productores, fitomejoradores, comercializadores y el Estado, con el foco
puesto en el desarrollo nacional.
De acuerdo a Zambelli, apenas nueve germoplasmas explican más del 75%
de la alimentación mundial y solo tres de ellos, más del 50%.
“Los alimentos son una cuestión de Estado, es un tema de soberanía
porque en pocos años vamos a ser más de 9.000 millones de personas,
entonces la disyuntiva es: si a esos alimentos los van a generar las
grandes compañías o los pueblos organizados a través de leyes”, dijo el
ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani.
“Hay un límite que no podemos dejar que se pase, la regulación de la
transferencia de la agrobiotecnología tiene que darse en un marco legal
de Ley de Semillas, no podemos permitir que entre por un contrato civil
porque habremos perdido todas las batallas”, indicó el funcionario. Y
consideró que la Ley de Variedades de Semillas (germoplasma) debe
absorber a la Ley de Patentes (eventos), es decir, que aquella ponga las
condiciones sobre los eventos biotecnológicos y no al revés.
“Tenemos que lograr que Argentina se mantenga bajo las condiciones
fijadas por el acta de la UPOV (Unión Internacional para la Protección
de Obtenciones Vegetales) de 1978 de protección de variedades y no la de
1991 que le da mucho poder a los obtentores y permite una doble
protección. Se debe garantizar la excepción al fitomejorador para que
pueda continuar la investigación y el uso propio al productor”, señaló
el ministro santafesino. Asimismo, llamó a realizar una política más
activa en materia de inversiones del Estado en la generación de
biotecnologías.
Recientemente, la Federación Agraria Argentina (FAA) presentó su
propio proyecto de Ley de Semillas: “Estamos defendiendo un sistema
social y cultural, no intereses comerciales como desde la otra vereda”,
dijo al respecto Omar Príncipe, presidente de la entidad gremial.
“Necesitamos una gran unidad de las organizaciones y políticas públicas
para sostener un modelo de desarrollo agropecuario que incluya a los
pequeños y medianos productores porque los paquetes tecnológicos
actuales y los que proponen para la siguiente década, no necesitan
agricultores”, indicó.
A su turno, Esteban Motta, secretario de FECOFE afirmó que “el
paquete tecnológico de Monsanto está acabado”, por eso, instó a
desarrollar uno propio teniendo como sujeto a la agricultura familiar
nacional. “El desafío es tener nuestra semilla, construir semilla; no
discutir de quién va a ser la propiedad sino que la semilla sea de
todos”, dijo el dirigente.
Según Rafael Pérez Miranda de la Universidad Autónoma Metropolitana
de México, existe un “problema de interfase” entre las patentes y las
protecciones vegetales. “Las plantas no se pueden patentar. La ley de
patentes exige que haya un invento para poder patentarse pero una nueva
variedad no es un invento, entonces, no se patenta, se protege”. En el
acta de UPOV ‘78 se establece una protección a las variedades vegetales,
se le da un privilegio al fitomejorador y el derecho de uso propio al
productor (no puede comercializar) pero no se admite la doble protección
(por patente y por variedad) que algunas actores pretenden imponer.
Por su parte, el exsecretario de Agricultura de la Nación, Miguel
Campos, consideró necesario hacer solo algunos ajustes a la actual Ley
de Semillas. Uno de ellos sería establecer claramente la relación de
licenciamiento entre quien aporta la masa génica (o variedad) y quien
aporta el gen que se incorpora. Otro, definir claramente e incorporar en
la ley el concepto de uso propio: “Es la posibilidad del productor de
plantar la misma cantidad de semillas que compró en otra campaña y por
el tiempo que considere”, aclaró. De esta manera, si un año adquirió
simientes para diez hectáreas, al siguiente, el productor podrá sembrar
solamente esa misma superficie con semilla de uso propio. “Hay que
determinar cómo se penaliza a quien no cumpla y use más de esa cantidad o
comercialice su semilla. Con la normativa del INASE, el cruzamiento de
datos de la AFIP y el control de la ONCCA en el predio, se podría
determinar fácilmente quién incumple la ley”, detalló.
Marcando una diferencia, Aldo Casella, uno de los creadores del
proyecto de Ley de Semillas de FAA remarcó que el uso propio que
proponen desde la entidad es en cantidad ilimitada y repasó los puntos
fundamentales de la propuesta federada.
El debate continúa. Habrá que ver cuál es el modelo de desarrollo
agroindustrial que gana la pulseada y cómo se dirimen los conflictos de
intereses del mercado semillero global.
