El Ciudadano .- Un importante nivel de opacidad en el mercado de los medicamentos,
que incluye tanto al nivel productor como al distribuidor, acusó el
informe único aprobado por la Comisión Investigadora de la Cámara de
Diputados encargada de analizar, desde diciembre de 2015, la aplicación
de las normativas vigentes en la materia, así como el rol de los
organismos públicos vinculados a la adquisición y distribución de estos
productos.
El presidente de la Comisión, el diputado Juan Luis Castro (PS),
señaló que quedó claro el nivel de irregularidades que hoy ocurren en
este área, tanto en el mundo de los laboratorios como de las farmacias, y
advirtió sobre la necesidad de definir mayores exigencias al mercado
farmacéutico y más cobertura de parte del Estado. “Hay enfermedades que
hoy día no tienen la cobertura de medicamentos que requieren, ya sean
del Auge o de la Ley Ricarte Soto o de otras leyes especiales, y, por
esa razón, hay gente que muere o queda con graves secuelas”, planteó.
El diputado Leopoldo Pérez (RN) resaltó que, a partir de los
múltiples antecedentes recogidos, entre ellos de la Fiscalía Nacional
Económica, se pudo observar que “el mercado de los medicamentos es bastante opaco”. En
ese sentido, indicó que asignaron responsabilidad a los laboratorios,
particularmente a los internacionales, ya que son ellos los mayores
proveedores de los medicamentos de alta complejidad o de enfermedades
crónicas. Asimismo, dijo que se los prescriptores de los medicamentos
también tienen responsabilidad respecto del precio final, así como las
farmacias, en especial aquellas que forman parte de cadenas y que
conforman sistemas integrados verticalmente. “Esas tres instancias están
involucradas en esta poca transparencia u opacidad del mercado”,
precisó.
El texto del informe sostiene, por ejemplo, que la disparidad de
precios en los medicamentos -entre la Central Nacional de Abastecimiento
(Cenabast) y las cadenas de farmacias- refleja la opacidad de este
mercado, lo que justificaría la necesidad de una regulación específica.
Acusaron que dicha opacidad del mercado se debe en parte a las
prácticas comerciales de los laboratorios internacionales, dado que
tienen registradas en Chile las moléculas y a que la ley define que el
amplio período de protección del derecho de patente (puede llegar a 20
años).
“Es sabido también, y se refleja en el reciente caso conocido de
colusión de las ampollas, que las licitaciones públicas, y podríamos
asumir que también en las compras privadas, los laboratorios se ponen de
acuerdo para la fijación de los precios, por lo que no sería un
mecanismo tan transparente ni tan competitivo”, remarcaron.
Los diputados estimaron que también existe asimetría en la
información entre los principales actores del mercado; falta de
transparencia en el modelo de negocio de las farmacias; apelaron a
fortalecer la competitividad y la comparabilidad en los precios de los
medicamentos; y observaron que la remisión de la Ley Ricarte a la
dictación de decretos que buscan operativizar el sistema resultan en una
mayor traba y en una consecuente limitación en el acceso a
medicamentos.
En este escenario, realizaron una serie de proposiciones, dentro de
las cuales se plantea redefinir el concepto de receta, estableciendo que
el profesional prescriptor debe señalar en primer lugar la denominación
común internacional y, solo a modo de información, el facultativo podrá
sugerir un medicamento en particular.
Pidieron también tomar en consideración el recetario magistral,
extendiendo el periodo de vigencia de los preparados magistrales y
definiendo que estos podrán contener los principios activos en sus
mismas dosis y formas farmacéuticas registradas.
Luego, se pide al Ejecutivo impulsar una regulación eficiente y
exhaustiva ante la escasa regulación en materia de fármacos. En este
sentido, se plantea considerar: que la Cenabast pueda ser utilizada como
intermediario por las farmacias que no actúen en cadena; una reducción
del IVA en medicamentos de alto costo; y establecer una banda de
precios.
Por último, entre otras varias sugerencias, se llama a potenciar la
creación de genéricos bioequivalentes; que el Estado pueda hacer uso del
licenciamiento obligatorio de medicamentos que no estén siendo
producidos en nuestro; fortalecer la transparencia y la
institucionalidad pública; establecer reglas que eviten la integración
vertical; ingresar un proyecto que busque obtener la autorización para
que el Estado pueda llevar a cabo actividades empresariales, en
investigación y producción de fármacos; y que el Ejecutivo amplié su
cobertura en materia de Ley Ricarte Soto.
