Los países en desarrollo no están obligados por
la Organización Mundial del Comercio a aceptar todos los requerimientos
de propiedad intelectual que imponen los tratados bilaterales y
regionales. Así lo indica un documento del Instituto Max Planck
elaborado por especialistas de 25 países.
Por Vanina Lombardi
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Agencia TSS – Una nueva interpretación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
busca ayudar a los tomadores de decisión a la hora de negociar tratados
bilaterales o regionales que tienden a ser más restrictivos, como el
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en
inglés) y el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea.
La Declaración sobre protección de patentes: soberanía regulatoria bajo el ADPIC fue elaborada por un grupo de investigadores del Instituto Max Planck
en Alemania, con la participación de alrededor de 40 académicos de unos
25 países. En representación de la Argentina participó Carlos Correa,
director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Leyes de
Propiedad Intelectual y Económicas de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
“El mayor problema que vemos es que, en los tratados bilaterales,
Estados Unidos y la Unión Europea intentan limitar las opciones que
tiene el país para fomentar la innovación local porque a ellos les
conviene tener una protección de patentes fuerte. Es lo que pretenden
hacer con las licencias obligatorias o la protección de datos
exclusivos, que en la Argentina no existen y que no solo figura en el
TTP, sino en casi todos los acuerdos”, dijo Matthias Lamping,
investigador del Departamento de Leyes de Propiedad Intelectual y
Competencia del Instituto Max Planck en Múnich (Alemania), y uno de los
coordinadores de la declaración, durante la presentación del documento
en la Facultad de Derecho de la UBA, a la que asistió TSS.
“El ADPIC era estricto hace 20 años, pero hoy es bastante flexible.
Esa flexibilidad se puede usar o no, eso depende del país. Lo que no se
debe hacer es deshacerse de esa flexibilidad a través de tratados
bilaterales”, advierte el especialista. Y es justamente esa
“flexibilidad” lo que se entiende por “soberanía regulatoria dentro del
ADPIC: que los países mantienen, aun dentro de las obligaciones del
acuerdo, un espacio para implementar sus políticas públicas, y que
muchas veces la falta de conocimiento de tales posibilidades lleva a no
implementarlas”, dijo Mariano Genovesi, docente de la Facultad de
Derecho de la UBA.
Esto es importante ya que “lo que se cambia en materia de patentes
puede afectar otras políticas; entonces, hay que encontrar un desarrollo
equilibrado entre las obligaciones internacionales que se asumen, los
derechos que se otorgan a los particulares y cómo impacta en el resto de
la economía”, agregó Genovesi, que fue candidato a diputado nacional
del radicalismo por la Ciudad de Buenos Aires durante las últimas PASO. Y
recordó que, desde el año 2012 hasta hoy, en la Argentina se han
denegado alrededor de 400 patentes de productos farmacéuticos, mientras
que, en Europa, el 60 % de esas solicitudes han sido concedidas. “Esto
significa que el dominio público, que es lo que todos podemos usar
libremente, está enriquecido en el país en relación a la Unión Europea, y
esto surge por la flexibilidad en los requisitos de patentabilidad”,
sostuvo.
En el caso de las patentes sobre plantas, un tema implícito en el
actual debate sobre una posible modificación a la ley de semillas, “el
acuerdo de los ADPIC establece que no es obligatoria dicha protección.
Hoy, en la Argentina, las plantas no son patentables. Es una discusión a
futuro, pero hoy no estamos obligados, ni en un sentido ni en el otro”,
afirmó Genovesi.
En su libro Capitalismo y conocimiento. Materialismo cognitivo, propiedad intelectual y capitalismo informacional,
el sociólogo Mariano Zuckerfeld sostiene que el ADPIC “pone a
disposición de los países que presionan por estándares altos de
propiedad intelectual un poderoso mecanismo de enforcement: el no cumplimiento de las obligaciones en esta materia puede derivar en sanciones comerciales sobre los países díscolos”.
En el escenario actual, y a partir del análisis elaborado por el
Instituto Max Planck, ese instrumento ya no parece suficiente, lo que se
evidencia en el incremento de las presiones que surgen en las
negociaciones entre países. “Al final, la propiedad intelectual es una
moneda de cambio: se cambia por otras concesiones, como el acceso a
mercados agrícolas o textiles. El resultado depende de quiénes negocian y
de las prioridades que tienen. Pero se van a plantear problemas, porque
se va a llegar a un punto en el que la propiedad intelectual será más
importante, tal vez, que algunos otros mercados”, concluyó Lamping.
