Mauricio Jalife.- elfinanciero.com.mx.- Pero en Estados Unidos, con motivo de la recientemente
promulgada Ley de Defensa de Secretos Comerciales, que otorga rango
federal a cualquier reclamación derivada de su apoderamiento o uso
ilegal. En nuestro país, en cambio, seguimos esperando que “algo”, o
“alguien”, nos obliguen a revisar el marco normativo para tratar de
hacer operativa esta importante institución de nuestra legislación de
Propiedad intelectual.
De manera periódica, el Congreso federal en EUA ha emitido sendas disposiciones que han ido perfeccionando el esquema de protección de secretos industriales, tratando de dar respuesta a los requerimientos crecientes de las empresas para contar con un marco legal eficiente para evitar el robo de su información confidencial. En la medida en la que la competencia se digitaliza y la rentabilidad depende del conocimiento, los secretos industriales se convierten en una pieza clave en la protección de activos intelectuales. Activos como bases de datos, fórmulas, métodos, planos, procesos de manufactura y panes comerciales forman parte de la larga lista de información susceptible de protección como secreto empresarial.
Esta nueva legislación, conocida como DTSA, otorga potestad a los jueces federales en ese país para conocer de juicios civiles y penales por violación de secretos industriales, así como la aplicación de severas medidas provisionales para impedir su divulgación. En el pasado resultaba complicado hacer valer un caso de este tipo, porque correspondía a tribuales locales el conocimiento de litigios de secretos industriales, que respondían a 50 legislaciones estatales diferentes.
Además, la sola elevación de rango de la jurisdicción a federal, ha otorgado a estos procesos un nuevo estatus jurídico que les dotará de mayores recursos y visibilidad judicial.
En el ámbito legal y empresarial de Estados Unidos, esta modificación es vista como el avance más significativo en protección de Propiedad Intelectual de los últimos tiempos, incluso por encima de enmiendas legales que permitieron el patentamiento de nuevos modelos de negocio. Para muchas empresas, sin la menor duda, la protección de su información sensible es hoy más importante que otros activos tradicionales como las patentes o las marcas.
En el caso de nuestro país, el esquema legal de protección de secretos industriales fue incluido en 1991, como una exigencia que formó parte de las negociaciones del TLCAN. Lamentablemente, el exceso de formalidades con que fue concebida la figura, la ha hecho poco operativa en la práctica. Tanto la PGR como los jueces civiles gestionan los expedientes de secretos industriales con una densa tramitología impuesta por las propias definiciones de las conductas ilícitas, hasta el punto en que la mayor parte de los casos ingresa a la dimensión metafísica de “la letra muerta”.
Es una pena constatar que en nuestro país, ante la burda estafa de información confidencial de una empresa por parte de empleados deshonestos, no existan remedios legales al alcance como para frenar actos de abierta competencia desleal; y es también un agravio que a 25 años de la regulación de la figura, la ley y el Congreso permanezcan inmutables e indiferentes ante una realidad que demanda urgentes respuestas.
