La semana pasada concluyeron las exposiciones
en el Congreso sobre posibles modificaciones al marco legal de semillas.
Más de treinta representantes de diversos sectores plantearon sus
propuestas y preocupaciones. Cuáles son los puntos conflictivos de un
debate que continúa abierto.
Agencia TSS – El 13 de octubre pasado, el oficialismo presentó en el Congreso un proyecto de modificación del marco legal de semillas (Ley 20.247),
que busca ponerle fin a una polémica que comenzó hace años y que se
hizo conocida a través de una campaña en contra de la que fue denominada
como “Ley Monsanto”. Pero la discusión supera esos límites, ya que se
refiere al sistema de propiedad intelectual que regiría sobre las
semillas, lo que podría restringir su acceso y afectar el rumbo mismo
del modelo de producción agrario.
En dos jornadas que se llevaron a cabo durante noviembre, la Comisión
de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación abrió un espacio
para que representantes de la industria y organizaciones civiles,
gubernamentales y agrarias pudieran exponer sus propuestas,
preocupaciones y apreciaciones sobre esta problemática.
El resultado fue la participación de más de treinta expositores y la
presentación de al menos seis proyectos de ley, aunque no se llegó a
ninguna resolución y la nueva legislación deberá seguir esperando hasta
el próximo año para ser tratada. Entre los puntos más conflictivos se
destacan el derecho de obtentor –de conservar las semillas para uso
propio, que actualmente está permitido y se quiere limitar–, el pago de
la tecnología incluida en las semilllas, el rol del Instituto Nacional de Semillas
(INASE) como organismo de control y con capacidad para sancionar ante
el incumplimiento de la ley, y si se tratará de una ley de orden público
o no.
“Hoy no lo es, por eso puede haber contratos entre privados que están
por fuera de la ley, como los de Monsanto por la Intacta RR2, que
incluye las regalías extendidas que no contempla la ley”, ejemplifica
Tamara Perelmuter, que participó en las presentaciones en representación
de la Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semillas, y detalla
que, tanto el proyecto del Gobierno como el que presentó la Federación Agraria Argentina (FAA), plantean el orden público, mientras que el de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) no lo dice, “pero en sus intervenciones, al igual que Singenta, ArPOV (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa)
y entidades más duras del agronegocio, argumentaron expresamente a
favor de que la ley no sea de orden público y que puedan existir
contratos entre privados que contemplen cosas que la ley no, como las
regalías extendidas”, dice. Esto implicaría la obligación de seguir
pagando el derecho de propiedad intelectual que se replica en la semilla
cosechada.
Ley pionera
Actualmente, la Argentina cuenta con una normativa de semillas
pionera en Sudamérica, que se caracteriza por resguardar la figura del
fitomejorador y permitir la reutilización de la semilla producida. Fue
promulgada en el año 1973, cuando las semillas que se cultivaban en el
país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había
permitido agregar bacterias o genes de otros organismos dentro de ellas.
Pero, con los avances de la biotecnología y la adopción de cultivos
transgénicos en el país, sobre todo a partir de 1996, la conformación
agraria cambió por completo.
“Cuando se promulgó la ley, el 75 % de lo que se sembraba en la
Argentina eran híbridos y el resto autógamas, solo de trigo, ya que no
había soja. Hoy, tenemos un patrón completamente al revés:
prácticamente, el 75 % de lo que se siembra es semilla autógama,
básicamente de soja y trigo, y el resto son híbridos”, detalla Miguel
Rapela, director ejecutivo de ASA y de ArPOV, y agrega que “esto ha
hecho que esta ley empezara a mostrar muchas fisuras con respecto al
manejo de la situación”.
Por eso, muchos consideran que es necesario actualizar la ley actual,
y por eso también el tema de la conservación de semillas para uso
propio es uno de los puntos mas controvertidos en este debate.
“Entendemos que el uso propio tiene que ser un derecho y no una
excepción, tiene que ser libre y de manera gratuita”, sostiene
Perelmuter y subraya que “la contracara de esto tiene que ver con la
persecución a los productores, y eso es un problema: hay muchos ejemplos
en Colombia, Estados Unidos y Canadá en los que la criminalización y la
persecución a los productores ha sido muy grave”.
Esta consideración también se ajusta a la concepción que tienen en el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina
(MNCI-VC), para quienes las semillas son “patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad”, puesto que “son el fruto de miles de años de
desarrollo de nuestros pueblos, siempre han estado en manos de
productores, campesinos e indígenas y son el primer eslabón de la
producción de alimentos. No puede subordinarse la soberanía alimentaria,
productiva y económica de nuestros países en pos de intereses
económicos, que es el fondo de las discusiones actuales sobre los
proyectos para una nueva ley de semillas”.
Los proyectos presentados, según Rapela, si bien contienen
diferencias en cuanto a los parámetros y el modo de aplicación, “todos
establecen que tiene que haber algún tipo de equilibrio a favor del
obtentor y que se pague algo por la reproducción de una semilla
protegida. En eso hay coincidencia total”.
Para Perelmuter –investigadora y docente de Sociología Rural– “la ley
actual ya plantea problemas, porque estamos discutiendo la posibilidad
de apropiación de las semillas. Ahora permite el uso propio, y en este
contexto entendemos que lo mejor es que la ley no se modifique”. Y
sostiene que la discusión también debería considerar la posibilidad de
establecer “una ley de semillas que tenga que ver con otro modelo
agrario”. Además, recuerda que, desde 2014, existe una Ley de Agricultura Familiar
que todavía espera ser reglamentada y que se le asigne presupuesto,
“que plantea justamente la discusión de las semillas nativas y criollas,
que no están excluidas de la ley pero tampoco se las menciona en el
debate. También planteamos la discusión sobre lo público y lo privado y
la necesidad de volver a discutir cómo reforzar la investigación y
producción pública de semillas”.
Rapela detalla que el principal obtentor de variedades vegetales en Argentina es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), con 1.015 variedades inscriptas, seguido por Nidera, con 601
(casi la mitad) y por Singenta, Monsanto y Don Mario. “Entre los cinco
primeros tenemos una empresa 100 % argentina y la principal institución
de investigación pública. No es una ley para la industria privada, sino
que abarca todo. Parece un sinsentido que el Estado, por un lado,
subvencione la investigación de organismos como el INTA, y, al mismo
tiempo, no le otorgue protección a las invenciones que realiza”.
La semilla como invento y la naturaleza como fotocopiadora
El actual marco legal sobre patentes establece que solo pueden
registrarse con ese título de propiedad intelectual aquellos desarrollos
que sean “inventos”. Por eso, tras los avances en biotecnología,
algunas semillas pueden incluir “eventos tecnológicos” que son pasibles
de ser patentados. En la Argentina, la Ley de Patentes es de 1994 y rige
para cualquier tipo de invento. Dos años más tarde, en 1996, ingresaron
al país las primeras semillas de soja transgénica.
Así, se generó la convivencia de dos regulaciones contrapuestas: para
patentes y para semillas. La primera restringe el acceso a estos bienes
mientras que la segunda respeta el derecho del obtentor y de los
investigadores que quieran estudiarlas o trabajar con ellas.
De este modo, en el laboratorio, a las nuevas variedades registradas
se les pueden incorporar modificaciones genéticas patentables –algo que
en general solo está al alcance de las grandes empresas biotecnológicas,
debido a la complejidad y costos del proceso– y, debido a la
materialidad de estos bienes, el dueño de la patente se estaría
apropiando –de manera indirecta– de los otros miles de genes que
componen a la semilla, entre los cuales también se encuentran los del
fitomejorador que logró estabilizar la variedad registrada y el trabajo
de miles de años de campesinos que fueron seleccionando las mejores
semillas, cosecha tras cosecha.
“Las patentes sirven para proteger invenciones biotecnológicas, es
decir, construcciones artificiales de genes que se hacen en el
laboratorio. Ocurre que muchas de las variedades vegetales modernas
contienen construcciones genéticas artificiales o trans-genes que pueden
estar protegidos por patentes, lo que ha generado confusiones sobre los
alcances y solapamientos de una ley respecto de la otra, cuando en
realidad no es así, porque convivimos permanentemente con coexistencia
de derechos”, argumenta Rapela y explica que, cuando un productor se
guarda grano para usarlo como semilla, sembrará una copia exacta del
material originalmente adquirido, lo que se vincula con lo que se conoce
como “agotamiento del derecho”, que ocurre cuando no hay posibilidad de
imitar una tecnología protegida que ha sido adquirida.
“La naturaleza es como una gran máquina fotocopiadora que permite, en
el caso de las variedades autógamas, tener al año siguiente una copia
exacta del material originalmente adquirido”, dice Rapela. Y agrega:
“Entendemos que para los productores es difícil de entender, pero tiene
que existir un equilibrio y la ley actual, desde el punto de vista de
los desarrolladores de semillas, es muy desequilibrada porque establece
que todos pueden guardarlas e incrementarlas sobre la cantidad
originalmente adquirida y no pagar. Entonces, si todos pueden hacer eso,
no existe industria”.
Pero la industria es solo una de las partes involucradas en esta
discusión que se vuelve más y màs compleja. Por eso, la multisectorial
que agrupa a más de 40 organizaciones civiles y sociales, incluidos los
pequeños productores familiares, cuestionó la metodología de la Comisión
legislativa para analizar los proyectos de ley. “Entendemos que esto no
es una audiencia pública y que están quedando fuera un montón de voces.
Todos los que estaban ahí eran principalmente del agronegocio, en
particular del sojero, y todo el tiempo se hizo una asociación de
semillas y biotecnología. Por lo tanto, se hablaba como si todas las
semillas que existen en nuestro país fueran transgénicas cuando no es
así y muchos agricultores no formaron parte de la discusión”, advierte
Perelmuter. Y concluye: “Planteamos que existan verdaderas audiencias
públicas y que no solo se discuta en la Comisión de Agricultura, sino
también en las de Salud y Ambiente, y que se practique la consulta
previa a las comunidades indígenas, como plantea el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, porque entendemos que tiene que
ver con una discusión que también involucra a los pueblos originarios”.
