El cambio más notorio en materia de
salud desde que asumió el Gobierno de Cambiemos, sin duda, tiene que ver
con los medicamentos. El Estado abandonó la regulación de los precios
realizada por la Secretaria de Comercio. Los resultados no tardaron en
aparecer y el 85 % de los fármacos de mayor demanda aumentaron más que
la inflación. Hay además faltante de drogas para tratamiento de
tuberculosis, VIH y drogas oncológicas, a lo que se suma la reciente
noticia del desarme del programa REMEDIAR.
Laura Gastaldi.-
Los
medicamentos son bienes sociales, en muchos casos necesarios para la
vida. Noción que se degrada en Estados que abrazan el libre mercado, al
haber detrás de las medicinas un negocio gigantesco, que a nivel mundial
genera una Tasa de Ganancias superior a la de los bancos y que mueve
más divisas que la industria armamentística. Esto responde
principalmente a la demanda continua, que le permite al sector fijar
precios y lograr altísimos retornos, y a la concentración de la
industria en la que muy pocos países manejan la producción,
comercialización, patentes e imponen sus condiciones al resto a través
de tratados de libre comercio. Pero además, esta misma industria impone,
muchas veces, una cultura de consumo de fármacos de última generación
que no siempre se reflejan en mejores resultados terapéuticos.
Para lo cual diseminan la idea de que
toda dolencia debe medicalizarse y de que cuanto más nueva es la droga,
mejor para la salud. La industria cuenta para eso con una poderosa
maquinaria propagandística: publicidad masiva (que debería ser
regulada); grandes estudios multicéntricos para probar la superioridad
(generalmente muy leve) de los nuevos tratamientos. Sus aliados son los
profesionales de la salud, quienes reciben una formación universitaria
permeada por los intereses de los grandes laboratorios para que se
especialicen en recetar las últimas drogas del mercado.
La complejidad del problema tiene
entonces varias aristas: se pagan sobreprecios; se consumen medicamentos
caros y no más eficaces en lugar de orientar parte de esos recursos
hacia la promoción y prevención de la salud; y por último, existen
diversas barreras para el acceso a medicamentos realmente necesarios.
En este sentido, mediante un acuerdo
bilateral que no requiere aprobación del Congreso, el INPI (Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial) se subordina a las políticas de
patentemiento industrial de EEUU, haciendo inaplicable nuestra Ley de
Patentes, lo que traerá como consecuencia, presumiblemente, el aumento
del precio de los medicamentos. El director del INPI que firmó este
acuerdo es el DR. Dámaso A. Pardo, quien antes de ser funcionario
defendía firmas extranjeras en temas de propiedad intelectual desde el
estudio PAGBAM, junto a Mariano Florencio Grondona y José A. Martínez de
Hoz (h). Denunciados por haber destruido en 1985 documentación que
probaba la ilegalidad de la deuda contraída por la dictadura militar
mientras trabajaban en el estudio Klein-Mairal.
Esto implica la sumisión de la salud pública a intereses privados y extranjeros. La desregulación de las patentes hace que se pague para adquirir la licencia de fabricación y comercialización de medicamentos ya existentes, ya que es común que los laboratorios cambien concentraciones de compuestos y modifiquen mínimamente las mezclas para patentar como novedad a fármacos que no lo son.
Esto implica la sumisión de la salud pública a intereses privados y extranjeros. La desregulación de las patentes hace que se pague para adquirir la licencia de fabricación y comercialización de medicamentos ya existentes, ya que es común que los laboratorios cambien concentraciones de compuestos y modifiquen mínimamente las mezclas para patentar como novedad a fármacos que no lo son.
Un negocio rentable en pocas manos
En Argentina el sector privado abastece
el 92 % de los medicamentos consumidos. Existen alrededor de 250
laboratorios privados. Pero la dinámica de los veinte más grandes
explica el 80 % de la facturación de los productos que se consumen en la
actualidad. Dentro de estos veinte, ocho son nacionales y el resto
extranjeros.
El segmento mayorista de la cadena está
constituido por distribuidoras y droguerías. El rasgo fundamental de
este eslabón es que está altamente concentrado. En la actualidad manejan
el 70 % del mercado cuatro grandes distribuidoras, que pertenecen a su
vez a laboratorios, que son las dueñas también de las cuatro droguerías
más grandes del país. Con esto se garantizan los precios y las
condiciones testigo.
En consecuencia, la producción está
guiada por el lucro. Con lo cual, al no ser rentables, no se producen
los fármacos para tratar enfermedades como la Tuberculosis, problema de
primer orden en la salud pública. Los fabricaba un laboratorio público
de la CABA, que cerró bajo decreto por no contar con la habilitación del
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología), bajo la gestión en la ciudad del actual Ministro Lemus,
fiel a su política de no permitir el desarrollo de laboratorios públicos
en la ciudad de Bs As. El Gobierno de CFK ante ese faltante, aplicó la
ley de abastecimiento y logró que se produzcan en laboratorios privados.
Este gobierno no está dispuesto a aplicar esa ley.
Programa REMEDIAR como herramienta para garantizar medicamentos esenciales a toda la población
Durante la última década, el Estado
Nacional garantizó la accesibilidad mediante distintas estrategias. Una
de las más importantes, fue el programa REMEDIAR.
Este programa provee medicamentos que cubren el 90 % de las patologías más frecuentes a todas las personas que se atienden en el sector público (casi la mitad de la población) en el primer nivel de atención (dispensarios, salitas, centros de salud). Fue implementado hace 13 años, y con los 74 medicamentos que contiene en su vademécum ha garantizado el acceso a los mismos a 1.7 millones de personas por mes. No solo fue un éxito en reducir costos (siete veces menor de lo que puede adquirirse en una farmacia) sino que además, como política sanitaria, orientaba las consultas hacia la atención primaria, descomprimiendo la consulta en hospitales. Ha sido una herramienta política redistributiva, en tanto destina la mayor cantidad de sus recursos, a los sectores de mayor vulnerabilidad.
Durante el año 2016, la entrega de
tratamientos por parte del programa REMEDIAR disminuyó casi en un 50%.
Para el 2017 el panorama parece ser aún peor. La última compra
adjudicada por licitación en estos días contiene solo 39 medicamentos de
los 74 que estaban en el vademécum, y en lo que va del año se han
entregado la mitad de tratamientos respecto a igual período del año
2015, según fuentes del propio Ministerio de Salud de la Nación.
A modo ilustrativo, si deja de existir
REMEDIAR, una persona de 60 años Diabética e Hipertensa (33% de la
población adulta) empezará a gastar mensualmente de su bolsillo al menos
1000 pesos.
Como en los 90, el Estado Nacional
descentraliza la prevención y promoción de la salud, sin transferir
recursos al sector público. Esto implica que los medicamentos dejaran de
ser comprados y distribuidos por el Estado Nacional y deben ser
garantizados por los Estados provinciales.
La Producción Pública de Medicamentos (PPM): el único camino que garantiza la soberanía sanitaria
El recurso para ir corrigiendo esta
situación es una política de producción pública. Funcionando de esta
manera como regulador de precios y como un instrumento de soberanía
sanitaria que le permite al Estado: auto-abastecerse en caso de crisis
internacionales; producir medicamentos huérfanos (que no desarrolla la
industria privada por razones de baja rentabilidad), como el tratamiento
de la enfermedad de Chagas; orientar la producción a las necesidades
epidemiológicas propias del país y reinvertir el total de las ganancias
en I +D (investigación y desarrollo).
Existen más de treinta laboratorios
públicos que dependen de gobiernos provinciales, municipales o de
distintas universidades nacionales y abastecen solo entre el 7% y 8% del
mercado. Entre los que alcanzaron destacados niveles de gestiones y que
funcionan de manera autárquica figuran: Puntanos, de San Luis;
Hemoderivados, de Córdoba; de Especialidades Medicinales (LEM), de
Rosario, etc.
Durante el año 2014 se reglamenta la ley
26688 de Producción Pública de Medicamentos (PPM). Se aprobó además, a
fines de ese mismo año, la creación de la ANLAP, una Agencia Nacional de
Laboratorios Públicos. La ley y el impulso que se le dio en el último
año de la gestión kirchnerista tenía por objetivo inmediato ampliar el
mercado de PPM al 25 % (cuenta con capacidad instalada ociosa) y en vías
de seguir ampliando el sector.
Gran parte de la producción de estos
laboratorios estaba destinada a satisfacer las compras del programa
REMEDIAR, generándose un círculo virtuoso entre producción pública,
desarrollo industrial y tecnológico, regulación de precios y garantía en
el acceso.
Del Estado al mercado
En julio de 2016, mediante el Decreto
883/2016 se da por finalizada la gestión al frente de la ANLAP del Dr.
De Urraza y con esto su posterior desarticulación. Pasa la agencia a la
órbita del Ministerio de salud y le reduce el presupuesto de 150
millones de pesos asignado por la gestión anterior a 4,72 millones,
según una investigación de Tiempo Argentino.
Estamos ante una decisión política de
achicar el Estado para avanzar en un proceso de privatización. En este
sentido, en caso de integrarnos a los tratados de libre comercio como
pretende este gobierno, la apertura a los fármacos aprobados en países
centrales y sus derechos de patentes nos colocaría en una situación de
dependencia sanitaria.
Si un Estado Nacional no maneja la
política de medicamentos, es rehén de los abusos de la industria. Esto
es una pérdida de soberanía, al no poder decidir sin depender de
terceros en un tema tan sensible y fundamental como la salud de sus
habitantes.
