ladiaria.com.uy.- “Cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para
ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT, siglas en inglés)”, establece el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre
Uruguay y Chile el año pasado. El TLC aún no fue ratificado, pero el
Poder Ejecutivo ya envió este lunes al Parlamento un proyecto para
hacerlo. Los laboratorios nacionales y la cámara de fertilizantes
rechazan la adhesión de Uruguay a este acuerdo. El diputado socialista
Roberto Chiazzaro aseguró que permitirá que “la propiedad intelectual
quede en manos de transnacionales” y que se “limitará absolutamente el
desarrollo de los medicamentos genéricos”, encareciéndolos.
El TCP es un acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) firmado en Washington en 1970, que establece
procedimientos internacionales de patentamiento. Estos procedimientos
estandarizados buscan facilitar el patentamiento y establecen ciertas
reglas por encima de los procedimientos nacionales. Actualmente, en
Uruguay el solicitante de una patente tiene un período de 12 meses desde
la fecha del primer depósito de la patente para buscar la protección en
otros países, lo que deberá hacer en las oficinas nacionales de cada
país. Con el procedimiento que establece el PCT, el solicitante cuenta
con un plazo de 30 meses para definir en qué países desea solicitar el
registro. El PCT tiene actualmente 151 estados miembros, entre ellos
Brasil, Perú y Chile.
En el proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo argumenta
que el PCT busca fomentar “el progreso y la investigación tecnológica,
así como una protección más eficaz de las invenciones”. Afirma que el
tratado establece “disposiciones procedimentales, que no interfieren ni
limitan la soberanía nacional, ya que desde el punto de vista
sustantivo, cada oficina aplicará su normativa interna y de acuerdo a la
misma concederá o denegará el registro”. Alega que facilitará el
trabajo de las oficinas nacionales de patentes, aunque acota que se
requerirá “el ingreso de nuevos funcionarios a fin de atender la demanda
de trabajo que implicaría el ingreso al sistema”.
De punta
En octubre del año pasado se llevó a cabo un seminario en el
Parlamento, denominado “La propiedad intelectual en el marco de los
TLC”, donde representantes de la Asociación de Laboratorios Nacionales
(ALN) y de la Cámara Nacional de Fertilizantes y Fitosanitarios (CNFF)
manifestaron objeciones a una eventual adhesión de Uruguay al PCT.
Alfredo Antía, presidente de la ALN, aseguró que provocará un aumento
del precio de los medicamentos y recordó que la industria nacional
farmacéutica provee 90% de los productos que se consumen en el país.
Guillermo Arrospide, vicepresidente de la CNFF, afirmó que en 2014 hubo
215.000 solicitudes de patentes en todo el mundo en el marco de este
tratado. “¿Se imaginan si ese número de pedidos recayera en el mercado
uruguayo? Las empresas locales quedarían sin margen de creación o
producción”, advirtió. Dijo que 87% de los registros de fitosanitarios
en Uruguay son de productos genéricos, y consideró que el ingreso de
Uruguay al PCT determinaría “una disminución de la masa crítica con
capacidad de investigación, de desarrollo y de producción de bienes
industriales con alto contenido tecnológico”, así como la “pérdida de
empleos calificados, estables y bien remunerados”. “Implicaría la
dependencia tecnológica de decisiones ya no de estados, con los que es
posible negociar, sino de empresas que son transversales al poder de los
propios estados”, consideró.
En la misma línea, el diputado socialista Chiazzaro, integrante de la
Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes,
sostuvo que la propuesta de adhesión de Uruguay al PCT es “absolutamente
inconveniente para el desarrollo del país” y que no está en línea con
el programa del Frente Amplio (FA). El programa de la coalición de
izquierda establece que los acuerdos en materia de propiedad intelectual
“no deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes
laborales ni su potestad de aplicar políticas públicas para alcanzarlo”.
“Está bien claro que esto afecta las fuentes laborales nacionales. Lo
dicen los trabajadores y los laboratorios”, afirmó el legislador.
“Yo creo que esto no se ha estudiado suficientemente. Quisiera que
alguien me explicara cuáles son los beneficios que esto le trae al país,
porque los laboratorios hablan de pérdidas de fuentes de trabajo, de
perjuicio al desarrollo de la industria farmacéutica. Pero bueno, si el
país quiere adoptar esa vía porque tenemos que firmar tratados de última
generación, y se supone que eso nos pone en el top de la
negociación internacional, bueno. Cuando suba el precio de los
medicamentos y la gente no los pueda pagar, ya veremos”, cuestionó.
Consideró que Uruguay tiene la opción de no adherirse al PCT, porque el
TLC con Chile no dispone la adhesión obligatoria, y aseguró que
argumentará en la bancada del FA para que no se vote el tratado.
Más o lo mismo
Cristina Dartayete, directora nacional de Propiedad Industrial del
Ministerio de Industria, Energía y Minería entre 2005 y 2010 y experta
en el área, explicó que este tipo de tratados tienen “una doble cara:
por un lado, facilitan a los investigadores nacionales el patentamiento
en el exterior; pero, por otro lado, son perjudiciales” porque
determinan “un incremento de las solicitudes de patentes extranjeras en
Uruguay, como ha sucedido en todos los países que ingresaron al
tratado”. “Una patente extranjera es una barrera paraarancelaria, en el
sentido de que impide el desarrollo nacional en esa área de lo que está
patentado. La patente es un monopolio, una barrera para investigar”,
afirmó.
En la exposición de motivos del proyecto de ley enviado por el
Ejecutivo se sostiene que “en forma contraria a lo que se ha planteado
en alguna ocasión, el ingreso al sistema no produce un volumen desmedido
de solicitudes, sino que se atraviesa un primer lapso de diferimiento a
raíz de la fase internacional, para luego retomar los volúmenes
habituales [de solicitudes]”. Sin embargo, Dartayete sostuvo que la
adhesión al PCT sí incrementó las solicitudes de patentes extranjeras en
Chile, por ejemplo, donde “se perjudicó la industria de genéricos”.
