pharmabaires.com.- La diputada nacional Alcira Argumedo denunció que el reciente
acuerdo firmado por el INPI y la oficina de patentes de Estados Unidos
constituye una prebenda en favor de los laboratorios extranjeros,
mientras que los nacionales comenzarán a moverse en la misma dirección
en las próximas semanas.
“CAMBIEMOS sigue beneficiando con las patentes a los
laboratorios estadounidenses, los mismos que generaron 7 millones de
adictos a opiáceos”, escribió la legisladora en su twitter.
“Los funcionarios de CAMBIEMOS que están beneficiando a los laboratorios estadounidenses eran antes abogados de esos mismos laboratorios”, reforzó la diputada de Proyecto Sur.
Por su parte la especialista Vanina Lombardi escribió
para la Agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín que “las
patentes aprobadas en la oficina de marcas y patentes de los Estados
Unidos (USPTO, por su sigla en inglés) ahora tienen tratamiento
preferencial en la Argentina”.
“Desde la semana pasada –y por un período de prueba de tres años,
hasta el 2 de marzo de 2020–, comenzó a regir un convenio bilateral
denominado Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH,
por su sigla en inglés), firmado entre dicha oficina y el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de la Argentina”, recordó la
agencia TSS.
Lombardi reforzó que “de ese modo, cuando las solicitudes presentadas en Estados Unidos pasen el denominado examen de fondo, pueden
tener prioridad para ser examinadas de modo acelerado en la Argentina,
lo que si bien puede ayudar a acelerar los procesos de patentamiento en
ambos países, a nivel local deja en clara desventaja a las solicitudes
de patentes presentadas por investigadores e innovadores argentinos o de
otros países no incluidos en el acuerdo, que seguirán atravesando el
proceso de aprobación actual –que suele demorar años–, más estricto y con criterios de evaluación diferentes a los estadounidenses”.
Los criterios de patentabilidad en la Argentina “se actualizan
constantemente y en su definición participan especialistas de diversos
ministerios que puedan estar involucrados, como salud, ciencia o
producción, por ejemplo”, explicó.
“Si bien los evaluadores locales aún deberán analizar las solicitudes
estadounidenses y, “cuando se aceleran los procedimientos para aprobar
una patente sin tener suficiente tiempo para hacer un examen de fondo o
revisarlo bajo criterios propios, se puede tener un problema”, advirtió
para TSS el especialista en propiedad intelectual Juan Ignacio
Correa, investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de
Derecho Industrial y Económico (CEIDIE), de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Juan Ignacio Correa, hijo del prestigioso Carlos Correa, alertó que “en algún punto –lo que hace este acuerdo– es relegar
algo de soberanía, porque si bien la oficina argentina tiene que volver
a evaluar, estas prioridades por lo general terminan impulsando
modificaciones a las leyes, para que terminemos adoptando los criterios
de otros países”.
Los laboratorios nacionales que hasta ahora habían mantenido un bajo
perfil en este tema, preparan una ofensiva que apuntará a que el INPI
anule ese acuerdo que podría convertirse en una “autovía” para la
presentación de patentes estadounidenses.
Incluso, de patentes que en Estados Unidos no hubiesen completado el
proceso de aprobación, advirtieron los especialistas a Pharmabaires.
