El Tiempo.- La industria farmacéutica de EE. UU. acusó a Colombia de incumplir
compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC), y pidió al Gobierno de
su país incluir a Colombia y a otras 12 naciones en una lista de
observación prioritaria.
El hecho se presenta en momentos en que los acuerdos comerciales
están en la mira del nuevo gobierno de Donald Trump. El gremio de
Investigación y Fabricantes de EE. UU. (Phrma) señala a Colombia
por supuesta debilidad a la hora de defender las patentes de los
medicamentos y uso de la figura de declaración de interés público para
forzar un descuento de precio, lo que podría ser incompatible con los compromisos del país en materia de acceso a los mercados en el marco del TLC.
El informe de la industria farmacéutica enviado a la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encargada de
desarrollar la política comercial estadounidense, señala que “las
empresas miembros de Phrma se enfrentan a varios problemas de propiedad
intelectual y barreras de acceso a los mercados en Colombia”.
Tal reclamo resume hechos similares a la reciente disputa entre la multinacional Novartis
y Colombia, por la patente del medicamento Imatinib (Glivec), que
finalmente fue declarado de interés público por Colombia, lo que dio vía
libre al inicio de trámites de licencia para que otros laboratorios
pudieran comercializarlo.
En el informe, Phrma recomendó a la USTR conformar la Lista de Observación Prioritaria, con Colombia y otros 12 países, porque “los
actos, políticas y prácticas de estos países están negando la
protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual y el acceso
justo y equitativo a los mercados”.
El documento agrega que dichas acciones “están perjudicando a los
innovadores biofarmacéuticos y sus empleados en los Estados Unidos y
limitando su capacidad de traer nuevos tratamientos a pacientes de todo
el mundo”.
Además, a Colombia la señala de promover la aprobación y
comercialización de los productos de seguimiento, pese a existir una
patente para el medicamento original.
También cuestiona una norma introducida en el Plan Nacional de Desarrollo del 2015, a través de la cual
el Ministerio de Salud tomó el papel de “revisar las solicitudes de
patentes farmacéuticas”, lo que, a juicio de Phrma, “eleva el riesgo de
licencias obligatorias injustificadas”.
Baja calidad
Según el informe, Colombia tiene una “regulación biológica de baja
calidad, pues, “a través del Decreto 1782, ha establecido una ruta
‘abreviada’ que podría conducir a la aprobación de medicamentos que no
son seguros y/o eficaces”.
Finalmente, también destaca que el país aplica “políticas arbitrarias y no transparentes de acceso a los mercados”,
por cuanto “la metodología internacional de fijación de precios de
referencia de Colombia y otras medidas de contención de costos están
siendo utilizadas para fijar el mismo precio para los segmentos público y
privado del mercado, no para márgenes diferentes en los países de
referencia”.
El debate
Frente al informe, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, indicó
que “algunas de las preocupaciones expresadas por Phrma, respecto a la
política farmacéutica de Colombia, no tienen relación con propiedad
intelectual, como el control de precios de medicamentos y la
reglamentación de medicamentos biológicos. Esta discusión debe darse en
un contexto diferente”.
El funcionario agregó que los otros comentarios de Phrma “carecen de sustento, pues alegan que las
consideraciones del Ministerio de Salud, en los trámites de patentes,
como se estableció en el Plan de Desarrollo, duplican los exámenes y
dilatan los tiempos, lo que no es así”.
Por el contrario, Gustavo Morales, presidente de Afidro, gremio de
multinacionales farmacéuticas, sostuvo que las apreciaciones de Phrma ya
venían siendo promovidas por ellos.
“Afidro también ha planteado preocupaciones similares a las de Phrma.
Compartimos totalmente la posición de ellos que no reconocen progresos
en lo esencial, que es la forma equivocada en la que el Gobierno
colombiano declaró las medidas de interés público. El caso de Novartis
genera un precedente”, expresó.
Morales subrayó que es un mito que la ciencia deba crear para masificar. “Si
esa tesis fuera cierta, deberían declarar que no haya patentes y en
Colombia hay 2.500 productos patentados. Glivec, por ejemplo, no se le
aplica a mucha gente. No había razón para declararla de interés público”.
En la otra orilla del debate se ubicó el presidente de Asinfar,
Alberto Bravo. El dirigente del gremio de empresas nacionales que
producen medicamentos señaló que “las apreciaciones de Phrma son
subjetivas, sesgadas y alejadas de la verdad. Provienen de un gremio que
representa los intereses de las multinacionales farmacéuticas
estadounidenses”.
¿Debilidad?
En el punto señalado por Phrma, según el cual en Colombia hay
debilidad para defender las patentes, agregó que, por el contrario “este
es uno de los países en los que más garantías tienen las
multinacionales farmacéuticas, garantías hasta para abusar de la
generosidad que ha tenido el Gobierno, que lo que aplica es solo control
de precio cuando debería iniciar otras acciones”.
Para Bravo, en Colombia, a las multinacionales “no solo se
les da garantía de otorgamiento de las patentes a los que reúnen los
requisitos, sino hasta quienes no los llenan”.
Por su parte, el vocero del gremio de los laboratorios de
investigación indicó que, si bien, las apreciaciones de Phrma hablan de
violación de los tratados de libre comercio, en el caso de lo sucedido
con Novartis “ese no es el argumento principal de las acciones jurídicas
que ellos emprendan. El problema es la declaratoria de interés público,
que no es para cualquier uso. Se debe demostrar que hay una afectación
al público”.
Al respecto, el Ministerio de Salud reiteró que, en el caso del
medicamento Imatinib, “hemos expresado en diversas oportunidades que el
Miniserio se ciñó al marco legal establecido por los miembros de la OMC
(Organización Mundial del Comercio) y el régimen común andino sobre
propiedad industrial”.
En medio del debate, el Ministerio de Comercio indicó que prefiere esperar el pronunciamiento de la USTR, luego de evaluar el informe de Phrma.
La demanda de Novartis
Novartis anunció el 16 de diciembre el inicio de una demanda ante el
Consejo de Estado, contra la declaratoria de interés público del
medicamento Imatinib, por parte del Ministerio de Salud.
Fuentes allegadas al sector señalaron que la demanda estaría en curso y, seguramente, próxima a tener un pronunciamiento del alto tribunal. El propósito es dirimir si Colombia tenía o no razón para la declaratoria de interés público del medicamento.
Para algunos expertos, este caso, que ha tenido enfrentada a la
multinacional con el Estado colombiano, no es más que un ejemplo mundial
de las formas que utilizan las multinacionales farmacéuticas para
extender la protección de la propiedad intelectual que han recibido a
través de sus patentes.
Esto, porque Novartis consiguió la patente de Imatinib en 1993, en
Estados Unidos, pero quiso además patentar en todo el mundo una forma de
la misma substancia llamada “cristal beta”.
