Alberto Ferrari-Pájaro Rojo.-
Entre gallos y medianoches y durante un sigiloso viaje realizado a
Washington a mediados de febrero, Dámaso Pardo, el titular del
Instituto de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, firmó un acuerdo
con la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO), para
aplicar en Argentina el proceso de aprobación de patentes conocido como Patent Prosecution Highway (PPH),
del que se sabe poco, salvo que es una vía acelerada para obtener
patentes de cualquier tipo y sin someterse a exámenes rigurosos.
De ese programa PPH que los propios estadounidenses consideran
“piloto”, se desprende que las multinacionales podrán solicitar en el
país patentes que todavía no fueron aprobadas en otros países –incluso
en Estados Unidos– o buscar la extensión de la protección de la que ya
disponen para un medicamento, argumentando nuevas aplicaciones
terapéuticas.
Ese mecanismo de reiteración de usos de patentes que están a punto de
extinguirse –conocido como patent evergreening (siempre verdes)–
permite extender la exclusividad sobre un medicamento en forma
indefinida, evitando la aparición de competidores genéricos.
Evergreening es una estrategia mundial, también de los laboratorios
europeos, pero con el PPH se les facilitará que busquen extender sus
patentes sin aportar nuevas evidencias científicas.
Dámaso Pardo, ex socio de José Martínez de Hoz (h) y de Mariano Grondona (h)
en el estudio PAGBAM de Buenos Aires, al firmar este acuerdo que
todavía es “secreto” en Argentina pues no aparece entre las “novedades”
de la página web del INPI, aplica por otros medios la resolución 56 que
dictó apenas asumió la conducción del organismo, a pedido de la Asociación Argentina Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI), de la que también es socio.
La Resolución 56 eliminó las Guías de Patentabilidad adoptadas
durante el gobierno anterior y validó las patentes aprobadas en otros
países, eludiendo los exámenes de patentabilidad en Argentina.
Esta resolución fue impugnada por los laboratorios nacionales
nucleados en CILFA ante la justicia y a comienzos de diciembre mediante
la Resolución 125 (número fatídico) el INPI corrigió y aclaró que las
Guías de Patentabilidad estaban vigentes y las patentes extranjeras
servían como referencia pero no suplantaban los exámenes locales.
Pero la Resolución 125 no anuló la 56 y en medio de la confusión
ahora el INPI introduce el nuevo procedimiento PPH, para agudizar la
confusión que no es inocua o neutra o secuela de la
improvisación. Si hasta mediados del año pasado había en el país un
sistema de patentes riguroso y transparente, exigente y preciso,
entendible para cualquiera que conociera algo del tema, ahora se corre
el arco cada seis meses.
“Nosotros nos enteramos de esta acuerdo por la página de la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) ya que el INPI
no informó nada”, precisó el argentino Rubén Abete, secretario general de ALIFAR, la asociación de laboratorios latinoamericanos de capital nacional.
El argentino Carlos Correa, uno de los mayores
expertos mundiales en propiedad intelectual, asesor de la ONU, la OMS y
la OMC, consideró que el acuerdo es “discriminatorio” porque otorga un
privilegio del que no gozarán los laboratorios nacionales y que tampoco
hay antecedentes de que se esté aplicando en la UE o en países
industrialistas de Asia.
O sea, el único pescado que mordió el anzuelo fue el INPI –porque
tenía ganas de morderlo, aclaremos– y Argentina aparece como un
“Conejito de Indias” de un sistema de propiedad intelectual sin
antecedentes en el mundo en el que los medicamentos son apenas la punta
del iceberg, porque también podrán solicitarse derechos de propiedad
intelectual sobre agroquímicos, semillas y productos informáticos.
Los industriales argentinos que intentaron conseguir del INPI la
versión oficial y original del acuerdo habían fracasado hasta la semana
pasada. Solo está disponible la versión en inglés de la USPTO.
Y la reacción de esos industriales por ahora ha sido tibia. Algunos
voceros admiten que están tratando de evitar un nuevo enfrentamiento con
el INPI después de la demanda que presentaron en la justicia contra la
Resolución 56. Y que se mueven con cautela porque 2016 fue un “año duro”
en la relación con el gobierno, por el tema patentes y precios, que
terminó por hundir en el desencanto a muchos de esos industriales
farmacéuticos que habían apostado por Mauricio Macri.
Esos industriales que aportaron a la campaña electoral del candidato
de Cambiemos alrededor de 50 millones de pesos (suma similar destinaron a
Daniel Scioli) y que escucharon del Jefe de Gabinete, Marcos Peña,
que los trató de “llorones” que debían “aprender a competir” cuando
recibió a una delegación de CILFA, una de las dos cámaras de los
laboratorios nacionales, que fue a quejarse del “maltrato” que percibían
hacia ellos desde el gobierno.
Hay algunos laboratorios nacionales que durante el gobierno de
Cristina Fernández consiguieron licitaciones del Ministerio de Salud por
150 millones de pesos o más por la provisión de medicamentos que están
todavía vigentes y si se ponen “picantes” con el gobierno, podrían
perderlas.
Federico Tobar, asesor técnico regional del Fondo de
Población de Naciones Unidas y ex colaborador del Ginés González García
en el Ministerio de Salud (2002-2007, en declaraciones a la revista
Acción a comienzos de este año había advertido que la Resolución 56 era
“una concesión a los países industriales” y que “nadie está defendiendo los derechos de la ciudadanía argentina en el acceso a los medicamentos”.
Pero también advirtió que la cámara de laboratorios nacionales
“defiende los intereses de algunos productos locales, como Elea, que
venden sus copias a precios muy superiores a los que rigen en productos
que en otros países son protegidos bajo patentes”.
El acuerdo entre el INPI y el USPTO “puentea” al Congreso Nacional,
aunque es deseable que los diputados o senadores presenten pedidos de
informes cuando se desayunen de lo que un funcionario argentino firmó en
Washington sin avisar, antes o después, a los sectores productivos
involucrados.
“Este convenio es una autovía rápida para imponer las
patentes y un proyecto piloto según explicó la propia USPTO. Hasta
donde sabemos ningún otro país fue invitado a firmarlo. Y justamente nos
preocupa que pretendan avanzar con otros países latinoamericanos”, alertó Abete.
“Creemos que Argentina se ha convertido en la cabeza de playa para imponer vías rápidas de patentamiento en la región”, reforzó el secretario general de ALIFAR.
El programa piloto PPH comenzó a aplicarse en Argentina desde el 3
de marzo pasado y durará un período de tres años que terminará el 2 de
marzo de 2020.
El período de prueba se puede extender si es necesario para evaluar
adecuadamente la viabilidad del programa PPH, señala la versión en
inglés. Y ambas oficinas evaluarán continuamente los resultados de la
aplicación del PPH para determinar si se debe modificar el programa.
También es cierto que el futuro ya llegó a la Argentina en la
aplicación de criterios laxos para otorgar nuevas patentes, sin esperar
el PPH.
La ANMAT –agencia reguladora sanitaria de Argentina- a mediados del año pasado concedió una nueva indicación –la décima- al medicamento Humira de AbbVie (Abbott) para tratamientos de pacientes con uveítis no infecciosa.
Humira de AbbVie es el medicamento que más aumentó su precio en
Estados Unidos durante 2016 y batirá el record mundial de ventas en
2017, según pronosticó la consultora internacional EvaluatePharma.
