sábado, 18 de marzo de 2017

Argentina: El acuerdo de patentes con los Estados Unidos facilita los abusos de las multinacionales

 Resultado de imagen para uspto

Alberto Ferrari-Pájaro Rojo.-


Entre gallos y medianoches y durante un sigiloso viaje realizado a Washington a mediados de febrero, Dámaso Pardo,  el titular del Instituto de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, firmó un acuerdo con la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO),  para aplicar en Argentina el proceso de aprobación de patentes conocido como Patent Prosecution Highway (PPH),  del que se sabe poco, salvo que es una vía acelerada para obtener patentes de cualquier tipo y sin someterse a exámenes rigurosos.

De ese programa PPH que los propios estadounidenses consideran “piloto”,  se desprende que las multinacionales podrán solicitar en el país patentes que todavía no fueron aprobadas en otros países –incluso en Estados Unidos– o buscar la extensión de la protección de la que ya disponen para un medicamento, argumentando nuevas aplicaciones terapéuticas.
Ese mecanismo de reiteración de usos de patentes que están a punto de extinguirse –conocido como patent evergreening (siempre verdes)– permite extender la exclusividad sobre un medicamento en forma indefinida, evitando la aparición de competidores genéricos.
Evergreening es una estrategia mundial, también de los laboratorios europeos, pero con el PPH se les facilitará que busquen extender sus patentes sin aportar nuevas evidencias científicas.
Dámaso Pardo, ex socio de José Martínez de Hoz (h) y de Mariano Grondona (h)  en el estudio PAGBAM de Buenos Aires, al firmar este acuerdo que todavía es “secreto” en Argentina pues no aparece entre las “novedades” de la página web del INPI, aplica por otros medios la resolución 56 que dictó apenas asumió la conducción del organismo, a pedido de la Asociación Argentina Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI), de la que también es socio.
La Resolución 56 eliminó las Guías de Patentabilidad adoptadas durante el gobierno anterior y validó las patentes aprobadas en otros países, eludiendo los exámenes de patentabilidad en Argentina.
Esta resolución fue impugnada por los laboratorios nacionales nucleados en CILFA ante la justicia y a comienzos de diciembre mediante la Resolución 125 (número fatídico) el INPI corrigió y aclaró que las Guías de Patentabilidad estaban vigentes y las patentes extranjeras servían como referencia pero no suplantaban los exámenes locales.
Pero la Resolución 125 no anuló la 56 y en medio de la confusión ahora el INPI introduce el nuevo procedimiento PPH, para agudizar la confusión que no es inocua o neutra o secuela de la improvisación. Si hasta mediados del año pasado había en el país un sistema de patentes riguroso y  transparente, exigente y preciso, entendible para cualquiera que conociera algo del tema, ahora se corre el arco cada seis meses.
“Nosotros nos enteramos de esta acuerdo por la página de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO)  ya que el INPI no informó nada”, precisó el argentino Rubén Abete, secretario  general de ALIFAR, la asociación de laboratorios latinoamericanos de capital nacional.
El argentino Carlos Correa, uno de los mayores expertos mundiales en propiedad intelectual, asesor de la ONU, la OMS y la OMC,  consideró que el acuerdo es “discriminatorio” porque otorga un privilegio del que no gozarán los laboratorios nacionales y que tampoco hay antecedentes de que se esté aplicando en la UE o en países industrialistas de Asia.
O sea, el único pescado que mordió el anzuelo fue el INPI –porque tenía ganas de morderlo, aclaremos–  y Argentina aparece como un “Conejito de Indias” de un sistema de propiedad intelectual sin antecedentes en el mundo en el que los medicamentos son apenas la punta del iceberg, porque también podrán solicitarse derechos de propiedad intelectual sobre agroquímicos, semillas y productos informáticos.
Los industriales argentinos que intentaron conseguir del INPI la versión oficial y original del acuerdo habían fracasado hasta la semana pasada. Solo está disponible la versión en inglés de la USPTO.
Y la reacción de esos industriales por ahora ha sido tibia. Algunos voceros admiten que están tratando de evitar un nuevo enfrentamiento con el INPI después de la demanda que presentaron en la justicia contra la Resolución 56. Y que se mueven con cautela porque 2016 fue un “año duro” en la relación con el gobierno, por el tema patentes y precios, que terminó por hundir en el desencanto a muchos de esos industriales farmacéuticos que habían apostado por Mauricio Macri.
Esos industriales que aportaron a la campaña electoral del candidato de Cambiemos alrededor de 50 millones de pesos (suma similar destinaron a Daniel Scioli) y que escucharon del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que los trató de “llorones” que debían “aprender a competir” cuando recibió a una delegación de CILFA, una de las dos cámaras de los laboratorios nacionales, que fue a quejarse del “maltrato” que percibían hacia ellos desde el gobierno.
Hay algunos laboratorios nacionales que durante el gobierno de Cristina Fernández consiguieron licitaciones del Ministerio de Salud por 150 millones de pesos o más por la provisión de medicamentos que están todavía vigentes y si se ponen “picantes” con el gobierno, podrían perderlas.
Federico Tobar, asesor técnico regional del Fondo de Población de Naciones Unidas y ex colaborador del Ginés González García en el Ministerio de Salud (2002-2007, en declaraciones a la revista Acción a comienzos de este año había advertido que la Resolución 56 era “una concesión a los países industriales” y que “nadie está defendiendo los derechos de la ciudadanía argentina en el acceso a los medicamentos”.
Pero también advirtió que la cámara de laboratorios nacionales “defiende los intereses de algunos productos locales, como Elea, que venden sus copias a precios muy superiores a los que rigen en productos que en otros países son protegidos bajo patentes”.
El acuerdo entre el INPI y el USPTO “puentea” al Congreso Nacional, aunque es deseable que los diputados o senadores presenten pedidos de informes cuando se desayunen de lo que un funcionario argentino firmó en Washington sin avisar, antes o después, a los sectores productivos involucrados.
“Este convenio es una autovía rápida para imponer las patentes y un proyecto piloto según explicó la  propia USPTO. Hasta donde sabemos ningún otro país fue invitado a firmarlo. Y justamente nos preocupa que pretendan avanzar con otros países  latinoamericanos”, alertó Abete.
“Creemos que Argentina se ha convertido en  la cabeza de playa para imponer vías rápidas de patentamiento en la región”, reforzó el secretario general de ALIFAR.
El programa piloto PPH comenzó a aplicarse en Argentina desde  el 3 de marzo pasado y durará un período de tres años que terminará el 2 de marzo de 2020.
El período de prueba se puede extender si es necesario para evaluar adecuadamente la viabilidad del programa PPH, señala la versión en inglés.  Y ambas oficinas evaluarán continuamente los resultados de la aplicación del PPH para determinar si se debe modificar el programa.
También es cierto que el futuro ya llegó a la Argentina en la aplicación de criterios laxos para otorgar nuevas patentes, sin esperar el PPH.
La ANMAT –agencia reguladora sanitaria de Argentina- a mediados del año pasado concedió una nueva indicación –la décima- al medicamento Humira de AbbVie (Abbott) para tratamientos de pacientes con uveítis no infecciosa.
Humira de AbbVie es el medicamento que más aumentó su precio en Estados Unidos durante 2016 y batirá el record mundial de ventas en 2017, según pronosticó la consultora internacional EvaluatePharma.