El Mercurio.-La Asociación Internacional de Marcas ( INTA,
por sus siglas en inglés) eligió la ciudad de Santiago para abrir, el
próximo 2 de mayo, su primera oficina regional de representación para
América Latina y el Caribe.
Esta entidad busca proteger las marcas a través de la expansión internacional del comercio justo y la protección al consumidor.
Desde
esta oficina, la organización atenderá los requerimientos de los
latinoamericanos que forman parte de esta amplia red de propietarios de
marcas registradas.
De este modo, la
sede de Santiago se suma a las oficinas que la organización dispone en
Nueva York, Bruselas, Shanghai, Singapur y Washington.
La
llegada de la entidad al país tiene como objetivo desarrollar
relaciones más estrechas, por ejemplo, con las oficinas nacionales de
marcas, el gobierno, legisladores y asociaciones.
Etienne
Sanz, CEO de la organización, afirmó que la apertura de la oficina los
acerca a cumplir con los objetivos que se han propuesto. "Con nuestra
llegada a la región esperamos interacciones más estrechas con nuestros
miembros y aportar a una mejor participación política en materias que
incluyen restricciones de marca y falsificación en toda la región", recalcó el ejecutivo.
El
ejecutivo agregó que a medida que América Latina se posiciona en la
economía internacional, "esta oficina apoyará la trayectoria del
crecimiento económico mediante la promoción de marcas dentro de las
comunidades regionales".
Datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus
siglas en inglés) dan cuenta de que la piratería y la falsificación es
un proceso en constante crecimiento. En 2013, el comercio de productos
falsificados y piratas representó hasta el 2,5% del valor del comercio
internacional, lo que equivale a US$ 461 mil millones. Esta cifra
representa un alza de más de 80% respecto a las que se observaron en
2008.
INTA fue fundada en 1878, y es
una organización mundial que reúne a más de 7 mil propietarios de marcas
registradas y a profesionales de más de 190 países. Su principal
función es proteger a los consumidores y promover un comercio justo y
eficaz.